Cinco años después del atentado, ¿por qué sigue sin funcionar el Palacio de Justicia de Cali?

Cinco años después del atentado, ¿por qué sigue sin funcionar el Palacio de Justicia de Cali?

Septiembre 01, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Santiago Cruz Hoyos | Reportero de El País
Cinco años después del atentado, ¿por qué sigue sin funcionar el Palacio de Justicia de Cali?

El Palacio de Justicia, cinco años cerrado tras el carro bomba de las Farc, es visto en la ciudad como un monumento al desinterés del Gobierno Nacional por Cali. Lleva su nombre en honor al abogado Pedro Elías Serrano, quien murió siendo magistrado de la Corte Suprema durante la Toma del Palacio de Justicia en 1985.

Este domingo se cumplen cinco años, es decir 1.825 días, del atentado que destruyó parte de la estructura del Palacio de Justicia. Aunque prometieron reabrirlo cuatro meses después, aún sigue cerrado. ¿Por qué?

El jardín está empotrado en una pared dentro del edificio, en un corredor, justo al frente de la Carrera Diez. Es pequeño. Hay unos cuantos helechos, unas heliconias, unas alocacias, palmas rafis. Están recién regadas. Son las únicas matas que se ven adentro. Las únicas en 18 pisos. Quizá sea a propósito. Puestas ahí, justo del lado donde explotó la bomba, hacen pensar en las víctimas. Allí donde murieron cuatro personas, en esos alrededores, las plantas simbolizan el resurgir de la vida. Afuera, sobre los andenes, alguien sembró palmas manila.En la madrugada del 1 de septiembre de 2008, un carro bomba destruyó parte de este lugar, el Palacio de Justicia de Cali Pedro Elías Serrano. Además de los cuatro muertos, hubo 26 heridos, locales comerciales afectados, viviendas averiadas en 30 manzanas, una onda explosiva que dejó un cráter de cinco metros de diámetro. La explosión fue tan fuerte, que los vidrios de los despachos volaron a kilómetros de distancia. Y como esos vidrios, también, volaron las promesas. Solo un mes después del atentado – atribuido el frente Manuel Cepeda Vargas de las Farc – se anunció que el edificio abriría sus puertas en máximo 120 días. El presidente de la época, Álvaro Uribe, aseguró que Cali tendría también “una ciudadela de la justicia”. De la ciudadela apenas hay un lote donde funcionará el ‘búnker’ de la Fiscalía. Y los plazos para entregar el edificio reconstruido, remodelado, se fueron ampliando. Primero se anunció que estaría listo en el 2011. Después, que en 2012. Ahora nadie se atreve a dar una fecha exacta, aunque un arquitecto vinculado con la construcción, calcula que en octubre de este año empezarían los traslados de los funcionarios. “Una vez el contratista entregue los ascensores funcionando, inmediatamente se inicia el traslado a la Torre B del Palacio. Ese traslado tarda aproximadamente quince días”, confirmó Clara Inés Ramírez. Es la directora Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura en Cali. La entidad es la encargada de dirigir la reconstrucción del edificio. Es jueves. En el Palacio de Justicia se escuchan golpes de martillos. Los sonidos son lejanos. Provienen de la Torre A, que estaría terminada definitivamente en junio de 2014. Es el plan. En esta, la Torre B, no se escucha nada, apenas salsa que sale del celular de una guarda de seguridad y uno que otro grito de obreros que efectivamente trabajan en un solo punto, los ascensores. Son cuatro, en total: los dos antiguos y dos nuevos. El resto de la Torre está terminada. Las paredes están pintadas de blanco, los juzgados con puertas de madera ya están debidamente señalizados: juzgado laboral, familiar, penal del circuito. En total son 142 y están ubicados desde el piso 2 al 16. En el 17 se ubicará la dirección ejecutiva. En el piso cero – así lo llaman – funcionará un comedor y un gimnasio. En toda la Torre habrá 45 salas de audiencia (ver gráfico). Parte del mobiliario ya está instalado. Las salas de audiencia tienen incluso hasta computadores e impresoras, cubiertos con bolsas de plástico para protegerlos del polvo. Lo mismo sucede con los micrófonos para los jueces y fiscales y los parlantes, que ya están atornillados sobre las paredes. El mobiliario, justamente, fue una de las razones del atraso para la apertura de la Torre B. El Consejo Superior de la Judicatura había anulado la licitación para su compra, tras una advertencia de la Contraloría. Fue en diciembre de 2012. Tres meses después se abrió de nuevo la licitación, el mobiliario se compró y llegó a finales de julio. Entonces se lanzó otra promesa: en agosto se abriría la Torre B. Fue cuando sucedió lo de los ascensores.Se detectó un desnivel en los fosos donde deben subir y bajar. Es decir: en algunos pisos, los ascensores no caben, por eso la Torre aún no se puede entregar. Es lo que intentan corregir por estos días. “Los retrasos han estado condicionados por variables. Hay que entender que son 18 pisos y ponerlos en funcionamiento no es como montarse en una bicicleta y dar pedal. En la instalación de los ascensores hay que tener en cuenta los nuevos sistemas de aire acondicionado, los sistemas de plantas eléctricas, las redes de voz y datos. Y hay que hacer pruebas para no hacer ajustes cuando el edificio esté en servicio”, dice el arquitecto vinculado a la construcción del Palacio, quien pidió la reserva de su nombre. Pero el asunto de los retrasos va mucho más allá de las complicaciones que surgen en las obras, los imprevistos. Clara Inés Ramírez, la directora Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, explica que el Gobierno Nacional le entrega los recursos al Consejo año a año. Y así se ha venido construyendo el Palacio. Una parte tal año, otra el siguiente. Entonces, cada 365 días se deben abrir licitaciones - el proceso tarda aproximadamente tres meses - y a ello hay que agregarle los días que se deben esperar para el desembolso de los recursos y que el contratista inicie los trabajos. Es decir: entre cuatro y seis meses se esfuman en papeleos, y los restantes en ejecución de las obras. “Si el Gobierno hubiera querido que el Palacio de Justicia estuviera listo en un tiempo menor, hubiera aforado todos los recursos de una vez. Cinco años es mucho tiempo para que la ciudad siga sin el Palacio, pero las ejecuciones de las obras se han ido haciendo en la medida en que hemos tenido los recursos”, dice Ramírez. Pero aún hay más dudas. En la ciudad no se entiende por qué después de que se han ejecutado $60 mil millones, aún no estén finalizados los trabajos. Es demasiado dinero. La directora Administrativa del Consejo Seccional lo explica: por ley, todo edificio del Estado que vaya a ser intervenido debe ser ajustado al nuevo código de sismorresistencia. En el caso del Palacio de Justicia, una edificación de casi tres décadas de antigüedad, eso suponía casi que empezar de cero.“El reforzamiento estructural implicó tumbar las cargas muertas, quitarle peso al edificio, para poner el reforzamiento en los ejes de la estructura que lo requerían. Esto conllevó también que se tuvieran que hacer nuevos diseños estructurales, hidrosanitarios, hidraulicos, eléctricos. Todo eso fue contratado en 2009”. Es decir: el Palacio de Justicia, prácticamente, se volvió a hacer y eso explica los costos, explica también por qué aún se requieren $15.000 millones más para terminar los trabajos de la Torre A y finiquitar las obras. Sobre esos recursos existe una discusión. Clara Inés Ramírez asegura que el Consejo Nacional de Estupefacientes se comprometió a entregarlos y aún, no lo ha hecho. En agosto pasado, sin embargo, el viceministro de Justicia, Miguel Samper, dijo que el Consejo Superior no había actualizado el proyecto para que le fueran entregados esos dineros. “Si no los reclaman, los destinaremos a otro proyecto que sí lo ejecute”, advirtió. El arquitecto relacionado con la construcción del Palacio, por su parte, aseguró que desde abril se vienen haciendo las gestiones para que esos $15.000 millones le ingresen al Consejo Superior y se terminen las obras de la Torre A, que están en un 60%. “Es un proceso que está en trámite”, dijo. Las versiones van y vienen y mientras tanto otro funcionario que pide que no escriba su nombre dice que en realidad el Palacio, cinco años después de la bomba, no está en pie porque al Gobierno Nacional no le interesa, no le importa. El funcionario recordó un dato: en la época del atentado, el Ministro de Defensa de Colombia era el actual Presidente, Juan Manuel Santos. Tras más de tres años de su mandato el Palacio sigue ahí, con el candado puesto. IIEsta Torre B parece blindada al ruido. Allá afuera, sobre la Carrera Diez, pleno centro de Cali, pasan carros, buses, motos. El agite se ve por los ventanales, pero se escucha poco acá adentro. No llega el bullicio de los pitos, los motores acelerados, los gritos. Debe ser por el grosor de las paredes. Allá afuera, mientras abren esta Torre, también, la justicia de Cali sigue diseminada en apartamentos, centros comerciales, 16 edificios en total, todos en arriendo. Fernando Grueso es el presidente de Asonal Judicial. Dice que justamente eso de que la Justicia no tenga aún su sede central, el Palacio de Justicia, ha generado que Cali sea una ciudad con un acumulado de procesos sin resolver altísimo. “Se elevaron los niveles históricos de congestión judicial”. Pero además, las condiciones para los funcionarios de los juzgados siguen siendo precarias. Trabajan en esos apartamentos en cuyas cocinas se atienden a los abogados. Algunos funcionarios despachan desde el cuarto del servicio doméstico. “Son condiciones precarias incluso para los usuarios. Para poder atender a unos, tienen que salirse los otros”. El dato lo confirmó Antonio Rojas, que representa a varios de los estafados en el Valle por el caso Interbolsa. Antonio es otro de los afectados y a diario recorre Cali con una carpeta visitando juzgados, salas de audiencia. “Es horrible. Este tres de septiembre, por ejemplo, hay una audiencia grande: somos más de 80 damnificados, que debemos entrar en un cuartico que mide cinco por cinco máximo. Vamos a estar los afectados, el fiscal, los abogados defensores. Lo digo por experiencia: muchos tienen que permanecer en los pasillos, de pie, porque no hay el espacio necesario. Es una cosa impresionante”.Fernando Grueso, el presidente de Asonal, agrega que para los funcionarios judiciales trabajar en esos apartamentos o en oficinas de centros comerciales es exponer el pellejo. Los controles de seguridad en esos lugares en los que cualquiera entra y sale también son precarios. Y hay un asunto aún más grave. Alejandro Arenas, decano de la Colegiatura de  Abogados Litigantes del Valle, dice que el Palacio de Justicia es una especie de garante de la paz. En el Palacio los ciudadanos dirimen sus conflictos. Como la justicia quedó diseminada debido a la bomba, sospecha, el ciudadano dejó de acudir a ella y empezó ejercer la justicia por su propia cuenta, su propia mano.El Palacio, cerrado por 1,825 días, explica también el por qué Cali es hoy una de las ciudades más violentas de América, con una tasa de 78 homicidios por cada cien mil habitantes. El edificio, entonces, debe abrirse cuanto antes y Clara Inés Ramírez, la directora Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, está de acuerdo con ello, aunque dice que la larga espera, de alguna manera, servirá para un asunto que no es poca cosa: Cali tendrá el Palacio de Justicia más moderno del país y entonces, imagina, se hablará de otros asuntos. Eficacia, rapidez, descongestión, buen trato al ciudadano. Es, también, lo que la ciudad espera.El más moderno del paísEl Palacio de Justicia contará con un sistema de aire acondicionado central que llegará a todos los pasillos y dependencias, lo que beneficia al usuario. Otro punto importante es que se diseñaron salas exclusivas para que los abogados, junto con sus clientes, puedan revisar sus procesos antes de entrar a las audiencias. En cada piso, además, hay un cuarto técnico de control. Es decir que los daños en los sistemas de comunicaciones o energía se pueden detectar fácilmente.El nuevo Palacio, entonces, fue concebido como un edificio inteligente.

VER COMENTARIOS
CONTINÚA LEYENDO
Publicidad