Crisis de la justicia en Cali está en la misma situación desde hace cinco años

La ciudad cuenta con 175 fiscales para resolver 60.000 casos penales. Un panorama de procesos represados que terminan en el olvido.

En los pasillos y oficinas de las fiscalías de Cali se sigue hablando, como desde hace cinco años cuando ocurrió el atentado al Palacio de Justicia, del mismo tema: que la justicia en la ciudad aún está en crisis. El problema es tan grande, que para investigar los 60.000 procesos de homicidios, hurtos, violencia intrafamiliar, lesiones personales, microtráfico... que hay hoy, en la entidad están disponibles 175 fiscales, es decir, que cada uno puede estar llevando más de 300 casos.Si esto no es suficiente para demostrar que el sistema de justicia de la capital del Valle es un caos, entonces sería bueno saber que solo, en este momento, cada uno de los 15 fiscales que hay en la Unidad de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía puede tener en su despacho 121 procesos relacionados con los 1.819 homicidios registrados en la ciudad en el 2012.Ante este cuadro, el lunes pasado el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, (tras haberle asegurado en febrero a este diario que en Cali se requerían al menos 25 fiscales más) se comprometió a traer a mediados de mayo a nueve profesionales para que llenen las vacantes que, dice él, hacen falta no solo en la ciudad, sino en el departamento.Sin embargo, esto pareciera no ser suficiente para una ciudad como Cali, donde por ejemplo, actualmente el 41% de los procesos judiciales está siendo interrumpido o no se está adelantando, entre otras razones, por el déficit de fiscales que hay, según le explicaron a Montealegre, ese lunes, varios congresistas del bloque regional parlamentario del Valle.Es que hay casos como los de la sede de la Fiscalía que funciona en el edificio Los Conquistadores de la Avenida Roosevelt (sur de Cali), donde, según datos preliminares obtenidos por El País de un informe de la Personería Municipal, “los fiscales expresan que tienen una excesiva carga laboral y por eso se da un represamiento en el trámite de los procesos”.En dicho informe se explica que 61 de los 68 fiscales de las diferentes unidades de esta sede - Cavif ( que investiga violencia intrafamiliar) Estructura de Apoyo (hurtos), Lesiones Personales y Patrimonio Económico- tienen en promedio de entre 350 y 400 casos.Pero lo complejo del tema no para allí. Los fiscales se quejan de manera unánime que para la cantidad de casos que manejan cada unidad cuenta con un solo investigador del CTI o la Sijín y que en la mayoría de veces es compartido con otras dependencias.De este lío judicial también habla un funcionario de la sede del edificio San Francisco (centro), que pidió omitir su nombre. El fiscal de Delitos contra la Vida explica que por las condiciones en las que se trabaja hay que archivar casos: “en dos años en mi unidad se han registrado 2.900 procesos, de los cuales tengo 1.700 activos. Los otros 1.200, lastimosamente, han ido quedando archivados”, afirma.Esto quiere decir que, probablemente, 1.200 muertes violentas quedaron sin resolverse en Cali, a no ser que aparezcan nuevas y contundentes pruebas que le vuelvan a dar vida al proceso.Crisis judicial, una cadena.Al problema de la Fiscalía se une otro drama dentro de la cadena de la crisis de la administración de justicia en Cali: no hay suficientes investigadores de la Fiscalía, de la Policía Judicial, jueces, defensores públicos (en Cali solo hay 25). Tampoco hay una sede única para reunir a todos estos actores, pues aún no está listo el Palacio de Justicia. Los funcionarios aún están trabajando en malas condiciones, en oficinas pequeñas regadas por toda la ciudad, con procesos amontonados, con calor, sin privacidad. “Estamos desesperados”, afirma uno de los secretarios de uno de los 200 juzgados que funcionan en 20 sedes en el centro y norte de Cali, principalmente. Por eso, el director seccional de Fiscalías, Gilberto Guerrero, afirma que la entidad depende de otras y si algo anda mal, siempre van a existir dificultades. “En unas situaciones, el fiscal necesita de la Defensoría Pública para presentarse ante un juez con un caso y a veces no los hay. También hay escasez de defensores de familia del ICBF para los procesos con menores de edad. Asimismo, faltan peritos para que suministren información a los tribunales de justicia sobre algún hecho y así poder judicializar”, dice Guerrero.“Aparte de esto tenemos que acudir a donde los jueces y ellos casi siempre tienen la agenda copada por el gran número de audiencias que tienen que desarrollar, casi 40 diarias. Entonces un fiscal puede pasar todo un día esperando un turno para que le asignen una audiencia, por ejemplo, para legalizar una captura. Por eso digo que esto es un engranaje, donde varios elementos están fallando”, afirma el Director Seccional de Fiscalías, que también le corresponde velar por los procesos judiciales de nueve municipios más del Valle del Cauca.Incluso, el exfiscal Élmer Montaña piensa que es un error que el Consejo Seccional de la Judicatura sea el encargado de administrar la justicia en Cali porque, entre otras razones, le ha faltado transparencia en la entrega de información sobre la situación actual de la justicia. “No publican datos sobre cuántas audiencias realizan al año, cuántas personas hay condenadas, porqué delitos, cuántas dispuestas a la Fiscalía, llevadas a juicio, con preclusión, absueltas. Esto hace muy difícil que funcione como debe la justicia”, dice Montaña.Ante este panorama, varias entidades y el mismo Gobierno han empezado a plantear soluciones a la justicia. Un magistrado del Tribunal Superior de Cali dice que hay que coordinar adecuadamente las funciones de fiscales y jueces. A su vez, el personero de Cali, Andrés Santamaría, dice que hay que crear una planta de investigadores que puedan atender un número adecuado de casos.Entre tanto, Francisco José Lloreda, alto consejero presidencial para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, dijo el jueves en Cali que el fortalecimiento de la seguridad pasa por el mejoramiento de la Justicia. “En Cali hemos iniciado un programa piloto con los actores del sector para darle un aire al aparato judicial en el corto plazo. Estamos haciendo estudios sobre el flujo de los procesos para determinar los requerimientos y poder cuantificar un proyecto integral”, dice el consejero Lloreda. El resultado: la impunidadDetrás de la crisis de la justicia en Cali hay víctimas, no se sabe cuántas, que se han visto perjudicadas por la mala administración de los procesos. Víctimas con cara de resignación, como cuando se pierde algo que no se recuperará jamás, por más que se quiera. Así es el rostro de Alex, a quien le mataron en una fiesta a un hermano de 19 años en el 2011, en el Guabal. El caso de mi hermano ha cambiado dos veces de fiscal a pesar de que se tiene identificado al agresor, a la persona que lo apuñaló, a que hay testigos, pruebas suficientes para capturar a este delincuente. Pero no, nos tocó volver a empezar un nuevo proceso”, cuenta Alex, quien va cada que puede a la sede centro de la Fiscalía para no dejar perder el caso. Alex dice estar cansado, va perdiendo la fe. Lorena, por su parte, en un mes se devuelve con su familia para Estados Unidos. El motivo del viaje, en parte, se debe a que en enero del año pasado los ladrones se metieron a su casa en el barrio El Ingenio y se le llevaron dos televisores, dos computadores portátiles, joyas y $6 millones que tenia guardados en una caja fuerte que se llevaron.Al caso de Lorena la Unidad de Apoyo de la Fiscalía le dio un año para investigarlo por las pocas pruebas. Ese año ya pasó, el fiscal y el investigador pudieron a hacer muy poco, el proceso -hasta el momento- quedó archivado.