Debate: ¿se debe revisar indulto al M-19?

Otty Patiño, exguerrillero, y René Guarín, hermano de una víctima del Palacio de Justicia, opinan sobre el anuncio de revisar la amnistía a ese grupo.

“Creo que en este momento le toca al Presidente de la República pronunciarse sobre ese hecho, porque  lo que está en duda es el Estado mismo”, dijo ayer Otty Patiño, exmilitante del M-19, sobre la decisión del fiscal general, Eduardo Montealegre, de revisar el indulto otorgado a los guerrilleros en  el marco del proceso de paz de 1989. Como se sabe, el anuncio del Jefe del ente investigador está relacionado con la posibilidad de que miembros de esa agrupación hayan cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad durante la toma del Palacio de Justicia que puedan ser juzgados por instancias internacionales. Sin embargo, el exjefe del M-19 asegura que con esa decisión se está poniendo entredicho lo aprobado por la Corte Suprema de Justicia.Otra opinión tiene René Guarín, hermano de una de las víctimas del holocausto, quien considera que el proceso anunciado por la Fiscalía permitiría conocer la verdad de lo que  pasó durante la toma y la retoma del edificio. “Hay que resaltar que el único delito que tiene vivo el caso del Palacio es el de lesa humanidad o desaparición forzada”, agregó. “Permitiría  que se sepa la verdad”: René Guarín,  hermano de Cristina, víctima del Palacio de justicia ¿Qué opina del anuncio  del Fiscal General de revisar el alcance de la amnistía otorgada al M-19 tras los hechos del Palacio de Justicia?Si bien para algunos juristas no es un planteamiento viable, porque dicen que es cosa juzgada, sí tiene sentido hacerlo en estos momentos porque, cuando se revisen los indultos y las amnistías otorgados al M-19 a la luz de la Ley 77 de 1989, en el marco de los acuerdos de paz con el Gobierno, muy posiblemente se puedan revisar los delitos de guerra y de lesa humanidad en la toma y la retoma del Palacio y eso nos permitiría conocer la verdad de parte de los que eran los comandantes guerrilleros para la época: Otty Patiño, Vera Grave, Ever Bustamante, Antonio Navarro y Rosemberg Pabón, que fueron las cabezas visibles detrás de la orden de ejecutar la toma. Entonces, como familiares de las víctimas, nos veríamos beneficiados porque conoceríamos la verdad de uno de los dos actores armados que participaron en el caso, y faltaría conocer la verdad del Estado, que diga cómo hizo la retoma, cómo capturó gente, cómo la torturó y cómo los desapareció. Pero se dice que eso generaría gran  inseguridad jurídica en el país de cara al futuro...En condición de hermano de Cristina (desaparecida en el Palacio)   y de exmilitante del M-19, creo que es procedente hacer esa revisión para dejar el proceso de paz de 1990 aún más blindado de lo que está, es decir, a mí  me parece que no se va a crear ninguna inseguridad  jurídica y que no se deberían crear miedos alrededor del tema con respecto a los acuerdos de La Habana. Por el contrario, creo que quien cuente la verdad verdadera de lo que ocurrió en el marco del conflicto será un gran beneficiario de la justicia transicional y hay que resaltar que el único delito que tiene vivo el caso del Palacio es el de lesa humanidad o desaparición forzada ejecutada por agentes estatales. ¿Pero no cree que eso afectaría la confianza de las Farc en el proceso que se adelanta en La H abana?Los tiempos han cambiado. En 1990, nosotros, como miembros del M-19, le dimos  al Gobierno la capacidad de ser otorgador de amnistías e indultos y que  creará leyes, como la 77 de 1999, que nos otorgó esos beneficios judiciales, pero  hoy las Farc no le están pidiendo al Estado que les otorgue perdones ni indultos, sino que, en el marco de la justicia transicional,  se busca que sea un tercero, una comisión internacional, es decir ni el Estado ni  las Farc, el que juzgue los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad de todas las  partes.  ¿Y si quienes lideraron ese día la toma ya están muertos y los sobrevivientes dicen que estaban fuera del país, quién contará esa verdad y quién responderá por esos hechos?A pesar de que no estaban en el país, ellos sí pertenecían al comando superior del M-19  para esa época. Entonces, Antonio Navarro, Carlos Pizarro, Álvaro Fayad no estaban al tanto de lo que estaba pasando en el Palacio, es cierto,  pero ellos sí delegaron las acciones en un comando guerrillero, así que  la responsabilidad máxima recae sobre quienes eran comandantes del M-19. Si bien es cierto que Pizarro y Fayad están muertos, hay personas que pertenecieron al comando superior que avalaba o no los operativos y allí están los señores Navarro, Patiño, Grave y demás.  “Está en duda el Estado mismo”: Otty Patiño,  exmilitante del M-19. ¿Qué opina del anuncio  del Fiscal General de revisar el alcance de la amnistía otorgada al M-19 tras los hechos del Palacio de Justicia?Produce cierta extrañeza, porque es cuestionar la competencia de la Corte Suprema de Justicia o la honestidad y la capacidad de los magistrados que fallaron en ese momento. Me parece que es algo que de inmediato tiene que resolver la Corte, porque es un fallo de hace 30 años, que se profirió amparado en la Ley 77 de 1989, la cual  fue declarada exequible en ese entonces. ¿Y cree que esa propuesta sí tiene algún soporte jurídico?Pienso que un acuerdo de paz es como un tratado internacional, algo que compromete al Estado, no es algo de Gobierno ni de los distintos poderes, porque si no tendríamos una cuestión atada a los elementos coyunturales de un gobierno o a los elementos coyunturales de los componentes de una Corte y nada quedaría en firme. Un proceso de paz produce tanta seriedad como un tratado internacional. Pero se ha citado el antecedente de Argentina y Chile, donde se reabrieron procesos de la dictadura que ya habían sido fallados...En esos países hubo una auto absolución, porque los mismos militares que gobernaban se auto absolvieron de crímenes conocidos por ellos mismos, entonces, por supuesto, cuando los regímenes militares cayeron, hubo una revisión de eso, pero ese no es el caso colombiano. ¿Cree que la decisión del Fiscal podría afectar el proceso de paz entre el Gobierno y las  Farc?Claro que lo afecta porque un acuerdo de paz, repito, es un acuerdo de voluntades, que tiene que tener un soporte jurídico, pero ante todo  es eminentemente político, y además queda refrendado. En el caso nuestro, quedó refrendado por una ley que llamaron de Reindulto, cuyo ponente fue el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, cuando se cuestionó el indulto proferido por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, que después de 30 años la Fiscalía, que no existía en ese entonces, venga a poner en duda eso, me parece más una locura, que claro que va a afectar la posición de las Farc. ¿Pero qué actitud cree que tomen?No creo que se vayan a levantar de la mesa, pero sí van a tratar de pedir más seguridades jurídicas. Creo que en este momento le toca al Presidente de la República pronunciarse sobre ese hecho, porque  lo que está en duda es el Estado mismo, porque desde luego cuando el Presidente hace un proceso de paz está actuando no a nombre del Ejecutivo sino de todo el Estado. Esto genera por lo menos cierto nerviosismo por parte de quien está inmerso en un proceso de paz y le genera muy poca credibilidad al Estado colombiano, porque es él el que está comprometido ahora en La Habana  y fue el que estuvo comprometido en los procesos de paz de los 90. Es que un proceso de paz es algo muy serio. ¿Teme que este proceso lo pueda a involucrar a usted directamente?No, no creo que ocurra nada, pero no deja de ser incómodo. Imagínese, de ahí de adelante tocaría poner en duda todos los procesos de paz que ha habido en este país en los últimos 50 años, y eso es una locura.