Buscan $250 mil millones para garantizar la descongestión judicial

Los empleados de la Rama Judicial esperan un estudio técnico que indicará como obtener estos recursos, que permitirán mantener los despachos de descongestión.

A la espera de un estudio técnico que debe presentarse la próxima semana están los empleados de la Rama Judicial, para saber de una buena vez cómo se van a obtener los recursos para mantener los despachos de descongestión en la rama hasta el 31 de diciembre. Ese fue el compromiso al que se llegó entre Asonal Judicial y el Gobierno Nacional el pasado 20 de mayo, en aras de mantener el Plan de Descongestión, que busca aliviar las cargas procesales y dar pronta respuesta a los ciudadanos por miles y miles de casos represados.De hecho, en cinco años del plan, a pesar de las dificultades, se ha logrado superar una carga de 1.800.000 procesos, quedando cerca de 1.200.000 casos por descongestionar en los despachos. Así lo indicó el presidente de Asonal Judicial, Luis Fernando Otálvaro, al precisar que el plan ha permitido superar un retraso de 10 años en la administración de Justicia. La idea es que en el estudio, elaborado por una comisión del Ministerio de Hacienda y por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se indique cómo se van a garantizar más de $250 mil millones para mantener la descongestión hasta diciembre de este año, teniendo en cuenta que se necesitan $47 mil millones mensuales. En lo que va del año, por estas medidas de descongestión, se han creado 8345 cargos de forma transitoria. De estos, 146 son de magistrados, 822 de juez y 7417 de empleados.Para esto, señaló la Judicatura, fueron necesarios "un total de $257.760 millones, de los cuales, $235.229 millones corresponden a compromisos en gastos de personal y $22.530 millones a gastos generales”. Lo cierto es que hasta el momento están garantizados $100.000 millones para que 830 despachos de descongestión puedan funcionar hasta el próximo 31 de julio. Estos despachos llevan 553.969 procesos, siendo la jurisdicción civil la que más tiene, con 365.896, seguido de 56.346 en materia penal, 65.065 en administrativa y 48.106 en temas laborales. De acuerdo con la estadística de la rama, conocida por COLPRENSA, entre enero y mayo entraron un total de 160.370 procesos y se han logrado evacuar en ese mismo periodo de tiempo 79.909 del inventario represado. Aun así, en lo que respecta a las altas cortes, el inventario de lo que va del año da cuenta de 12.509 procesos en el Consejo de Estado y de 12.630 en la Corte Suprema de Justicia. A esto se le debe sumar lo que no se ha podido evacuar en años anteriores y que, por ejemplo, para la Sala Laboral de la Corte equivale a más de 16 mil procesos. Otras medidasAhora bien, para lograr avanzar con la descongestión en el país, Asonal Judicial y el Gobierno Nacional también estuvieron de acuerdo en la necesidad de aprobar una ley que asigne recursos fijos a la Rama Judicial. La idea es que haya un rubro con destinación específica, parecido a la asignación de 0,5 % que estableció la Ley 1285 de 2009, para el funcionamiento de la oralidad. Igualmente, se señaló que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura con el apoyo del Departamento Administrativo de la Función Pública adelantarán un programa de rediseño y reestructuración de las plantas de personal para modernizar la planta de personal y así evitar que haya "riesgo de colapso del sistema judicial por la saturación de los ya congestionados despachos judiciales permanentes del país".A estas medidas se suma la presentación ante el Congreso de una Ley para descongestionar la Sala Laboral de la Corte Suprema, que tiene un retraso desde el 2009 que podría equivaler a 26 mil procesos al término de este año. La idea del proyecto, que ya tiene trámite de urgencia, es crear una estructura de descongestión para superar la emergencia que en materia de seguridad social y asuntos laborales afronta la justicia y modificar la composición de la Sala para que haya nueve y no solo siete magistrados en ella. Avances en la oralidadAhora bien, no hablando de términos de descongestión, sino del trabajo de los despachos de planta, se ha registrado una reducción en los tiempos que duran los procesos en las jurisdicciones civiles y de familia, gracias al sistema oral. De acuerdo con la Judicatura, si antes un proceso se adelantaba en los juzgados civiles en 15,5 meses, ahora se solucionan en 172 días, siendo Manizales un caso significativo, pues allí un proceso ejecutivo ya no dura quince meses, sino seis, en promedio. En el caso de los procesos de familia, un caso de demanda de alimentos que antes se evacuaba en ocho meses, ahora se evacúa en cuatro, según la Judicatura. "Todo esto se debe a la aplicación del sistema oral, que brinda una respuesta más ágil y oportuna a los usuarios, con relación a los trámites antiguos que se tornan más demorados, por las etapas fijas que hay que cumplir estrictamente"; señaló el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Pedro Octavio Munar Cadena, dando una razón final para urgir por los recursos que permitan mantener la tarea de descongestión.