Corte pide explicaciones por homicidio de líder de restitución de tierras en Turbo, Antioquia

Abril 23, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | Colprensa

La Corte pidió a la Unidad Nacional de Protección un informe sobre las medidas para proteger al líder que ya había sido amenazado.

La Corte Constitucional le pidió a la Unidad Nacional de Protección que informe sobre las acciones que se tomaron para proteger al líder de restitución de tierras Jesús Adán Quinto, asesinado el pasado 9 de abril en Turbo, Antioquia. Lea aquí: Asesinan a líder de restitución de tierras en el Urabá antioqueñoEn auto proferido por la Corporación, se solicitó tanto a la UNP como a la Fiscalía General de la Nación que informen sobre las acciones concretas y resultados de las medidas de protección adoptadas en el caso de Quinto, quien era una persona desplazada vinculada a los procesos de restitución de territorios colectivos en el departamento del Chocó. La orden de la Corte se da en el marco del seguimiento que hace esa Corporación a la sentencia T-025 de 2004, que decretó un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, proceso en el que se han venido dictando varias órdenes específicas al Gobierno Nacional. Una de esas órdenes tenía que ver con el deber de proteger la vida y la seguridad de los líderes de la población desplazada, teniendo en cuenta además si se trataba de personas afrodescendientes. Así, en el Auto 113 de este mes, la Corte estimó que tras conocerse del homicidio de Quinto, la UNP debe dar información detallada sobre medias para protegerlo y sobre las conclusiones, así como de los resultados del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas sobre solicitudes de protección a otros líderes. “(…) donde se analizará las solicitudes de medidas de protección en curso y las otorgadas a los líderes y lideresas de restitución de tierras en la región, en especial a quienes pertenecen a las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, en el departamento del Chocó”. Igualmente, la Corte Constitucional reiteró a la Fiscalía General de la Nación que envié un informe actual y detallado de resultados sobre las investigaciones que se adelantan en esa entidad sobre el delito de desplazamiento forzado relativas al delito de desplazamiento forzado en la zona de Curvaradó y Jiguamiandó. Esta orden incluye, además, “agilizar el trámite de las investigaciones que se encuentren rezagadas, dándoles prioridad por la importancia del esclarecimiento de la verdad acerca de los hechos y la judicialización de los responsables”. Para entregar este informe, la Corte dio un plazo de 10 días como máximo a ambas entidades.

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