Campesinos erradicadores de coca, víctimas de minas

ONG dice que Colombia no puede seguir enviado campesinos pobres a zonas minadas por la guerrilla.

Los campesinos que erradican a mano cocales son las principales víctimas civiles de las minas antipersonales en Colombia, con el 47% del total de muertos y heridos por estos artefactos este año, denunció hoy la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM).La ONG advirtió de que los accidentes con minas causaron la muerte de 52 campesinos anticocales en 2009, y en los primeros diez meses de 2010 se pasó a 82 víctimas fatales.El porcentaje supera en 17 puntos al 30 por ciento que este colectivo representó en todo 2009, cuando estos trabajadores sumaron casi el tercio de las bajas civiles mayores de edad, según los registros oficiales de accidentes con estas armas no convencionales."Nuestra mayor preocupación este año es el incremento de víctimas civiles que son erradicadores de cultivos ilícitos", dijo el coordinador nacional de la CCCM, Álvaro Jiménez, para quien "ese es un problema central que el país tiene que resolver".Las personas que destruyen cocales a mano son civiles que conforman los llamados Grupos Móviles de Erradicación (GME) y realizan esta tarea bajo contrato con una dependencia gubernamental, con seguridad o protección a cargo de las fuerzas de seguridad.Estos contratistas "son víctimas de distintos tipos de explosivos: artefactos explosivos improvisados, minas o cargas explosivas que se colocan en los caminos de los campamentos donde ellos están para ir a los campos de coca, o minas que son plantadas debajo de las plantaciones de coca", explicó Jiménez.En general, los artefactos son sembrados por miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) para evitar la erradicación de las siembras ilegales.Colombia, dijo luego, "no puede seguir enviando campesinos pobres a zonas que evidentemente están minadas, porque eso es violatorio de la Convención de Ottawa y de los acuerdos internacionales".El coordinador de la CCCM consideró que esta actividad deben hacerla las Fuerzas Armadas, cuyos miembros están capacitados para actuar en territorios que implican riesgos y cuentan con los medios técnicos para ello.Además del peligro, añadió Jiménez, la atención médica, las condiciones de seguridad y la asistencia posterior para estas víctimas civiles de accidentes con minas "son absolutamente violatorias de los convenios firmados con la Organización Internacional del Trabajo por parte del Estado colombiano".