Conozca cómo funcionan las oficinas de cobro y su vínculo con las Farc

Para evadir responsabilidad jurídica y política, las Farc contratan en oficinas de cobro para hacer atentados como el del ex ministro Londoño. Estrategia de la tercerización del delito.

Como sucede en el entorno financiero, en el submundo delictivo también opera la ley del mercado, la oferta y la demanda. De un lado hay un cliente que necesita cometer un delito, y de otro, un sicario o bandas de garaje dispuestos a cometerlo y cobrar por ello. Es decir, uno que paga por la peca y otro que peca por la paga. En esta dinámica del delito hay hasta subcontratación de malhechores y tercerización delictiva para delinquir en mano ajena. Así, al parecer, ocurrió en el caso del el atentado contra el ex ministro Fernando Londoño Hoyos, el pasado 15 de mayo, cuyos autores son miembros de la oficina de cobro ‘El Parche de Zuley’ que habrían sido contratados por las Farc. Nelson Aguirre, alias ‘Chapu’; Ulises Castellanos Beltrán, alias ‘Apu’ y César Ruiz, alias ‘Bigotes’, y un cuarto delincuente, Fernando Collazos, alias ‘Fifi’, miembros de esa banda de garaje, fueron recluidos en la cárcel La Picota, pero la investigación aún no arroja pruebas tangibles que logren demostrar el vínculo con las Farc.La modalidad delictiva no es nueva. Todos los grupos ilegales la usan. “El modelo lo creó alias ‘Don Berna’, en Medellín, cuando agrupó todos los combos criminales para evitar que sus estructuras fueran capturadas o, en ese caso, no entregaran información neurálgica”, dice Ariel Ávila, investigador de la Corporación Arco Iris.Esa misma estrategia, adoptada por las Farc, le resulta beneficiosa al grupo guerrillero por cuanto si hay capturas, como en el caso de Londoño, ni los compromete ni pone en riesgo la organización. Son asesinos a sueldo haciéndole el mandado al grupo subversivo, contactados por un tercero que no les dice quién los contrata.En cambio, una fuente militar, que prefirió reservar su identidad, dice que cuando un guerrillero o miliciano cae, si se acoge a la sentencia anticipada comienza a entregar a la organización. ¿Y de dónde sale tanto delincuente? Las oficinas de cobro están conformadas en su mayoría por ex militares, desmovilizados y gatilleros del narcotráfico. “Desafortunadamente como este conflicto armado ha sido tan largo, hay personas que saben de estos reductos de la violencia, que son la mano de obra para el crimen”, explica Ávila.Y ¿porqué buscar sicarios en Cali, si en Bogotá o en cualquier ciudad del país se pueden conseguir? Porque estructuras especializadas en explosivos, con capacidad de tener tres o cuatro grupitos para actuar en simultánea en caso de que falle un semáforo, y con la capacidad de inteligencia que un acto así requiere, en Bogotá no hay.“Se consiguen en Antioquia o Valle del Cauca por toda la historia de violencia que ha afectado esas zonas del país”, dice Ávila. Estas estructuras tipo banda La Terraza, de Medellín, en gran parte salen de Cali por esa guerra interna del cartel del Norte del Valle.No se trata de ‘bacrim’ como Los Rastrojos o Los Urabeños, sino de pequeños grupos sicariales que prestan servicios delincuenciales a quien esté dispuesto a pagar por ello, sean las Farc, el ELN, paramilitares, narcotraficantes, o las mismas bandas criminales.Situación muy diferente es que sí hay unos pactos de no agresión entre las Farc y algunas bandas criminales. Por ejemplo, en el Urabá chocoano, las Farc y el ELN no se enfrentan con Los Urabeños; ni en Nariño con Los Rastrojos, en el Pacífico colombiano también parece que hay ese pacto, porque no se sabe de ataques en el Valle del Cauca, específicamente en Buenaventura.Hace rato que los grupos armados, bandas criminales y narcotraficantes recurren a terceros para cometer sus crímenes. Los Rastrojos han actuado históricamente así. Las guerrillas, en especial el ELN, pagan para que secuestren personas y luego se los ‘compran’. El problema es que ahora esa ‘tercerización’ está disparada en ciudades como Barranquilla, Valledupar, Pereira y Tumaco.Y las Farc cada vez más usan ese recurso. Alias ‘chino’, un desmovilizado de ese grupo le confesó a El País en 2007: “Mi misión era quemar buses, repartir propaganda. También se hicieron atentados contra policías. Contacté delincuentes y coordiné grupos de milicianos.... A algunos de los delincuentes les pagaba entre $600.000 y $1.000.000”.Informes de inteligencia dicen que muchos de los secuestros y extorsiones son hechos por teléfono desde las cárceles, con información que consiguen en internet. Cabecillas de mediano nivel de las Farc recluidos en el penal de Picaleña, son los que más afectan con este delito en Cauca, Valle y sobre todo en Cali.“Pero quienes hacen los cobros de la extorsión o ejercen presión sobre la víctima no son las Farc sino los de las oficinas de cobro”, dice la fuente militar.Razones políticasEl uniformado de la Tercera Brigada argumenta que tras la adhesión de Colombia a la Corte Penal Internacional, las Farc se percataron que no son ellas como organización, sino los individuos que la conforman, los que pueden terminar sentados ante la CPI por delitos de lesa humanidad. Y empezaron a crear la estrategia hacia la tercerización del delito.“Como las Farc tienen un componente terrorista con músculo financiero adquirido del negocio del narcotráfico, sus frentes más beligerantes han tratado de limpiar sus huellas y evitar el rechazo que podrían generar en la opinión pública para hacer actuaciones o delinquir con mano ajena”, sostiene el militar.Así el grupo guerrillero no se tiene que desgastar ni exponer sus milicias bolivarianas ni los militantes del Partido Comunista Clandestino, PCC, que tienen en las ciudades: simplemente contactan una oficina de cobro que ya tiene capacidad de armamento y entrenamiento porque sus integrantes han prestado sus oficios al narcotráfico, pero como se han quedado sin narcos quién les pague, ahora trabajan para el mejor postor.El tercero, que es de su confianza, casi siempre es un narcotraficante al que le ayudan en la distribución de droga y les generan un compromiso de realizar el atentado A, B, o C. Esta subcontratación les sale favorable porque en el caso de una captura, el daño para ellos en estructura y en imagen es muy fuerte, mientras que a través de terceros realizan el atentado, generan zozobra entre la población, viven del terror, tienen dinero del narcotráfico, pero evitan todo el daño colateral ante la ley y ante la opinión pública. Y nadie los puede vincular de manera directa, salvo que haya un excelente trabajo de inteligencia como el que realizó la Policía en el caso del ex ministro Londoño.“Además, no tendría presentación que pocos días de iniciarse unos preacuerdos de diálogos de paz con las Farc, ellos salgan con estos actos de terrorismo”, señala el alto mando militar.La maquila del delitoDetrás de la maquila terrible de atentados y ‘outsourcing’ delictivo está, según fuentes de la Policía Nacional, la pretensión de las ‘redes de apoyo al terrorismo’ de no ser detectadas por la inteligencia estatal. Una explicación es que a la guerrilla le resulta más fácil contratar a una banda delincuencial con suficiente dominio en una ciudad, en vez de correr el riesgo de que les sean debilitadas sus redes de apoyo y las infiltraciones.El director del Centro Seguridad y Democracia, Alfredo Rangel, califica el hecho como una “economía de fuerzas” , pues la subcontratación con bandas con altísima experiencia en la comisión de todo tipo de delitos y con las que en algunos casos comparte ilícitos como narcotráfico y extorsión, “resulta muy beneficiosa”.Un correo del Bloque Noroccidental de las Farc recién revelado por el presidente Juan Manuel Santos, delata la intención de ese grupo ilegal de asesinar al Mandatario como represalia por las muertes, en sendas operaciones, de Guillermo León Sáenz Vargas, alias ‘Alfonso Cano’, y Víctor Julio Suárez Rojas, alias ‘Jorge Briceño’ o ‘Mono Jojoy’.: “La ética nos autoriza aliarnos con quien sea y utilizar todos los medios; tenemos que desatar todas las dinámicas e iniciativas”, decía el correo.