Cerca de 7.500 personas en Colombia necesitan escoltas por causa de amenazas

Cerca de 7.500 personas en Colombia necesitan escoltas por causa de amenazas

Febrero 23, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | EFE

El Programa Somos Defensores, titulado 'Protección Al Tablero', publicó las cifras de amenazas en el país e indicó que en 2013 fueron asesinados 78 activistas.

Un total de 7.487 colombianos viven rodeados de escoltas armados y vehículos blindados a causa de las amenazas contra su vida, un sistema de protección que el Gobierno ha comenzado a privatizar y que deja por fuera a muchos defensores de los derechos humanos.En un informe difundido este domingo por el Programa Somos Defensores, titulado 'Protección Al Tablero', este centro de estudios conformado por varias organizaciones no gubernamentales analiza a fondo la política de protección en Colombia, donde en 2013 fueron asesinados 78 activistas de derechos humanos.El documento advierte de que el Gobierno ya ha privatizado el 76,7 % de esos servicios de escoltas y que, si bien el número de personas protegidas es elevado, tan sólo el 7,4 % de los líderes sociales, uno de los colectivos más amenazados, gozan de ese esquema.Y es que la mayoría de los protegidos son miembros del Gobierno, políticos, magistrados, alcaldes, concejales, congresistas, sindicalistas, periodistas e incluso desmovilizados de grupos armados ilegales, pero muchos defensores de derechos en las regiones, donde priman los intereses económicos y políticos, están desamparados.Una de las conclusiones, según dijo a Efe el portavoz de Somos Defensores, Carlos Guevara, es que las normativas y la nueva Unidad Nacional de Protección (UNP) funcionan en casos de emergencia, pero "el Gobierno no ha hecho la tarea en tratar de prevenir", pues entre 2009 y 2013 fueron asesinados 219 activistas."La amenaza se convirtió en un mecanismo tan efectivo para presionar a otra persona que ya tiene uso comercial, político y hasta personalizado", advirtió.Y ante la ingente tarea de proteger a los colombianos la UNP, que depende del Ministerio del Interior y sólo cuenta con 739 funcionarios, abrió una licitación a operadores privados que debían proporcionar vehículos, escoltas, armas, equipos de comunicación, bases de datos y sistemas de rastreo de información.Las empresas Protección 33, Esquemas de Protección Siglo XXI y Sevicol-Superior ganaron ese concurso público valorado en más de 165 millones de dólares por dos años y medio.Los datos que maneja Somos Defensores determinan que "el 76,7 % del funcionamiento de la protección en el país está en manos privadas", remarcó Guevara.Si bien esta organización no entra a analizar si el esquema debe público y privado, sí alerta de la preocupación expresada por algunos protegidos que dudan de la integridad de ciertos escoltas privados y de la efectividad del sistema."Si esto sigue a futuro va a seguir siendo un negocio para empresas privadas y un fortín político porque tener un presupuesto con este tipo de licitaciones es muy atractivo", advirtió el portavoz.De acuerdo con Guevara, la UNP recibió entre enero de 2012 y septiembre de 2013 unas 20.500 solicitudes de protección por riesgo extremo, de las cuales 7.487 recibieron el visto bueno y de ellas sólo 1.524 fueron dirigidas a defensores de los derechos humanos, es decir, el 7,4 %.Esta organización ha registrado 219 defensores asesinados desde 2009, además de 703 amenazados, 143 víctimas de atentados y 93 detenciones arbitrarias, hechos que evidencian una mayor necesidad de prevención y protección para esta población.

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