CPI lanza advertencia a Colombia sobre el proceso de paz con las Farc

Diciembre 02, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Elpaís.com.co | Colprensa
CPI lanza advertencia a Colombia sobre el proceso de paz con las Farc

Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno, junto a María Paulina Riveros, Nigeria Rentería Lozano, Sergio Jaramillo, y el general Jorge Enrique Mora a su llegada a conversaciones de paz con las FARC, en La Habana, Cuba

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional indicó que cualquier acuerdo de paz al que se llegue debe ser compatible con el Estatuto de Roma.

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional lanzó una dura advertencia al Gobierno Nacional relacionada con el proceso de paz, dentro del informe 2014 de seguimiento a la situación colombiana que está en examen preliminar desde el 2004. El informe sobre Colombia resaltó el Marco Jurídico para la Paz (MJP) pero indicó que esa Fiscalía seguirá trabajando con las autoridades nacionales "en un esfuerzo por cerciorarse de que cualquier acuerdo de paz al que se llegue, así como la legislación de aplicación del MJP, sea compatible con el Estatuto de Roma". "En este sentido, la Fiscalía ha informado a las autoridades colombianas que una condena que fuera severa o manifiestamente inadecuada a la luz de la gravedad de los crímenes y de la forma de participación de la persona acusada, viciaría el carácter genuino del procedimiento nacional, aun en caso de que todas las fases anteriores del procedimiento hubiesen sido consideradas genuinas", dice el informe. Este reporte da claras luces de lo que debería suceder en el marco del proceso de negociación con las Farc en La Habana, en el sentido de que las penas tienen que ir de la mano de la gravedad de los crímenes cometidos. En el informe, de hecho, la Fiscalía de la CPI, en cabeza de Fatou Bensouda, resaltó que la decisión de la Corte Constitucional sobre el Marco para la Paz indica que uno de los parámetros que debe tener el Congreso para reglamentarlo es que no puede haber suspensión de la pena a los máximos responsables de delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. "Los parámetros delineados por la Corte Constitucional parecen resaltar su compromiso por asegurar la compatibilidad de las leyes internas de Colombia con sus obligaciones internacionales", precisa el informe. Colombia seguirá bajo examenEl reporte de la CPI señala que si bien se han dado pasos para priorizar la justicia en casos graves como 'falsos positivos' y desplazamientos forzados, Colombia se 'rajó' en materia de persecución a la violencia sexual.En ese sentido, Colombia seguirá bajo examen preliminar de la Fiscalía de la CPI que vendrá al país en comisión a comienzos del 2015 para hacer un seguimiento a la situación."Sin embargo, la Fiscalía observa con preocupación lo limitado de los avances en materia de delitos sexuales, a pesar de que la creación de un grupo de trabajo encargado de investigar casos de violencia de género dentro de la Dinac (Dirección de Analisis y Contextos de la Fiscalía General) podría significar un desarrollo positivo", dice el informe. La CPI informó que durante el próximo año seguirá evaluando los procedimientos de las autoridades nacionales sobre los responsables por los crímenes más graves, así como del Marco Jurídico para la Paz y "los desarrollos legislativos y de otro tipo relativos a la investigación y enjuiciamiento de los casos de falsos positivos como parte de su análisis de los procedimientos nacionales relativos a crímenes de competencia de la Corte".El informe por casosLa Fiscalía de la CPI señaló que entre el 1 de noviembre de 2013 y el 31 de octubre de 2014 ha recibido 157 comunicaciones relacionadas con la situación de Colombia sobre presuntos crímenes que se han cometido y que serían competencia de esa jurisdicción, así como 239 decisiones judiciales relacionadas con integrantes de las Farc, el ELN, los paramilitares, el Ejército y de las bacrim. De estas 239, un total de 129 serían competencia de la Corte. Apoyo a paramilitaresEl informe asegura que se ha reunido información en el sentido que, a julio de 2014, las Salas de Justicia y Paz han transmitido a la Fiscalía General de La Nación, para su investigación, "1.124 casos contra políticos, 1.023 casos contra miembros de las Fuerzas Armadas y 393 casos contra funcionarios, sobre la base de los testimonios brindados en el curso de las audiencias de Justicia y Paz". "La Fiscalía procurará obtener más información de parte de las autoridades colombianas acerca de estas investigaciones a efectos de evaluar si están dirigidas a desentrañar la red de apoyo político, militar y económico a los grupos armados paramilitares". 'Rajados' en violencia sexualEn este campo, el reporte dice que "a pesar de las dimensiones del fenómeno, el número de procedimientos relativos a violaciones y otras formas de violencia sexual cometidas en el conflicto armado sigue siendo limitado".Durante el periodo de tiempo investigado, la CPI solo recibió información sobre la condena a un integrante de las Fuerzas Militares por violación. Por otra parte, en relación con los 183 casos de violencia sexual en medio del conflicto que la Corte Constitucional había ordenado a la Fiscalía General de la Nación que investigara, solo se han dictado cinco condenas y una absolución. Esto, “mientras que 95 casos seguían en la etapa de investigación preliminar, 16 de ellos estaban en etapa de investigación, 4 habían terminado la etapa de investigación, 26 estaban sin actividad y 5 habían dado lugar a acusaciones”. Igualmente, se indica que hay 16 "macro-investigaciones" adelantadas por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, de las cuales 15 tienen que ver con violencia sexual y afectan a 2.906 víctimas. Y, en la unidad de Contextos, hay 37 casos que involucran a las Farc, hay en curso investigaciones sobre el tema en la Región de los Montes de María sobre 9 víctimas. A pesar de que la CPI avala la nueva ley sobre acceso a la justicia para víctimas de la violencia sexual, la Fiscalía señaló que el progreso es muy limitado y que continuará examinando el tema. Desplazamiento forzadoEn el año a estudiar, la CPI recibió del Gobierno Nacional información de 16 casos de desplazamientos forzosos que serían de su competencia y que han llevado a nueve condenas; así como 16 "macroinvestigaciones" en curso contra 13 comandantes paramilitares y dos comandantes de rango medio de las Farc. "Todas ellas incluyen acusaciones por desplazamiento forzoso que afectarían alrededor de 20.000 víctimas en 23 departamentos de Colombia, entre otros delitos", dice el reporte. A esto se suma una condena contra un comandante paramilitar en primera instancia, la investigación en curso de 37 casos que incluyen desplazamientos forzados a indígenas, entre otros y la existencia de Grupos de Trabajado sobre el Urabá. Falsos positivosEn noviembre de 2013, la Fiscalía de la CPI se reunió con la Fiscalía General de la Nación y recibió información relacionada al mapeo de casos de falsos positivos sobre la base de los procedimientos nacionales concluidos. No obstante, al parecer, ese mapeo es apenas parcialmente consistente con la información que ya analizó la CPI respecto de las unidades militares que presuntamente estuvieron involucradas en estos crímenes en todo el país. "La información recibida también indica que, sobre la base de las constataciones de la Fiscalía General de la Nación, algunos de los casos más graves han sido priorizados para investigación. La Fiscalía continuará analizando la información relativa a estos procedimientos como parte de su análisis sobre admisibilidad, y seguirá en contacto con las autoridades colombianas y otros actores a efectos de realizar un seguimiento de los avances en estos casos", señala el reporte. Reforma de la justicia militarEl informe destaca que se han presentado varios proyectos de ley para modificar el tema de la justicia penal militar que redefine las reglas de juego sobre qué conductas son de competencia de la justicia civil y cuáles de la justicia militar. El reporte sobre este punto solo indica que ha tomado nota de las opiniones que han expresado ONG, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las consecuencias que las reformas tendrían para la persecución de delitos objeto de la CPI.

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