Cultivos de coca, entre la meta de lograr reducirlos y la realidad de su crecimiento

El gobierno de Gustavo Petro ha impulsado desde su llegada al poder lo que ha denominado un cambio en la estrategia antidrogas, que se caracteriza por dos aspectos: la persecución de grandes estructuras narcotraficantes a través de incautaciones e interdicción y dar alternativas para que el campesinado dedicado al cultivo de coca transite a cultivos lícitos.

El cambio de estrategia se ha reflejado en resultados importantes en materia de incautaciones. El año pasado, el Ministerio de Defensa registró la incautación de 724,6 toneladas de cocaína con corte al 25 de diciembre de 2023. Aunque la meta que se había trazado el gobierno de Gustavo Petro de llegar a las 834 toneladas no se alcanzó, sí se cumplió en un 87%.

Mientras en operativos se decomisaban al menos dos toneladas de cocaína al día en sus diferentes presentaciones, las cifras de erradicación forzosa tuvieron una caída enorme. La meta, que en otros períodos se había fijado en cien mil hectáreas erradicadas por la Policía, se redujo a solo veinte mil, una cifra que el Gobierno consiguió el 11 de diciembre. La razón principal es que se buscó potenciar la sustitución voluntaria y el tránsito a la legalidad.

El problema aparece cuando se contrastan los esfuerzos con los registros del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de las Naciones Unidas (Simci), un mecanismo que todos los años presenta el comportamiento de las hectáreas de hoja de coca sembradas.

El más reciente informe, de septiembre de 2023, indicó que en 2022 Colombia llegó a 230.028 hectáreas sembradas, lo que significa un potencial de producción de 1.738 toneladas de clorhidrato de cocaína.

Se trata de los números más grandes de la historia de Colombia frente a cultivos de coca y posibilidades de creación del alcaloide que sigue preocupando a la comunidad internacional.

Entre esa comunidad aparece el mayor aliado del Estado en varias áreas, principalmente en la lucha contra el narcotráfico: Estados Unidos.

Aunque Washington ha respaldado, en términos generales, la política antinarcóticos de Colombia —como se ha mostrado en reuniones de alto nivel con personajes como Rahul Gupta, el zar antidrogas de la Casa Blanca—, le siguen inquietando la magnitud de los cultivos de coca y la producción de sus derivados.

El Gobierno estadounidense insiste en hablar de la importancia de un enfoque integral en la lucha contra la droga. Desde la Sección de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), aseguran que parte de su previsión se dirige al impacto que desde la producción se ejerce en el medioambiente.

De acuerdo con datos de la Policía Nacional, para llegar a una hectárea de cultivo de coca se necesita deforestar al menos a 1,46 hectáreas de bosque, sobre todo porque la planta requiere toda una iluminación solar que una zona boscosa no podría aportarle. Y para producir un kilogramo de clorhidrato de cocaína se necesita aproximadamente media hectárea de hoja de coca, lo que implica una deforestación de cerca de 0,73 hectáreas de bosque.

Teniendo en cuenta que en 2023 se erradicaron unas veinte mil hectáreas de cultivos de coca, los cálculos de la Policía Nacional son de más de 29.000 hectáreas de bosque afectadas. Todo ello sin contar el impacto de los químicos vertidos al suelo o a los ríos al producir pasta base o clorhidrato.

Ese tipo de información es recaudada por la Escuela Nacional de Entrenamiento Policial, Cenop, un centro de entrenamiento con más de 1.700 hectáreas ubicado en San Luis, Tolima.

Estados Unidos, a través de INL, ha invertido miles de millones de dólares durante casi quince años para entrenar a varios grupos de uniformados. Entre ellos, el Comando Jungla, de la División de Antinarcóticos de la Policía Nacional, la unidad encargada de atacar cultivos de coca y laboratorios de cocaína.

El Comando tiene que enfrentarse constantemente a campos minados, francotiradores, hostigamientos, bloqueos o asonadas. Su entrenamiento, entonces, incluye la recreación de cómo funcionan los cultivos y cómo están formados los laboratorios, que actualmente tienen consigo plantas eléctricas en medio de la selva, áreas de reposo para sus cuidadores y hasta zonas de alimentación en las que abunda arroz, huevo, tajadas y salchichas.

Colprensa visitó el Cenop, su principal sede de preparación. Los Jungla narran, desde sus experiencias, que tener un sitio para prepararse con personas altamente armadas y escaleras improvisadas con sacos de tierra es fundamental, pero en la vida real se encuentran con anillos de seguridad bastante grandes, escalones chapados profesionalmente en madera y precauciones en varias áreas de los laboratorios que podrían implicar un mayor daño al ambiente y a la comunidad.

El estropicio en las zonas del país en las que predominan los cultivos es palpable. Al menos 33 sustancias químicas son utilizadas en el proceso de extracción y obtención de cocaína, por lo que las autoridades califican como elevado el riesgo ambiental por derrames en ríos o malos usos en el suelo.

Por ejemplo, explican los Jungla, para obtener derivados de cocaína es fundamental el combustible, que usualmente es gasolina, que termina en el suelo luego de que no se puede usar. Y eso que el combustible puede usarse más de una vez en todo el proceso, que incluye una primera etapa de “raspado” de la hoja de coca, una segunda parte de extracción de varios de sus componentes y una tercera de filtraciones y demás procesos que derivan en los conocidos bloques de polvo blanco.

Pero químicos como el amoniaco, el permanganato de potasio o el ácido sulfúrico, entre otros, solo pueden utilizarse en una ocasión. Después de ello, se vierten en la zona. “La afectación más evidente o principal (de los cultivos de coca) es la deforestación, así como el desplazamiento de especies de fauna en el ecosistema”, puntualiza el teniente Jonathan Manuel Gil, encargado del cultivo experimental de coca que la Policía tiene en el Cenop.

En ese sentido, para el director de INL, Kevin Murakami, la producción de cocaína “constituye un delito medioambiental”, algo que “usualmente no se considera cuando estamos hablando” de la droga.

El subdirector de la Policía Nacional, el brigadier general Nicolás Zapata, subrayó que el objetivo principal de Colombia debe ser “generar mucha prevención, generar consciencia de que los cultivos de uso ilícito deben desaparecer”. Y tiene razón, pero ese aspecto se relaciona con el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos, PNIS, en el que la Contraloría General de la República notó el año pasado una disminución del 97% en la ejecución presupuestal.

Los cultivos ilícitos representan un eslabón clave en el narcotráfico y, como lo evidencian Colombia y Estados Unidos, menoscaban al medioambiente. El Gobierno debe trabajar, como lo destacó el director Murakami, en una planificación integral que involucre a las comunidades, garantizando su sostenibilidad mientras se mitiga el crecimiento sostenido de las hectáreas hasta ahora cultivadas y se combate a las estructuras que se nutren financieramente del narcotráfico.