Corte Interamericana condenó al Estado por desaparecidos del Palacio de Justicia

El organismo determinó que el Estado es responsable de la desaparición de once personas durante la retoma del Palacio en 1985.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano a resarcir a los familiares de 10 personas desaparecidas y una ejecutada extrajudicialmente durante la retoma en noviembre de 1985 del Palacio de Justicia de esta capital. El documento de 212 páginas y cuya copia obtuvo The Associated Press el miércoles responsabilizó a la nación colombiana "por la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica" de las 11 víctimas. De inmediato el gobierno colombiano, a través del Ministerio del Interior, comentó en un comunicado que recién fue notificado de la sentencia y que la "estudiará detalladamente... para establecer cuáles son las implicaciones de la misma y determinar su verdadero alcance. Posteriormente dará a conocer sus consideraciones a la opinión pública". La Cidh ordenó, entre otras disposiciones, resarcir económicamente a los familiares en cifras en dólares, publicar el contenido de la sentencia en medios de comunicación para que tenga difusión, continuar la investigación judicial para que los responsables sean llevados ante la justicia y brindar apoyo psicológico a los familiares de los desaparecidos y a aquellas personas que sufrieron daños durante la retoma del Palacio. El 6 de noviembre de 1985 la guerrilla Movimiento 19 de Abril o M-19 asaltó la sede del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, y demandó hacer un juicio público al entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986). El gobierno ordenó entonces la retoma del Palacio y a lo largo de casi dos días de enfrentamientos armados murieron un centenar de personas, entre ellas los rebeldes y 11 de los 24 magistrados de la Corte Suprema. "La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia", agregó el tribunal de justicia continental. La toma del Palacio y la respuesta de los militares dieron paso a una madeja judicial: procesos penales se abrieron y cerraron por decisión de diferentes tribunales hasta que la Fiscalía General comenzó en 2005 a investigar nuevamente el caso desde cero. La Fiscalía ordenó entonces la detención de varios militares retirados, incluido el coronel Alfonso Plazas Vega, cuyo juicio por desaparición forzada comenzó a mediados de 2008. También fue condenado el general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, quien comandaba la XIII Brigada del Ejército con sede en el capital colombiana. Los 10 desaparecidos son Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao. El ejecutado extrajudicialmente fue el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas. La máxima pena en Colombia por el delito de desaparición es de 40 años de cárcel. Para Jorge Molano, uno de los abogados de los familiares de los desaparecidos, el fallo de la Corte con sede en Costa Rica "es histórico". En entrevista telefónica, el jurista también destacó que la sentencia reconozca que se torturó a cuatro personas y que una -el juez Urán- fue ejecutada extrajudicialmente. Según el abogado, el fallo le da la razón al Tribunal Superior de Bogotá en lo que concierne a los procesos a los militares Plazas y a Arias. El abogado de Plazas, Jaime Granados, se abstuvo vía telefónica de hacer comentarios sobre la decisión de la Cidh.