Bandas criminales, principales violadoras de Derechos Humanos en Colombia: Defensoría

Septiembre 09, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Elpaís.com.co | Colprensa
Bandas criminales, principales violadoras de Derechos Humanos en Colombia: Defensoría

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, aseguró que las bandas criminales están detrás de la mayoría de las violaciones a los derechos humanos en Colombia.

En Cali, el derecho más violado es el de la vida. Según la Personería, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de este año se han registrado 1.308 homicidios.

Las bandas criminales son las principales violadoras de los Derechos Humanos en Colombia, según reveló este lunes el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos. El funcionario presentó el mapa nacional sobre riesgos de violaciones de derechos humanos relacionados con el conflicto armado interno y aseguró que durante el último año se han presentado 46 informes de riesgo y 17 notas de seguimiento que abarcan 109 municipios de 28 departamentos del país. El caso de Antioquia es el más preocupante, pues este departamento ocupa el primer lugar del ranking con seis informes de violaciones de Derechos Humanos presentados por la Defensoría. Le siguen Chocó, Casanare, Caldas y Bogotá, con tres informes cada uno, y Risaralda y Nariño, con dos informes en el último año. Según Otálora, los grupos armados ilegales denominados bandas criminales (bacrim) representan el 76 % de todos los informes de riesgo y amenazas a la población, seguido por las Farc."Las bandas criminales no están aumentando, sino incrementando su accionar criminal, porque han generado más presencia en otros sectores que antes no se habían registrado en el mapa político del país", dijo Otálora. "Se han venido enquistando en algunos sectores con amenazas a los defensores de derechos humanos, incluso ya las han extendido contra los educadores", añadió. "Antioquia se destaca porque, como se sabe, es uno de los departamentos donde más han tenido desarrollo las bandas criminales y donde se gestaron estos grupos armados ilegales, que son los que producen el mayor número de amenazas contra la población civil", recalcó. Los derechos han estado amenazados por conductas delictivas como el uso de minas antipersonal, acciones para generar terror, amenazas de muerte, ataques indiscriminados, ataques contra la infraestructura, confinamientos, desaparición forzada, destrucción de bienes civiles, enfrentamientos, extorsión, homicidios, masacres, reclutamiento forzado y violencia sexual. Pero Otálora llamó especialmente la atención en cuanto a la extorsión, el 'boleteo' y el microtráficio, delitos que, según dijo, se han disparado.Los informes de la Defensoría no son por cada delito ni relacionan el número de delitos cometidos en una región determinada. Más bien, varias conductas punibles pueden hacer parte de un informe. Así, por ejemplo, si una persona es amenazada, luego extorsionada y después desplazada, las tres conductas están incluidas en un mismo informe. Cuando se emite un informe de riesgo, la Defensoría lo dirige al Ministro del Interior, que debe convocar al Comité Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT) y a partir de ahí se cita a todas las instituciones que están vinculadas en el informe por recomendaciones de la Defensoría (Gobernador, alcalde, Icbf, Fuerzas Armadas, Policía). A partir de ahí se debe generar una política para enfrentar el problema. La Defensoría, dos meses después, hace una solicitud para que se le informe qué han hecho las instituciones y cómo va el trámite del informe de riesgo. El caso del Valle del CaucaEn Caldas y Casanare la Defensoría ha emitido tres informes (por cada departamento) que incluyen el delito de la extorsión. Los siguen Antioquia, Valle del Cauca, Risaralda, Nariño y Arauca, cada uno con dos informes. Con respecto a este delito, en el Valle del Cauca el mapa de la Defensoría establece que la escisión de 'los Rastrojos' y el debilitamiento de sus fuentes de financiación desembocó en el cobro de extorsiones y las amenazas e intimidaciones contra los sectores económicos, bajo el entendido de que debían "colaborar con la causa"."Algunos comerciantes y agricultores del municipio de Trujillo, tanto de la zona urbana como rural, han sido víctimas de esas exigencias y presiones, lo que ha provocado desplazamientos forzados en el presente año, debido al riesgo de sufrir retaliaciones", asegura la Defensoría."De igual manera, se percibe en la población un ambiente de temor ante la ocurrencia de homicidios, por la presencia de auxiliadores y miembros de 'los Rastrojos' y particularmente por la expansión de la actividad de narcomenudeo". Para la Defensoría, la división interna en 'los Rastrojos' se profundizó con la conformación de una nueva estructura armada ilegal que busca la paulatina eliminación de disidentes y de los que consideran su base social o de quienes señalen como sus auxiliadores o colaboradores. La disputa que libran estos grupos armados ilegales por los sectores aledaños al municipio de Trujillo tiene como fin controlar el acceso a la zona del cañón de Las Garrapatas en límites con el Chocó, donde 'los Rastrojos' han sido el actor preponderante desde la desmovilización del Bloque Calima de las AUC, y que 'los Urabeños' pretenden asumir en el proceso de expansión y fortalecimiento, advierte la Defensoría.Sobre el reclutamiento forzado, el mapa de la Defensoría muestra que esa conducta aparece en cuatro de los informes sobre Antioquia y en los dos informes que emitió por cada uno de los siguientes departamentos: Valle del Cauca, Magdalena, Sucre, Putumayo, Arauca y La Guajira. En lo que se refiere a desaparición forzada, esta conducta se registra en tres informes para Antioquia y dos para Valle del Cauca, Magdalena, Santander, Sucre, Casanare y Chocó. Al ojear el mapa en relación con la violencia sexual, se encuentra que Antioquia, Casanare, Nariño y Bogotá tienen dos informes cada uno, y después están Valle del Cauca, Guainía y Vaupés, con un informe cada uno. La situación de CaliEn Cali, según el reporte que entregó la Personería Municipal, el aspecto más preocupante es el número de homicidios que se han presentado en la ciudad en los últimos meses, la mayoría de estos como consecuencia de problemas entre las bandas criminales. Según las cifras de la entidad, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de este año se han cometido 1.308 asesinatos, y en 1.197 fueron utilizadas armas de fuego. Para la Personería, esto es un incremento del 14,3 % en los casos de homicidios, pues en el mismo periodo del año pasado registraron 162 casos menos. Esta violencia, según la entidad, está ligada con el alto número de pandillas que existen en la capital del Valle (134 en 17 de las 22 comunas), muchas de las cuales trabajan para organizaciones criminales y oficinas de cobro al servicio de 'los Urabeños' y 'los Rastrojos'. "2.134 jóvenes están vinculados a estos grupos", afirmó la entidad a través de un comunicado, en el que también denuncian la situación de los menores en los centros de reclusión juvenil, donde no hay "medidas de carácter efectivo que puedan garantizar una adecuada permanencia de estos jóvenes". Otra situación preocupante para la Personería es la violencia contra la mujer, pues este año se han registrado 73 asesinatos de mujeres, 622 casos de violencia sexual (de los cuales 357 son a menores de 14 años) y 3.441 denuncias por violencia intrafamiliar. "Del total de casos por violencia intrafamiliar en la ciudad el 84% son contra las mujeres", dice el comunicado.Aunque las autoridades aún no lo tipifican de esta forma, para la Personería el número de casos de violencia contra la mujer podría ser "un nuevo delito autónomo de feminicidio, en los casos donde los hechos son motivados por la condición de ser mujer". También preocupa la situación de los desaparecidos en la ciudad, pues a la entidad han llegado este año 178 casos, de los cuales aún continúan desaparecidos 114.Más allá de las cifras, para la Personería es alarmante que 57 de estos casos no tengan ningún avance en la investigación, pues "el número de investigadores adscritos a la Policía Judicial no son suficientes para realizar acciones de búsqueda". "Las familias de los desaparecidos tienen dificultades para encontrar respuestas acertadas por parte del Estado. No hay investigadores, el sistema es lento, y hay poca preparación de quienes deben asumir las investigaciones, pues muchos casos llevan años y aún se desconoce su paradero, quedando en la impunidad", afirmó el personero Andrés Santamaría.

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