Comisión dice que política criminal del país es insuficiente

Un grupo asesor del Gobierno, conformado por juristas, plantea cuatro grandes errores en la forma de enfrentar la criminalidad.

La forma como se ha planteado la política criminal en el país tiene al menos cuatro grandes errores que la lleva ser incoherente e insuficiente para enfrentar nuestra realidad criminal.Así lo planteó al Gobierno Nacional la Comisión Asesora de Política Criminal, creada en 2011 y conformada por un selecto grupo de reconocidos juristas, en su informe.El documento es un diagnóstico sobre el estado actual de la política criminal que evidenció en pocas palabras que en Colombia hay una especie de 'reaccionitis' que se refleja en la presentación de proyectos de ley cuyas motivaciones distan de tener informes técnicos de los beneficios que traerían; así como en una tendencia a crear delitos y aumentar penas.Ese ha sido precisamente el discurso en los últimos días desde el Ministerio de Justicia.La incoherenciaLa Comisión critica que cuando se crean nuevos delitos no se piensa en reforzar la capacidad de jueces y fiscales para poder enfrentar la demanda o que se ha restringido la libertad provisional y aumentado las penas, hechos todos que derivan en hacinamiento carcelario. A esto, se suman la falta de sistema de información sólidos y de programas de resocialización. “Como consecuencia de lo anterior, no es de extrañar que las medidas de política criminal hayan tenido serias inconsistencias e incluso contradicciones, tanto formales, por carencia de técnica jurídica, como materiales, por la coexistencia de enfoques contradictorios para enfrentar fenómenos de criminalidad”, dice la Comisión que además reprocha la falta de enfoques para los grupos étnicos, las personas con discapacidad, la población Lgbti y de género.Como ejemplo se expone la iniciativa que buscaba la cadena perpetua para ciertos crímenes contra los niños y las niñas en el 2010. La Comisión analizó la exposición de motivos, la ponencia y encontró que su contenido se basa en las disposiciones de la Corte Constitucional, en un panorama de violencia en el país y de casos dolorosos y fotos explícitas, pero no “un argumento serio de política criminal sobre su conveniencia”, su eficacia y las consecuencias que traería para todo el ordenamiento jurídico.La política de seguridadEn este punto, para la Comisión es un problema que al parecer, debido a la crudeza del conflicto, el narcotráfico y las bacrim, entre otros, la política criminal queda subordinada a la política de seguridad de los Gobiernos de turno que en las últimas décadas han definido políticas de seguridad y paz en el que los organismos de seguridad tienen prioridad. Este panorama que describe la Comisión de expertos se debe también, según su análisis, a la falta de coordinación entre la propia institucionalidad del Estado y a la legislación que por ejemplo, no obliga que todos los delitos estén en un mismo cuerpo sino que permite que estén dispersos en las leyes sin que se afecte la seguridad jurídica. El populismo punitivoEl tema del llamado “populismo punitivo” tiene para la Comisión especial atención ya que, señala, desde el año 2000 hasta el primer semestre de 2011, el Código Penal se ha modificado 36 veces. De estas, 20 modificaciones han sido impulsadas por el propio Congreso, 11 del Ejecutivo, 2 por el Gobierno en asocio con la Fiscalía, 1 por el gobierno junto con los congresistas y 1 por la Fiscalía de manera autónoma.Estas modificaciones crearon 47 nuevos delitos, dos de los cuales ni siquiera quedaron en el Código Penal (la manipulación de equipos terminales móviles y la explotación de menores de edad, creados por la Ley 1453 de 2011). Igualmente, se incrementaron las sanciones para 80 delitos. “Ese incremento de la severidad penal no ha sido en Colombia una política criminal reflexiva y consistente para enfrentar desafíos criminales complejos sino que es una expresión de lo que algunos autores conocen como populismo punitivo”, señaló el informe de la Comisión. Falta de analizar el contextoComo otro gran problema estructural de nuestra política criminal se destaca la supuesta falta de combatir los desafíos que nos da nuestro contexto: esto es; la complejidad de las organizaciones criminales existentes, las violencias cotidianas, la persistencia del conflicto, la gravedad de la situación de derechos humanos, la injerencia de la pobreza y la desigualdad, entre otros.De acuerdo con la Comisión, “las decisiones de política criminal, al no estar claramente fundadas empíricamente, no han sido capaces tampoco de tomar en cuenta la diversidad y complejidad de los fenómenos criminales en Colombia”.Así, deberían tenerse en cuenta los altos niveles de corrupción, los desafíos del narcotráfico, la violencia sexual y doméstica, la discriminación racial, a fin de crear estrategias eficaces que los combatan.