Bandas emergentes tienen paralizada economía en Norte de Santander

El Gobernador de Norte de Santander, al igual que la alcaldesa de Cúcuta, María Eugenia Riasco, fueron citados en el Tribunal Superior de Bogotá para la audiencia de reparación a víctimas de ‘el Iguano’ y dar a conocer de qué forma se está atendiendo a esta población y qué propuestas hay para colaborar con su reparación.

En la audiencia que se adelantó este jueves contra el ex comandante paramilitar del Frente Fronteras de las AUC Iván Laverde, alias ‘El Iguano’, el Gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, manifestó su gran preocupación por el resurgimiento de nuevas bandas emergentes en el departamento y señaló que no hay capacidad económica para reparar a las víctimas del conflicto armado.El Gobernador de Norte de Santander, al igual que la alcaldesa de Cúcuta, María Eugenia Riasco, fueron citados en el Tribunal Superior de Bogotá para la audiencia de reparación a víctimas de ‘el Iguano’ y dar a conocer de qué forma se está atendiendo a esta población y qué propuestas hay para colaborar con su reparación.Cabe recordar que el Frente Fronteras del Bloque Catatumbo actuó en Norte de Santander, especialmente en las zonas de Tibú, Tara, Ocaña, Puerto Santander, y Belén, entre otros. Del actuar delictivo de esta organización ilegal se registraron 170 víctimas producto de 28 masacres y 4 homicidios selectivos.Tanto el Gobernador como la Alcaldesa coincidieron en señalar que el departamento ha avanzado mucho en atención a desplazados y que dentro de ellos hay víctimas del conflicto armado, especialmente de las AUC, sin embargo, no hay programas diferenciales para víctimas que no fueron desplazadas.El gobernador Villamizar advirtió que no hay dinero para entregar a las víctimas registradas en Justicia y Paz, pero que su apoyo se basa en brindarles acompañamiento psicológico y en asesorías para hacer parte de los programas del Gobierno Nacional.En cuanto a atención a desplazados, entre quienes hay víctimas del conflicto, la Gobernación ha entregado 300 viviendas para igual número de familias que están identificadas y tienen el aval del Gobierno. Estas viviendas tuvieron un costo de 600 millones de pesos, aportados por los desplazados con los subsidios que les da el gobierno, la gobernación y Acción Social, principalmente.Dijo además que van a construir 700 viviendas en un lote que queda en la comuna 8, cerca al anillo vial, también para desplazados, y que por terreno hay capacidad para construir 2.000 viviendas más en los siguientes años, sin olvidar que el presupuesto anual asignado al departamento para vivienda es de 1.200 millones de pesos.Afirmó que una de las poblaciones más afectadas por el conflicto armado y las AUC fue Ciudadela Juan Atalaya, y que por eso es una de las zonas donde hay más proyectos de vivienda.También señaló que hay facilidades para que campesinos, trabajadores y desplazados accedan a un préstamo para ejecutar proyectos productivos.“Acceder a estos proyectos es sencillo, porque no se exigen fiadores y tampoco documentos difíciles, es más, hay un fondo con 57.000 millones de pesos, del cual el Gobierno da el 80% y nosotros el restante, para subsidiar los préstamos que no lleguen a pagarse por cuenta de los solicitantes” , dijo Villamizar.Informó que actualmente hay solicitudes por 33.000 millones de pesos y se han desembolsado 15.000 millones de pesos hasta el momento.En cuanto a salud dijo que los 100 desplazados registrados en el departamento, a todos se les presta el servicio de salud de manera integral, incluyendo tratamientos no POS.BANDAS EMERGENTESEl Gobernador y la Alcaldesa fueron enfáticos en señalar que uno de los principales problemas que hay en el departamento es el resurgimiento de las bandas emergentes, que están causando problemas económicos a la región e impiden que se avance en el tema de reparación a víctimas. “La situación es grave y complicada” , insistió Villamizar.El Gobernador señaló que no se descarta la posibilidad de declarar la emergencia económica en el departamento porque se van a cerrar muchas empresas.Seguido a esto afirmó que de los cerca de 1.400 reinsertados, a sólo 80 se les ha podido conseguir trabajo, por la difícil situación que se está viviendo.Dijo que los índices de violencia han aumentado por el narcotráfico, sin llegar todavía a superar los registrados entre 1997 y 2005, cuando operaron grupos paramilitares fuertes en la zona.Sostuvo que intimidan a la población con panfletos, pero que el Ejército y la Policía están a la vanguardia del asunto arrojando importantes resultados, entre ellos la destrucción masiva de laboratorios clandestinos de droga y capturas.En lo corrido del año se han registrado en Norte de Santander 200 homicidios, de los cuales entre un 60 y 70 por ciento corresponden a bandas emergentes. “La mayoría de los asesinados tienen antecedentes penales y algunos, no muchos, son desmovilizados” , dijo Villamizar.A su turno la alcaldesa Riascos sostuvo que cuando entró su administración, en enero de 2008, no encontró identificadas a ninguna de las víctimas del Frente Fronteras del Bloque Catatumbo, pero se comprometió a hacer la base de datos que permita darles rostro para ayudarles con un programa que actualmente funciona y que se llama “mejoramiento Integral de Barrios” , en donde hay subprogramas de titulación gratuita de tierras, construcción de viviendas y ayuda humanitaria, entre otros.También señaló que en cuanto a tierras, proyectos productivos y asignación de dinero en efectivo a las víctimas, no ha sido viable por la crisis que vive el departamento.El Gobernador y la Alcaldesa se comprometieron a identificar a las víctimas del conflicto armado que no sufrieron el desplazamiento y a asignar presupuesto o proyectos especialmente para esta población.El Gobernador dijo que el presupuesto para el 2011 se está estudiando hasta ahora y que lo debatirán.