Condenan al Estado por complicidad en masacre paramilitar en Pichilín, Sucre

De acuerdo con el Consejo de Estado tanto la Armada como la Policía permitieron que las AUC llegaran hasta el poblado y asesinaran a 14 personas el 4 de diciembre de 1996.

El Consejo de Estado condenó a la Policía y a la Armada Nacional a pagar más de 3 mil millones de pesos de indemnización a la familia de cinco campesinos que fueron asesinados en la masacre de Pichilín (Sucre), donde murieron 14 personas a manos de las Autodefensas Unidas de Colombia, el 4 de diciembre de 1996. Según las pruebas aportadas al proceso, tanto la Policía como la Armada fueron cómplices de la masacre al prestar su colaboración para facilitar las maniobras de los paramilitares, pues removieron los puestos de control que existían en la vía por donde transitó ese grupo armado ilegal, con el fin de que pudiera desplazarse libremente por la zona y ejecutar con calma la masacre. “La ayuda suministrada por los uniformados fue determinante para llevar a cabo el macabro plan de ‘limpieza’ de las AUC. Además, está probado que conocían con antelación que se iba a llevar a cabo tan execrable conducta y no sólo guardaron silencio al respecto y no hicieron nada por evitarla, sino que además lo que resulta más reprochable es que estuvieron de acuerdo con la misma”, indica la sentencia. Para la Sección Tercera, con ponencia del magistrado Enrique Gil Botero, mucho antes de ocurrida la masacre los habitantes de la región denunciaron ante las autoridades que eran víctimas de constantes amenazas e intimidaciones por parte de las AUC, por lo que el Estado debió reforzar la vigilancia y protección de todos los pobladores. “No se comprende cómo ante la evidente y latente amenaza que se cernía sobre los habitantes de la región y la inminente puesta en marcha de un plan dirigido a acabar con la vida de gran parte de los campesinos, bajo el supuesto de hacer parte de la guerrilla, las Fuerzas Armadas no hicieron nada para contrarrestar el accionar de estos grupos y proteger a la población civil, sino que permitieron que éstos actuaran con tranquilidad”, señala la sentencia. La Sala explica que, ante hechos como los ocurridos en Sucre, el Estado tiene la obligación ética y jurídica de reparar a las víctimas del conflicto, proceso que debe ir más allá de la preocupación por castigar a los victimarios para centrar sus esfuerzos en la dignificación de las mismas. “El nuevo escenario de reparación debe superar los parámetros de la justicia correctiva y enmarcarse en lo que se conoce como ‘reparaciones transformadoras’, que consisten en mirar a las reparaciones no solo como una forma de justicia correctiva, que busca enfrentar el sufrimiento ocasionado a las víctimas y a sus familiares por los hechos atroces, sino también como una oportunidad de impulsar una transformación democrática de las sociedades, a fin de superar situaciones de exclusión y desigualdad que, como en el caso colombiano, pudieron alimentar la crisis humanitaria y la victimización desproporcionada de los sectores más vulnerables y que en todo caso resultan contrarias a principios básicos de justicia”, asegura el fallo. La Sección Tercera ordenó a la Policía y la Armada Nacional que realice una ceremonia conmemorativa en el corregimiento de Pichilín, en la que ofrezcan disculpas públicas por su responsabilidad en los hechos y deberán instalar una placa en la plaza central con los nombres de los fallecidos como acto reivindicatorio de la dignidad de las víctimas y sus familiares. Además, tendrán que brindar tratamiento psicológico y psicosocial a cada uno de los demandantes, haciendo especial énfasis en las mujeres, menores de edad y adultos de la tercera edad. Finalmente, la Unidad de Víctimas deberá incluir a los demandantes y a la comunidad del corregimiento de Pichilín en los programas de reparación colectiva que se adelantan para que sus habitantes puedan a acceder a los beneficios que ofrecen estos.