Debate en Colombia sobre las grandes penas por delitos menores

Un hombre se roba el rin de un escarabajo que costaba 24.000 pesos y tendrá 4 años de cárcel. ¿Por qué en Colombia ocurren estas condenas? Juristas opinan sobre el caso.

Ayer se supo: Jhon Alexánder Aguirre Palma deberá permanecer cuatro años y medio en prisión luego de que un juez de conocimiento de Bogotá lo hallara culpable del delito de hurto agravado. Inocencio Meléndez, por ejemplo, ex subdirector jurídico del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de Bogotá e inhabilitado para ocupar cargos públicos por once años. De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, en el Carrusel de la Contratación que se fraguó para favorecer a los hermanos Nule, Meléndez “intervino en los procesos contractuales de prestación de servicios profesionales de abogados, en los que pactó y canceló honorarios exagerados. Y, además, violó las normas en la cesión de un contrato de prestación de servicios por valor de $700 millones de pesos”. Por este delito, Meléndez fue condenado a siete años de cárcel. Ni siquiera el doble de la condena obtenida por el hombre que hace seis meses desvalijó el Wolkswagen.¿Por qué pasan cosas como estas?La opinión de los juristasEl ex procurador Jaime Bernal Cuéllar, cree que, en parte, cosas como estas suceden porque en Colombia los delitos de causas menores dejaron de tipificarse como tal, luego de que el proyecto de Ley que le daba vigencia a las contravenciones fuera declarado ineccequible. Y por eso, entonces, los jueces no pueden separarse de los mínimos que hay para condenar un delito por más menor que este sea. Para Andrés Gómez Flores, abogado especialista en Derecho Constitucional de la Universidad santiago de Cali, el problema no sólo radica allí. De acuerdo con él, en gran medida se trata de un asunto mediático. El abogado habla de casos como el de Los Nule o el de Colmenares. Cuando se dan procesos como esos, explica, el sistema penal contempla una serie de recursos tendientes agilizar la resolución. Eso es lo que se llama Principio de Oportunidad y que, en otras palabras, significa un acuerdo entre el juez y los implicados: yo les cambio el peculado agravado por peculado simple -por ejemplo-, si hacen revelaciones que permitan esclarecer más rápido las cosas. El pacto, se traduce en penas menores.Alfredo Montenegro, ex abogado de Sigifredo López, cree sin embargo que lo que reflejan estos casos es una “equivocada política criminal del Estado”. Montenegro dice que mientras los delitos menores no sean tratados en detalle, de modo que los jueces conozcan las razones por las que fueron cometidos, seguirán repitiendose condenas como la que acaba de recibir el ladrón de rines. O la de tres años de prisión que en el 2011 recibió Mauricio Peña, por tratar de comprar -por segunda vez- una papas con un billete falso de 50.000. O la de nueve meses que en el 2008 le dieron a Martha Helena Álvarez y Héctor Fabio Suárez, culpables de haberse robado cuatro cuadernos y cinco cuentos en una papelería de la capital. Montenegro escucha los casos y habla de Europa. Allí, dice, para los jueces es vital saber por qué se cometen los delitos. Si el ladrón, por ejemplo, tenía hambre o un niño enfermo en casa. Esa es la prioridad de los jueces en ese lado del mundo, dice el jurista.