Cuestionan medidas de seguridad que buscan reducir la violencia en Cali

Como insuficientes calificaron algunas autoridades caleñas las medidas de seguridad anunciadas por el Ministro de Defensa. Conozca cuáles fueron las reacciones a las mismas.

Como insuficientes calificaron algunas autoridades caleñas las medidas de seguridad anunciadas por el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, para la ciudad en un consejo de seguridad realizado este lunes.El defensor regional del Pueblo, Andrés Santamaría, cuestionó las medidas adoptadas y señaló que en los últimos cuatro años que él lleva en su cargo "se han hecho infinidad de consejos de seguridad donde se toman medidas coyunturales, pero no hay una política pública a largo plazo, basada en indicadores. Las soluciones planteadas el lunes no están dentro de una gran apuesta a generar una política pública en materia de seguridad”.Por su parte, María Isabel Gutiérrez, directora del Instituto Cisalva de la Univalle, manifestó que “sólo con recompensas no se puede solucionar el problema. En las diez medidas no se está atacando la génesis de lo que está ocurriendo en Cali”.Gutiérrez se refirió a la propuesta de fortalecer el Observatorio Social del Delito y argumentó que “el asunto no es técnico, sino de utilización de la información para la acción, que es lo que no está pasando con los datos del Observatorio”.La experta agregó que a finales de 2010 los homicidios cometidos por problemas de convivencia eran del 55%. “Si se analiza la información que ya se tiene se concluye que hay un componente de criminalidad y convivencia. Estas medidas no resuelven la intolerancia entre los ciudadanos. Hay medidas de control pero no de prevención. No hay una solución al problema social”.Mientras que el Defensor Regional del Pueblo consideró que “lo que se propuso está en estado gaseoso, no hay un trabajo de fondo ni planificado. Por ejemplo, no se están definiendo los insumos y el dinero que se necesitan para hacer los operativos, ni siquiera se calcula cuántos se van a hacer al año. La seguridad es un tema técnico, y no se trata de generar unas coyunturas políticas”. Entre tanto, el concejal Carlos Pinilla aseguró que las medidas adoptadas en la cumbre se ajustan a las planteadas en el proyecto del que es proponente sobre la creación de la red de convivencia y seguridad por comunas, pero están en mora de implementarse en los sitios violentos de Cali.Asimismo, consideró poco efectiva la inclusión de 500 jóvenes de los sectores más vulnerables de Cali para aumentar el pie de fuerza en la ciudad y aseguró que si de garantizar la seguridad se trata es necesario vincular más policías profesionales. "No tiene sentido. Estos jóvenes pueden ser orientadores o personas que ayuden a dar alguna información sobre la seguridad, pero no pie de fuerza. Para eso, se necesita Policía profesional y que tenga las condiciones para poder enfrentar la delincuencia", expresó Pinilla. Pinilla dijo que el pie de fuerza debe reforzarse en algunos sectores de las comunas 13, 14 y 15, mediante cuadrantes inferiores a las seis u ocho cuadras.Al respecto, también se pronunció el senador vallecaucano Roy Barreras, quien indicó que "500 muchachos sacados de los sectores más populares y que les pongan un uniforme no quedan uniformados, sino disfrazados" y además se constituyen en las primesas víctimas de los delincuentes."Lo que la ciudad reclama es más presencia de la Policía y el Ejército, más fiscales y más jueces, más recursos, pero sobre todo más presencia permanente y don de mando, pues a las bandas cirminales y demás delincuentes no se les puede controlar con muchachos de 18 años disfrazados de policías", dijo Barreras al enfatizar que el problema de seguridad de Cali es serio y "no de maquillaje".Frente a la llegada de 120 unidades de policía judicial a las zonas más vulnerables de la capital del Valle del Cauca, el congresista también manifestó que esa cantidad es bienvenida, pero insuficiente, y consideró que por lo menos se necesita un millar."Insisto en que además de tener policías de tránsito en las ciudades capitales, como política pública de seguridad, estos deberían ser policiales y no guardas civiles, ya que los policiales cumplen un doble efecto y eso sí permitiría duplicar el pie de fuerza con alguna rapidez", agregó el senador.El Plan Desarme fue otra de las medidas anunciadas por Mindefensa que tuvo reparos. Al respecto, el concejal Pinilla dijo que es necesario el desarme de toda la ciudad, por lo que se deben llevar a cabo redadas en barrios y comunas de forma permanente con el apoyo de la Policía Militar "para que esos personajes que andan en moto robando celulares con pistola, los podamos capturar y judicializar inmediatamente".En ese sentido, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo que se implementará el Plan Desarme y un sistema de recompensas mediante un fondo de la Alcaldí­a para incentivar el desarme voluntario. "Habrá mayor rigidez con mayores requisitos y exigencias a la hora de entregar salvoconductos por parte de la Brigada. Hay que revisar qué pasa con los permisos y las armas después de cierto tiempo", dijo el mandatario local.Entretanto, la concejala Noralba García recibió con agrado la noticia sobre las diez medidas que buscarán disminuir los índices de violencia en Cali, pero recalcó que las mismas deben estar ligadas a una política social para que arrojen resultados exitosos."Hay que ir mas allá. Hay que revisar por qué no están estudiando los jóvenes y en qué ocupan el tiempo libre. Debemos plantearnos que papel está jugando la Secretaría de Educación del Municipio", expresó García.Agregó que el incremento del pie de fuerza no disminuye la inseguridad, sino que protege. "El problema sigue latente, porque está generando que los jóvenes que delinquen sigan pensando cómo robarse las zapatillas. Además, las familias que están generando delincuentes, son familias de escasas oportunidades a nivel educativo y laboral".Sin embargo, García manifestó que el problema de la delincuencia no es solo de los sectores más vulnerables, sino de los estratos como el 5 y 6 donde "jóvenes se han dejado enredar con la plata del narcotráfico y eso hace que tengamos una delincuencia más sofisticada"."Necesitamos un modelo educativo que permita generar competencias laborales para que las empresas busquen a los jóvenes y los requieran según sus necesidades", concluyó.Crímenes con salvoconductoSegún el informe del Observatorio Social, de los 1.825 homicidios del año pasado, 1.580 (el 86%) se cometieron con armas de fuego. Por esta razón, durante la cumbre de seguridad se planteó revisar los salvoconductos para el porte de armas entregados por la Tercera Brigada del Ejército y el pago a los ciudadanos que decidan entregar este armamento.Sobre esa medida el presidente del Concejo de Cali, Jaime Gasca, dijo que “no conozco al primer delincuente que cometa alguna fechoría con un arma que esté a nombre de él. Las armas que están debidamente acreditadas en la Tercera Brigada y que tienen salvoconducto las porta gente de bien. Al hacer una operación desarme estarían quitándole las armas al ciudadano de bien”. La Directora del Cisalva opinó que para reducir las muertes violentas podrían haberse planteado otras medidas como las redadas de desarme y la restricción del consumo de alcohol durante determinadas horas, “que influyen en la disminución de las muertes violentas, según estudios científicos”.