"Cali necesita más compromiso con las víctimas": Paula Gómez

Paula Gómez, directora territorial de la Unidad de Víctimas, dice que esta población es considerada una carga.

El jueves de la semana pasada, la  Dirección Territorial de la Unidad de Víctimas en el Valle, presentó la rendición de cuentas de los tres años que lleva operando en el departamento. 

Según datos del organismo, desde su creación, en el departamento del Valle se atienden un promedio mensual de 13.000 personas, de las cuales el  70 % son mujeres;  el 40 % pertenece a grupos étnicos afrodescendientes; 20 %, indígenas, y 12% personas mayores. La directora territorial de la Unidad, Paula Gómez, habla con El País sobre los resultados de su gestión desde el 2012 en el departamento.  

A tres años de la creación de la Unidad de Víctimas, ¿cuál es el balance para el Valle ?

Es muy positivo. Cuando la unidad empezó no había sincronía con los planes de desarrollo, entonces llegamos a hacer asistencia técnica en los municipios para que incluyueran en sus planes la asistencia a víctimas, como lo exigía la nueva normativa. Eso fue muy complejo, porque ya había planes y no había cómo meter las líneas de atención. Pero al final se pudo hacer. Otro problema que se tenía al inicio era que veníamos de una política diseñada solo para víctimas de desplazamiento, lo cual sigue siendo prioritario, porque más del  85 % de las víctimas son de despplazamiento, pero ahora estamos atendidendo a víctimas de todo tipo de hechos victmizantes. Lo más satisfactorio es que se ha logrado empezar a trabajar de la mano de las Alcaldías para desarrollar los procesos de reparación. Muchos alcaldes electos ya han venido a la unidad para ver cómo se coordinan acciones y antes teníamos que ir hasta donde ellos. 

Por otro lado, se ha logrado visibilizar más a las víctimas del conflicto. Muchas personas en Colombia eran muy ajenas a la realidad de las víctimas, casi que ni sabían que existían. Ahora la situación es de conocimiento público, sabemos que son un porcentaje de la población significativo, y eso ha hecho incidencia gracias a la Unidad en medio de la coyuntura del proceso de paz. 

¿Cuántas víctimas han sido reparadas o están en el proceso de reparación en el Valle del Cauca?

Solo en  2015 se han indemnizado alrededor de 1817 víctimas, lo que representa  una inversión de $13.247 millones. Desde 2012 se han reconocido  71.406 personas como víctimas del conflicto que han accedido al proceso de reparación. Ahora bien, la Unidad no solo entrega la  indemnización sino que tiene un programa de la adecuada inversión del dinero. La mayoría de personas quieren invertir en educación, vivienda o proyecto productivo. Nosotros les mostramos a esas personas la oferta que hay alrededor de esas líneas. Les damos una especie de asesoría para que inviertan el dinero y no lo gasten. Claro, cada persona puede hacer lo que desee con su dinero. Ahora bien, nosotros les hacemos entender a las víctimas que la entrega de dinero solo se hace una vez y  con el propósito de que las personas puedan reestablecer sus proyectos de vida. Sabemos que con la indemnización y las medidas reparadoras no se arregla el daño hecho, pero nuestra labor consiste en ayudar a las víctimas a reiniciar sus proyectos de vida. 

¿Las víctimas del campo regresan a sus casas o rehacen su vida en la ciudad?

La mayoría se queda en los núcelos urbanos, ciudades o pueblos. Y eso tiene que ver con muchas cosas. Por un lado, el campo no les ofrece muchas oportunidades, pero también está el miedo a ser revictimizados en los casos en los que el territorio no está en paz, o porque no han superado sus traumas por el conflicto. 

¿Cuáles son las condiciones de vida de las víctimas del conflicto en Cali?

A la Unidad de Víctimas en Cali viene mucha gente que ya lleva muchos años viviendo en la ciudad, porque fueron víctimas del conflicto hace tiempo y apenas ahora se enteran de sus derechos como víctimas. A ellos les tocó vivir la falta de una política más clara y eficiente para la reparación. Vienen con mucha rabia debido a todo lo que han tenido que sufrir y a la poca atención que eventualmente el Estado les dio. El hecho de que el Estado no hubiera llegado oportunamente les genera un daño adicional, y esa es una de las ganancias de esta ley: que ha corregido todos los errores cometidos anteriormente con las víctimas. 

¿Pero no están viviendo en condiciones de mucha precariedad? Lo digo porque hay  zonas del oriente de Cali habitadas por víctimas del conflicto que viven en medio de la estrechez y la falta de oportunidades

Uno de los grandes problemas que hay en este momento es que la demanda por parte de las víctimas es mucho más alta que la oferta que tiene el Estado. Por ejemplo, las peticiones de vivienda son las más constantes de las víctimas del conflicto. La oferta de vivienda viene a nivel nacional o nivel territorial. Aqui en Cali tenemos por ejemplo Llano Verde, que es una oferta nacional. Lo que necesitamos ahora es que los entes territoriales también generen oferta. Entonces, las víctimas tienen muchas demandas en educación, salud, vivienda y empleo, y aunque hay muchos casos exitosos, también tenemos que admitir que falta mucho por hacer, no estamos satisfaciendo las necesidades de todas las víctimas. 

En algunos barrios  donde cohabitan víctimas con personas que no están en esa condición, muchas de éstas últimas se quejan porque no reciben las mismas oportunidades que las víctimas...

Sí, eso pasa mucho. Pero hay que entender que las personas afectadas por el conflicto armado deben tener prioridad, teniendo en cuenta que muchas de ellas también han sido víctimas de la violencia estructural durante décadas. Es decir, muchas víctimas también han sufrido la pobreza, la exclusión, la falta de oportunidades, durante décadas. Y, adicionalmente, fueron víctimas del conflicto armado. Son personas que además de los daños de la violencia estructural, han sufrido todos los daños de la guerra.  En Buenaventura tenemos un problema muy serio porque allá la mayor parte de la población está en estado de vulnerabilidad. Y allí, alrededor del 38 % de la población es víctima del conflicto, lo que es muy alto. Eso implica que se genere una oferta muy específica para ellos. En Buenaventura, debido a la situación, la gente se acerca al equipo de la unidad y dicen: “Cuénteme yo cómo hago para declarar como víctima”, pero no han sufrido ningún hecho victmizante. Quieren hacer parte de las víctimas para recibir las ayudas del Estado. Claro, allí hay un problema grave, la situación es esta: si una persona está en extrema vulnerabilidad y es víctima del conflicto, recibe ayudas del Estado, pero si no es víctima no recibe esas ayudas. Hay avances grandes en la atención a víctimas, pero hay que empezar a avanzar también en la atención a la pobreza. 

Hay zonas  donde todavía hay episodios de conflicto, como La Sonora, Trujillo. ¿Cómo trabajan en esas zonas?

Nosotros manejamos programas de prevención de victimización. Prevención de atentados, desplazamientos masivos u otros hechos. Nosotros manejamos un plan de contingencia para responder a emergencias humanitarias. Ahora bien, todas las insituciones del Estado están en la responsabilidad de prevenir. Parte de lo que hacemos es ir a las comunidades para analizar las condiciones de infraestructura y ver qué proyectos en infraestructura pueden ayudar a prevenir emergencias  por el conflicto. 

¿Cómo es la actitud de la sociedad caleña respecto a las víctimas?

Cali necesita comprometerse más con las víctimas. La mayoría están en el distrito de Aguablanca, en las comunas más vulnerables. En esta ciudad debemos aprender que todas las personas que llegan son una oportunidad, porque son riqueza cultural, laboral, étnica, y en ese sentido debe pensarse la ciudad para la llegada de las víctimas y de otras personas.  A veces se ve a las víctimas como un problema, pero hay que verlos como un potencial humano para hacer crecer a Cali.