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Baltasar Garzón: Militares deben responder como cualquier ciudadano

El juez español Baltasar Garzón aseguró que oficiales que cometen delitos ordinarios no deben estar en reclusiones militares. Dijo confiar en el rechazo de los indígenas a la guerrilla.

27 de febrero de 2011 Por: Laura Marcela Hincapié, reportera de El País.

El juez español Baltasar Garzón aseguró que oficiales que cometen delitos ordinarios no deben estar en reclusiones militares. Dijo confiar en el rechazo de los indígenas a la guerrilla.

Controvertido y polémico. Un hombre que puede generar ríos de halagos o avalanchas de críticas a la vez. Por esa capacidad de convertirse en tema nacional hoy es conocido como el juez más importante de España. En mayo del año pasado fue suspendido de su cargo en la Audiencia Nacional por querer investigar los crímenes cometidos en la dictadura de Franco en España. Hoy dice no arrepentirse de ello, “porque suspendido o no, seguiré defendiendo el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad”.El miércoles pasado este líder de la justicia en el mundo visitó el país para participar en la celebración de los 40 años del Consejo Regional del Cauca, Cric. Antes de iniciar una conferencia a la que fue invitado por la Universidad Autónoma de Occidente, el ahora asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya le concedió 26 minutos a El País. Usted se ha declarado un defensor de la causa indígena, ¿en esta visita cómo vio la situación de las comunidades del Cauca, que viven en medio de la guerra entre el Ejército y las Farc?Veo que los problemas de las comunidades indígenas en Colombia son grandes y en la región del Cauca más. Pero creo que también es importante la reacción de las estructuras indígenas. El Consejo Regional del Cauca, Cric, en sus 40 años de trabajo ha demostrado que es posible una acción política no violenta como mecanismo de interposición entre los actores armados. Usted sabe que en esta región son las Farc las que más víctimas han causado, pero precisamente, porque los líderes indígenas se han opuesto a que sus territorios terminen como un teatro de operaciones. Ellos han hecho frente a las Farc y eso es una acción valiente. Por esa razón es que desde hace tiempo colaboro con ellos en la medida de mis posibilidades.Aunque algunas comunidades se han enfrentado a las Farc, las Fuerzas Militares han denunciado que algunos indígenas sí colaboran con esta guerrilla que incluso utiliza sus hogares como refugio en plenos combates...Lo que le puedo decir es que en la medida en que yo conozco a los responsables indígenas, lo digo por los líderes con los que yo he hablado, he visto que hay un rechazo contundente a la guerrilla. Pero eso no quiere decir que las Farc no quieran utilizar a estas comunidades. Incluso hay movimientos para reclutar a jóvenes indígenas, que han recibido el rechazo de los mayores. En los últimos diez años las estadísticas dicen que más de 2.400 indígenas han sido asesinados, muchos por su oposición a las Farc. ¿No cree que los cultivos de coca y marihuana que mantienen los indígenas en sus territorios los relacionan directamente con las Farc?Fíjese que ese es otro de los tópicos que yo no comparto. Los indígenas y consejeros han levantado más de 70 laboratorios de cocaína. Yo no digo que no existan personas vinculadas a estos cultivos ilícitos, pero la actitud de la comunidad indígena para nada es favorable al desarrollo del narcotráfico.Pero hay denuncias sobre la presión que ejercen las Farc en los indígenas para que mantengan estos cultivos, se dice que la guerrilla los financia... Yo no creo que sea así. Lo que hay es una presión por parte de los indígenas para que los grupos armados no se beneficien de esos cultivos que ellos mismos están potenciando. El cultivo de la hoja de coca en esta parte del mundo es ancestral y por eso hay que distinguir lo uno de lo otro. No creo ni tengo datos para decir que los indígenas potencian una línea de explotación.¿Qué tan fuerte cree que es la relación entre la ETA y las Farc? Creo que ha sido puntual, a menos de que se conozcan otros casos como los que ya están siendo investigados, incluso uno de ellos está a cargo de un compañero mío de la Audiencia Nacional. Pero hay que esperar a que las investigaciones terminen. No quiero decir que no hay una relación fuerte entre estos dos grupos, lo que pasa es que por ahora no la conocemos. Hay una fuerte arremetida militar del Gobierno contra las Farc, pero hay quienes insisten en que la salida al conflicto es un acuerdo humanitario. ¿Usted defendería ese acuerdo? Lo que yo creo es que cuando se enfrenta a una organización como las Farc, que utiliza métodos terroristas y que incluso tiene internacionalmente la catalogación de organización terrorista, se deben aplicar todos y cada uno de los mecanismos que otorga el Estado de Derecho y eso significa cubrir todas las gotas de justicia, de verdad y de reparación. Así que cualquier acuerdo humanitario que se produzca está bien, en tanto que puede significar la finalización de una situación ilícita, pero también hay que tener en cuenta que ese tipo de acuerdos no pueden ser a cargo de impunidad. Sólo si se cumple todo eso, se puede hablar de acuerdo. Es decir que no debería ser como el proceso de Justicia y Paz con los ‘paras’, donde sólo ha habido dos condenas. ¿Allí sí hubo impunidad?Es verdad que hay retraso en el cumplimiento de los objetivos, pero esos retrasos se deben suplir con un mayor apoyo a los mecanismos de justicia y paz. Y desde luego, si no se cumplen esas exigencias, la justicia ordinaria tiene que tomar sus decisiones y cubrir esos espacios. Por lo tanto no creo que haya, o no debería haber, la posibilidad de impunidad.¿Usted cree que los problemas de seguridad que hoy enfrenta Colombia se deben a la falta de un sistema judicial eficiente? Bueno, la seguridad siempre pasa por la seguridad jurídica y eso implica que cuando ésta no es la adecuada, la delincuencia crece y sobre todo la desconfianza por parte de la sociedad en los mecanismos de justicia. No sé, pero si esto está pasando en Colombia el esfuerzo tiene que ir dirigido a recuperar esa confianza de los ciudadanos en la justicia. Y para eso se deben establecer mecanismos mucho más ágiles, con mayor compromiso y responsabilidad por parte de los operadores judiciales. Por eso la Fiscalía y la Procuraduría tienen que tener un papel relevante.En esa búsqueda de justicia, hoy en el Congreso de la República hay un proyecto de ley para endurecer las penas a los menores de edad. En ciudades como Cali esta población comete más de la mitad de los delitos, ¿defiende este tipo de medidas?El tema de los menores es muy delicado y no se puede pensar que con criminalizar a una edad más temprana y con penas más duras se va a evitar el problema. Creo que las soluciones vienen por otras vías, porque los problemas son mucho más profundos y están en el nivel educativo. Por supuesto debe haber leyes penales juveniles para sancionar a los menores de 18 años, pero no se puede llegar a los límites. De ese tema ha habido muchos intentos en mi propio país (España), donde se quería bajar la edad de los 16 años a los 14. En Colombia militares que cometieron delitos de narcotráfico no están recluidos en cárceles ordinarias, sino en centros de guarnición militar donde ha habido escándalos por los beneficios que tendrían. Como defensor de la justicia, ¿qué piensa de esta situación?La Corte Constitucional ya ha dictado una resolución que dice que los delitos comunes, como el narcotráfico, así hayan sido cometidos por militares, deben estar a cargo de la justicia ordinaria. En España siempre ha sido así. Y si hay temor a represalias contra ellos, es claro que en los centros de reclusión ordinaria hay dependencias destinadas a este tipo de funcionarios. Entonces lo que creo es que hay que evolucionar hacia unos estándares más igualitarios de justicia para todos. Por eso los militares deben responder como cualquier ciudadano.En la lucha contra los grupos armados ilegales, ¿cree que las Fuerzas Militares de Colombia han violado los derechos humanos?Yo creo que lo importante es construir unas fuerzas armadas que cumplan con todos los estándares de derechos humanos y de garantías. Y si esos límites se ciegan pues hay que investigar. En España cuando se tuvo la tentación de combatir el terrorismo con métodos ilegales, se produjeron daños muy graves en la acción de justicia, en el caso de ETA. Creo que si hay excesos en esa lucha contra el terrorismo hay que responder por ellos. ¿Y usted cree que en Colombia son muchos los excesos, como es el caso de los ‘falsos positivos’?Yo no quiero emitir simplemente una opinión. Lo que puedo decir es que usted y todos saben que hay múltiples investigaciones abiertas e incluso ya ha habido unas condenas por esos excesos, pero lo que hay que hacer es conseguir que tales excesos no se produzcan.El presidente Juan Manuel Santos quiere que lo asesore en temas de derechos humanos, pero parece que a usted no le suena mucho esa propuesta...Hay un proyecto pero en el marco de la organización de Estados Americanos, OEA, relacionado con justicia y paz y con los mecanismos que conforman la ley, así como con los métodos de justicia ordinaria que tienen que ver con la reparación de víctimas y asesoramiento a instituciones del estado. ¿Entonces sería un proyecto sólo a través de la OEA, pero no una asesoría independiente?Sí, sería un asesoramiento general que dependería de la OEA y el contenido será no sólo enfocado al Gobierno, sino a cualquier otra institución, y también a aquellas que se refieran al entorno de las comunidades indígenas y de organizaciones de derechos humanos. Todo eso hace parte de un programa que ya está funcionando. ¿Usted no ha tenido ni tendrá ningún acercamiento personal con el presidente Santos en el tema de derechos humanos?Lo que puedo decir es que yo al presidente Santos lo conozco desde hace mucho tiempo y tengo una buena relación con él. Creo que es un hombre que está haciendo un esfuerzo importante al frente del gobierno colombiano. Como lo conozco y tengo aprecio por él, no quiero ocultar esa relación a la hora de hacer una valoración.¿Es posible que la Corte Penal Internacional intervenga en Colombia?Hasta el momento la CPI no tiene abierta ninguna investigación aquí en Colombia y en tanto la justicia colombiana cumpla con todos los estándares exigidos, eso no debería pasar. Aunque eso no quiere decir que la Fiscalía no esté pendiente del desarrollo de esas actividades en el país. Dicen que la valentía le ha salido cara. Hace poco fue suspendido de la Audiencia Nacional por presuntamente haberse extralimitado en sus funciones al investigar los crímenes franquistas. ¿Cómo ha afectado esa decisión al juez más famoso de España?Es una situación compleja. Esa suspensión provisional no es agradable para mí. Pero no me arrepiento ni de lo que hice ni de la interpretación de la ley que yo he acogido, la sigo manteniendo e incluso es defendida en España y en múltiples lugares del mundo. Hay algo que para mí resulta básico y es ofrecer protección a las víctimas y hacer efectivo el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Pero todos somos iguales ante la Ley y yo estoy a la espera de que el juicio se produzca cuanto antes. ¿Cree que por haberse convertido en un juez tan polémico, hay una cacería de brujas de parte de sectores políticos contra usted en España? Supongo que algunos así lo plantearán y querrían incluso que no existiera, pero bueno, ese es su problema, el mío es tener convicción de cada día tratar de trabajar desde la justicia, por la justicia y en defensa de los ciudadanos, como siempre lo he hecho y lo seguiré haciendo, esté suspendido o no.

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