Comienza descongestión en La Modelo de Bogotá para disminuir hacinamiento

Con el fin de disminuir el hacinamiento en la cárcel Modelo de Bogotá, en donde se encuentran recluidos más de 7 mil presos, el Inpec decidió el traslado de 800 internos.

Con el fin de disminuir el hacinamiento en la cárcel Modelo de Bogotá, en donde se encuentran recluidos más de 7 mil presos, el Inpec decidió el traslado de 800 internos.De acuerdo con lo informado por La FM, los reclusos serán traslados en dos grupos de 400 detenidos cada uno. Los primeros 400 hombres serán enviados a la cárcel Distrital y los demás serán remitidos a diferentes centros penitenciarios, según lo establecido por directriz del Ministerio de Justicia.El anuncio se debe a que en días anteriores la Defensoría del Pueblo denunció que la población carcelaria tuviera varicela.Ante esto, este miércoles, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, negó que en ese centro de reclusión exista algún tipo de epidemia.“Sólo se presentan dos casos aislados de varicela, dijo el Inpec y agregó que los dos internos afectados “fueron tratados oportunamente por los médicos del área de sanidad del penal y aislados de los demás reclusos para evitar un brote de la enfermedad”.A pesar de este anuncio, la Defensoría del Pueblo señaló que desde la tarde del martes varios internos de la Penitenciaría La Modelo de Bogotá se comunicaron con esa entidad con el fin de denunciar la “epidemia” y precisa que tras hablar con la dirección del instituto penitenciario “se informó que efectivamente se trataba de 10 casos de internos con varicela”.En cuanto al tratamiento la Defensoría citando al Inpec señala que “se estaban aplicando los protocolos que se tienen previstos en este tipo de emergencias con el apoyo de la Secretaría de Salud del Distrito”.“La Defensoría del Pueblo, en virtud de los altos índices de hacinamiento carcelario en el país y las deficiencias en la prestación de servicios de salud por parte de Caprecom -reconocidos por el Inpec – ha recomendado que se decrete la “emergencia sanitaria” para evitar riesgos en la salud de los internos y de quienes laboran en los establecimientos penitenciarios”, concluye el Ministerio Público.