Crece el escándalo por presunta corrupción al interior del Consejo de Estado

Cada día aumentan las evidencias acerca del supuesto tráfico de influencias que, desde hace meses, se rumora que existe en el Consejo de Estado y sobre el cual algunos medios de comunicación revelaron grabaciones esta semana.

Cada día aumentan las evidencias acerca del supuesto tráfico de influencias que, desde hace meses, se rumora que existe en el Consejo de Estado y sobre el cual algunos medios de comunicación revelaron grabaciones esta semana.Los cuerpos de inteligencia del Estado tienen en su poder más de 23 mil horas de grabaciones en las que se escuchan las conversaciones de funcionarios de distintas entidades e intermediarios; muchos de los cuales son abogados que estarían buscando la forma de perfilar casos de grueso calado y que involucran, especialmente, a gobernadores, alcaldes y congresistas, cuyos futuros políticos quedan en manos de altos magistrados cuando se ven envueltos en investigaciones.La tarea en la que están las distintas entidades estatales es establecer si dichas conversaciones pueden llegar a comprometer la justicia nacional, en caso de probarse que hubo alteración de decisiones judiciales o si, por el contrario, los intentos para que se inclinaran las decisiones respectivas nunca tuvieron consecuencias.En procura de dar con esa respuesta las autoridades tienen un completo esquema en el que aparece una larga lista de nombres, cargos, fechas, cifras y lugares de encuentro de quienes estarían comprometidos con los presuntos hechos de corrupción.En el esquema también aparecen detallados los lugares en que se cumplirían las reuniones entre los distintos personajes, muchos de ellos identificados con remoquetes entre los que están ‘La Mona’, de quien se dice labora en la Procuraduría General de la Nación; ‘El Guajiro’, quien sería puente entre dirigentes políticos y funcionarios del Consejo de Estado, o ‘El Monito’, un funcionario de la Sección Primera del Consejo de Estado, entre otros.Un par de nombres que llaman mucho la atención en este pormenorizado informe y que refuerzan las hipótesis de corrupción en el alto tribunal son los de los ya investigados y condenados Rómel Polanco Padilla y Carlos Arturo Fernández Trujillo.Polanco Padilla es un ex fiscal y ex empleado del Consejo Superior de la Judicatura, quien fue condenado como autor del delito de concusión, al haber presionado a Olga Janette Socamía, para que le entregara siete millones de pesos a cambio de impulsar un proceso relacionado con el delito de hurto, del que ella había sido víctima. Polanco aceptó los cargos que por esos hechos le fueron imputados.Carlos Arturo Fernández se desempeñó como ex oficial mayor y auxiliar judicial en la Sección Quinta del Consejo de Estado. Este hombre llegó a ser señalado como uno de los cerebros de lo que en su momento fue calificado como un “cartel de corrupción” al interior del Consejo de Estado y de quien se sospecha que se habrían enredado más de un abogado y político interesados en procesos que se tramitan en el alto tribunal.En el esquema, conocido por Colprensa, se destaca una silueta identificada como ‘Gobernador de Guajira’ y al lado otra referenciada como ‘Gobernadora de Córdoba’. Este último caso llama la atención, pues a inicios de 2010 mucho fue lo que se dijo acerca del proceso para determinar quién debía llegar a ocupar esa dignidad, pues aunque el caso se perfilaba en un sentido, poco después subió a Sala Plena del Consejo de Estado, en donde tiempo más tarde se adoptó una decisión distinta, ratificando en el cargo a Martha Sáenz Correa y dejando más dudas que certezas.De la misma manera, se describen los lugares donde se habrían dado las reuniones de los interesados; uno de estos es un café en el centro de la ciudad, cerca al Palacio de Justicia; el otro un restaurante al norte de la Capital.Las triangulaciones muestran registros de las llamadas hechas a lo largo de 2009 y contemplan seguimientos a miembros de distinto nivel en el Consejo de Estado y de la Procuraduría, además de a abogados especializados en demandas de pérdida de investidura.Pero estas no serían las únicas anomalías bajo la lupa de los investigadores. Otra hipótesis que barajan está relacionada con la compra de predios en una zona del centro de Bogotá, operación en la que en los próximos meses intervendrían algunos funcionarios de la Procuraduría.Varias de las conversaciones hacen referencia una funcionaria del Ministerio Público a quien los interlocutores identifican como ‘La Mona’.Muestra de este último caso es una conversación en la que dos hombres, uno de acento huilense y otro claramente guajiro, hablan sobre el trámite de un proceso en el que una funcionaria del Consejo de Estado se compromete a presentar una prueba que permite corroborar la manera como se adelanta un proceso en el que tendría interés el primero.Esta conversación es tan solo una de las registradas en las interceptaciones que analizan las autoridades y con las que tratan de establecer hasta qué punto está comprometida la justicia.La conversación- …Cuénteme cosas, dice el huilense.- Mire… le cuento, no hicieron sala porque están en la elección de una terna… La persona, la señora a que fui… me convenció de qué ya había hecho el trabajo y me convenció de que le diera tiempo hasta el martes…, contesta el Guajiro.- Y luego… ¿cuándo hay Sala…?- No pudieron hacerla porque estaban en la elección… Sala Plena.- Por eso… y dice que hasta el martes, luego cuándo hay Sala para que le dé plazo hasta el martes…, cuestiona el huilense preocupado por su negocio.- No, porque ella quedó que el martes… yo no sé si la sala es el miércoles o jueves, pero que el martes me entregaba a mí copia, añade el guajiro para calmar la inquietud de su interlocutor.- Ajá… Ah bueno…- Ella es una persona que tiene un nivel… que… confío… que eso está revuelto acá… la otra semana eso entra…- Ah bueno…- Inclusive me dijo que el martes me entregaba algo para que me convenciera que el trabajo se hizo…- Yo voy mañana por allá, oyó.- Bueno mijito… Ok… Dios lo bendiga entonces…