Condenan a ex juez Luis Eduardo Beltrán Farias por prevaricato

Luis Eduardo Beltrán Farias podría pagar entre cuatro y doce años de prisión por haber favorecido a dos ex ministros.

De cuatro a doce años de prisión pagaría Luis Eduardo Beltrán Farias, el polémico ex juez a quien este martes una magistrada del Tribunal de Bogotá halló culpable del delito de prevaricato por acción. Sin embargo, sólo hasta el próximo 31 de enero se conocerá el tiempo exacto que el ex funcionario judicial deberá permanecer tras las rejas. Sobre Farias ya pesa una condena de 16 años -también por prevaricato- que está relacionada con la libertad que le otorgó a alias El Indio, al empresario Juan Felipe Sierra y a Camilo Torres, alias Fritanga, vinculados con ‘Don Mario’.Esta última condena se refiere a un caso que data de mayo del 2003, cuando el empresario Armando Lloreda tenía una opción de compra de un paquete de acciones de la empresa Transgas de Occidente. Para esta oportunidad de negocio, que sumaba cerca de seis millones de dólares, quiso buscar personas que invirtieran, a través de la empresa Sumatoria de la cual hacen parte los ex ministros Luis Carlos Valenzuela y Luis Ramírez Acuña.Pese a que existía un contrato de confidencialidad entre los ex funcionarios y el empresario, Valenzuela y Ramírez optaron por utilizar los datos de las acciones. “Ellos decidieron quedarse con el negocio por lo que fueron acusados por utilización indebida de información privilegiada”, recordó Vicente Gaviria, abogado de Lloreda.El caso fue resuelto hace casi dos años: el 24 de diciembre del 2007. En las audiencias, ‘El chiqui’ Valenzuela y compañía siempre alegaron que ellos ya conocían la información sobre Transgas y que esa documentación era pública. No obstante, esa tesis fue desvirtuada por el ente acusador aduciendo, entre otras razones, que los listados financieros de la compañía no fueron colgados en la página de Internet de la entonces Supervalores.Bajo ese argumento, el caso quedó en manos de Beltrán, quien se desempeñaba como juez quinto penal municipal de Bogotá, ante quien los abogados de los ex ministros presentaron una solicitud para que cesara el procedimiento, el cual fue resuelto a favor de los investigados.El servidor judicial concluyó que el denunciante, el empresario Armando Lloreda, no era considerado parte del proceso porque no estaba directamente afectado. Ante esto, el abogado Gaviria sostuvo que aquella decisión fue irregular, pues “sin una prueba fundamental jurídica entendible ni lógica, se decidió archivar un proceso que llevaba cinco años de trámite asegurando que no había delito alguno”.