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Colombia, lejos de conocer a los cerebros detrás de las chuzadas

Con el acuerdo a que llegue Martha Leal con la Fiscalía, se espera avanzar en la búsqueda de los reales responsables de las intervenciones ilegales por parte de miembros de la central de inteligencia en contra de personajes de la vida pública del país.

13 de septiembre de 2010 Por: Colprensa l Elpais.com.co

Con el acuerdo a que llegue Martha Leal con la Fiscalía, se espera avanzar en la búsqueda de los reales responsables de las intervenciones ilegales por parte de miembros de la central de inteligencia en contra de personajes de la vida pública del país.

Las interceptaciones ilegales desde el DAS, que han desatado uno de los mayores escándalos de los últimos años en el país conocido como ‘las chuzadas’, reporta a la fecha cifras preocupantes. Tiene a tres ex directores del organismo cuestionados, a cuatro funcionarios más enfrentando juicios, a dos ex directores de operaciones en sentencia anticipada, a tres más como testigos clave en principio de oportunidad, así como a cuatro altos ex empleados de la Casa de Nariño bajo la lupa de la Procuraduría y a otros dos presos.A este balance se suman un agente del CTI y dos de la Sijín que esperan condenas por interceptar a un magistrado auxiliar de la Corte Suprema, así como a dos ex empleadas de servicios generales de la Corte y a un ex conductor de ese Alto Tribunal, ad portas de enfrentarse a la justicia.Tras casi dos años de revelaciones e investigaciones, la advertencia que los magistrados de la Corte Suprema lanzaron el 25 de febrero de 2009 parece estar convirtiéndose en realidad. Ese día los juristas señalaron que los verdaderos responsables por las interceptaciones ilegales, serían mandos medios y bajos, y que no se revelaría realmente quién fue el cerebro detrás de las ‘chuzadas’. Esta semana, Martha Inés Leal, ex subdirectora de operaciones del DAS, intentará acogerse a sentencia anticipada por el delito de concierto para delinquir. Con éste, y otros acuerdos a los que se están llegando, se espera avanzar en la búsqueda de los verdaderos responsables del escándalo.La pirámide de información ilegalEmpieza con una tímida mención que hizo el ex director de Inteligencia del DAS, capitán (r) Fernando Tabares sobre Bernardo Moreno, ex secretario general de la Presidencia, quien habría supuestamente ordenado las interceptaciones.Tabares aseguró que en un encuentro entre la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado y Moreno, éste le dijo que el presidente Álvaro Uribe quería conocer información sobre la Corte Suprema, sobre el ex senador Gustavo Petro y sobre la senadora Piedad Córdoba. Estas confesiones, y otras que el capitán (r) asegura tener, son las que llevarán al abogado Édgar Ruiz, a buscar para Tabares un preacuerdo con la Fiscalía que incluya una disculpa al país por el ilícito cometido, ocho años de prisión como máximo y una multa que apenas superará los 20 millones de pesos.Además de Moreno, también fueron llamados a interrogatorio Edmundo del Castillo, ex secretario jurídico de Palacio; César Mauricio Velásquez, ex secretario de prensa y Jorge Mario Eastman, ex asesor de Comunicaciones. Tabares dijo haberse reunido con ellos para hablar del ex expediente ‘Paseo’, en el que se narra el viaje que varios magistrados hicieron a Neiva, con el cuestionado empresario Ascencio Reyes. Por su parte, Mario Aranguren, ex director de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero, Uiaf, está en la cárcel desde el 31 de mayo de 2010 por haber supuestamente facilitado información confidencial para este delito. Ese día también fue capturado el entonces subdirector operativo del DAS, Eduardo Daza.En la actualidad están implicados tres ex directores de esa entidad: Jorge Noguera, María del Pilar Hurtado y Andrés Peñate. Los dos últimos fueron llamados a indagatoria, pero el fiscal General (e), Guillermo Mendoza Diago, no los ha citado a juicio. Se encuentran en libertad.Noguera, por su parte, además de la acusación que tiene, de tres homicidios que lo mantienen detenido y en juicio ante la Corte Suprema de Justicia, está acusado de escuchar conversaciones telefónicas de magistrados y opositores, además de entregarle información confidencial a grupos paramilitares. Más abajo en la pirámide están la subdirectora de operaciones Martha Inés Leal y el director de contrainteligencia Jorge Alberto Lagos. Los dos han confesado su responsabilidad en los seguimientos ilegales e, incluso, han buscado favorecerse con sentencias más cortas a cambio de colaborar con la justicia. Leal ha confesado que tuvo encuentros en la Casa de Nariño con funcionarios de presidencia y abogados de paramilitares. De hecho, un aparte de la declaración de Leal, llamó la atención de los Estados Unidos. Su versión coincide con las de ex jefes ‘paras’ presos en ese país sobre el complot que dicen haber armado en el 2007, para desacreditar a la Corte Suprema, usando el testimonio de ‘Tasmania’, quien afirmó que magistrados le ofrecieron beneficios a cambio de salpicar al presidente Álvaro Uribe.También dijo que durante la administración Peñate ordenaron ‘chuzar’ al periodista Daniel Coronell y al político Álvaro Leyva, quien para entonces buscaba acercamientos con las Farc. En una tónica similar está Jorge Alberto Lagos, quien aceptó haber realizado interceptaciones ilegales. Esto lo llevó a un preacuerdo con la Fiscalía que además de beneficios por colaboración le permitiría inclusive una pena de máximo ocho años y una multa de apenas 22 millones de pesos, la que pagaría con trabajo, por no tener dinero suficiente para cubrirla. El escándalo sigue, con un nuevo capítulo cada día.Rangos bajos del DASHasta el momento los que han resultado más afectados con las investigaciones son quienes están en la base: investigadores, detectives y agentes. Ese es el caso de los subdirectores de operaciones Carlos Arzayuz, Luz Marina Rodríguez y Hugo Ortiz; y de los directores seccionales Jacqueline Sandoval y Jorge Armando Rubiano a quienes se les ordenó medida de aseguramiento desde el 31 de julio de 2009 y actualmente se enfrentan a juicios en primera instancia en Bogotá, por los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de equipos receptores, abuso de autoridad y falsedad ideológica en documento público. También está incluido en el proceso el jefe del Grupo de Observación Nacional e Internacional, Goni, Germán Ospina. Actualmente este hombre colabora con la justicia al punto de ser llamado como testigo clave en varios casos. Gustavo Sierra, subdirector de análisis está actualmente preso y confesó haber ordenado que se transcribieran unas conversaciones de los magistrados de la Corte sobre la elección de Fiscal General.

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