Así se mueve el 'cartel de la chatarrización' de vehículos de carga

La Fiscalía abrió el proceso tras una alerta emitida por la empresa Sidoc en Cali. Conozca detalles de la investigación.

Una llamada de alerta de la Siderúrgica de Occidente, Sidoc, a la Fiscalía fue el inició de  la investigación de lo que hoy se ha llamado el cartel de la chatarrización de vehículos de carga.   Era el mes de mayo del 2014 y entraba para su desintegración en la siderúrgica una volqueta, pero llevaba papeles como si fuera un tractocamión. Algo estaba pasando. Lea también: Investigarán a Pedro Aguilar y otros presuntos promotores de bloqueos en paro camionero La investigación la inició la Unidad de Estructura de Apoyo de la Fiscalía en Cali. Solicitaron al Ministerio del Transporte el listado de camiones de carga que habían sido chatarrizados en los últimos  años y la sorpresa fue mayúscula cuando cada caso revisado tenía una irregularidad. Como resultado de este trabajo unas 30 personas, en todo el país, fueron judicializadas y algunas siguen detenidas como es el caso de Andrés Villegas, transportador y líder del sector en el Valle, y Luis Aguilar, hermano de Pedro Aguilar, presidente de la Asociación Colombiana de Camionero (ACC). Lea también: el extenso prontuario de Pedro Aguilar, el 'zar de los camiones'. Hoy, en medio del paro de transportadores, los ojos del país se centran nuevamente en el cartel de la chatarrización y en Pedro Aguilar Rodríguez, dedicado al transporte de carga desde siempre, pues su padre tenía una compañía en este sector.  Sin embargo, su nombre no aparece siempre para bien. Amigos, conocidos, gremios, exministros y fuentes de la Fiscalía lo señalan como el cerebro del cartel de la chatarrización, quien fue el primero en ejecutar procesos irregulares y el que perfeccionó  las diferentes modalidades detectadas. 

1500 denuncias por presuntas irregularidades en  la chatarrización tiene la Fiscalía. Se han hecho 60 capturas y hay 600 denuncias de particulares.

José Ignacio Montealegre, quien fue amigo por muchos años de Aguilar, dice que “él acabó con el pequeño camionero, yo estuve muy cerca de  él y  me di cuenta  que siempre luchó por  beneficios propios y no para los camioneros”. Se atreve a decir que el 90 % de ACC  es corrupta, de ahí que haya tantas organizaciones disidentes. 

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Al mismo tiempo, Alberto Palma, transportador,  quien hace parte del Observatorio del Transporte de Carga, aseguró que Aguilar  perfeccionó todas las modalidades de chatarrización irregulares, “de llegar Guacarí y hacerse amigo de las autoridades de Tránsito y decirles mire qué camiones viejos hay, desempolvar carpetas viejas, sacar y  armar  pedazos de camión  para  obtener un cupo”. Anotó que “no sabemos por qué  no está en la cárcel, pero va a estar. Él es el papá de los chatarrizadores y les enseñó a todos”, dijo.  Eso es lo que muchos se preguntan  si  Pedro Aguilar tiene varias investigaciones en la Fiscalía General de la Nación por supuestos delitos que van desde constreñimiento ilegal, falsedad en documento privado y daño en bien ajeno,  amenazas y obtención de documento público falso, de acuerdo con información obtenida por este diario, por qué está sentado en la mesa de negociación con el Gobierno por el paro camionero. Fuentes de la Fiscalía indicaron que se trata de una persona muy hábil, a la que se le comprobaron procesos de reposición de vehículos de carga mal hechos, “su nombre siempre sale, pero en muchos casos usan a otras personas, inclusive hay propietarios de carros de carga que aparecen con matrículas canceladas por chatarrización y ni si quiera se han dado cuenta de eso. Se enteran cuando van a pagar impuestos”, anotó la fuente. Algunas  oficinas de tránsito  del Valle, como  Guacarí, al parecer eran uno de sus fortines.  Lea también: Exsocio de Pedro Aguilar lo acusó de liderar negocio de la chatarrización de camiones Una fuente de este municipio indicó que a Aguilar  se le veía mucho en el pueblo y era amigo de las autoridades de tránsito. Una investigación realizada por los transportadores con información del mismo Ministerio de Transporte, indica que hay 50.800 vehículos de carga en el país mal matriculados, de esos 1565 estarían en Guacarí.  Al respecto, los actuales responsables de la Secretaría de Tránsito de este municipio y la concesión Uniset- Sintra,  aseguraron que en el 2013 se hizo una investigación ordenada por la Fiscalía General de la Nación, en la que se evidenciaron  menos de 300 vehículos con problemas en su proceso de matrícula, “para los cuales se están tomando los correctivos necesarios, la información de dichos procedimientos será entregada al Ministerio de Transporte por solicitud del mismo”, dijeron por escrito a este diario. Para el transportador Alberto Palma son los camiones mal matriculados los que tienen arruinado al camionero, porque esto generó una sobreoferta en el mercado e hizo bajar las tarifas, “además se usó para lavar dinero”.  Se estima que para el 2004, cuando se congeló el parque automotor de carga, había 168.000 vehículos en el país.  El proceso de chatarrización surgió para reducir este número y ahora se estima que el parque aumentó a más de 300.000 carros. Según datos del Ministerio de Transporte, a la fecha hay  25.520 vehículos chatarrizados. Esto evidencia que las cifras no cuadran y que en lugar de reducirse el número de camiones, este aumentó. Al respecto, Juan Carlos Rodríguez, presidente de Colfecar, entidad que no ha participado del paro camionero, dijo que sobre las irregularidades “ lo único que puede decir es que el Ministerio del Transporte y la Fiscalía tienen la información, pero el problema sigue porque los vehículos de la sobreoferta están rodando y aunque se judicialicen a algunas personas, la problemática no termina”, afirma. Actualmente, existen unas diez asociaciones de transportadores de carga, tres de ellas surgieron de disidentes de la ACC: La Confederación Colombia de Transportadores (CCT) dirigida por Jorge García, la ANT que se creó con camioneros de la Costa y Santanderes  y la Asociación Gremial de Transportadores (AGT) de José Ignacio Montealegre. Todas surgieron después de desacuerdos con Pedro Aguilar. Para Alberto Palma en el cartel de la chatarrización están vinculados no solo Aguilar, quien ha desestimado todas las acusaciones en su contra, sino grandes empresas del país. “Esta información de las matrículas malas la tiene el Gobierno, en el 2014 volvieron a obligar a la secretarías de tránsito a revisar las carpetas y enviar los datos al Ministerio.  No pasó nada”, dijo. 

Los  transportadores están pidiendo al Gobierno que se inmovilicen esos 50.000 carros mal matriculados y que las empresas y personas que falsificaron las fichas técnicas de homologación de camiones de carga sean  sancionadas.Según la  investigación de transportadores con datos del Mintransporte, del total de matrículas mal hechas de vehículos de carga, 1565 estaban en Guacarí; 523 en Cali, 379 en Jamundí; 160 en Yumbo; 112 en Zarzal, entre otras dependencias de la región. Datos de la  Secretaría de Tránsito de Guacarí, indican que en ese municipio se han matriculado, a la fecha,  4108 camiones y 1227 tractocamiones.Asimismo, en  Cali, entre el 2005 y el 2016 se  matricularon 7131 camiones.El Gobierno  reconoció que hay carros de carga mal matriculados pero dice que no pasan de 20.000. Propuso dar una oportunidad de legalizarlos, sin detener las investigaciones, una vez se implementen sistemas modernos para evitar el fraude.

Un billonario negocio El Gobierno Nacional para controlar el crecimiento del parque automotor de carga en el país implementó la política de chatarrización desde el 2008. Si el propietario de un camión o empresa quería comprar un vehículo debía chatarrizar otro de más de 20 años. Si no vuelve al negocio, el incentivo es del $89 millones;  si la persona chatarriza, pero compra otro carro,  tiene un estímulo monetario menor y el cupo para su nuevo camión. Los gremios dicen que este proceso ha sido lento y engorroso, pues si una empresa quería comprar un carro, debía salir a buscar uno viejo para desintegrarlo y, en muchas ocasiones, no lo encontraba. En ese caso se hacían pólizas que garantizaban que el comprador si iba a chatarrizar, sino tenía que cancelar una sanción superior a $30 millones. Pero como parte de las irregularidades se ha encontrado que con una sola póliza se cancelaba una matrícula, pero  se creaban tres o cuatro más. Según fuentes de la Fiscalía, el cartel de chatarrización perfeccionó muchos métodos para hacerle el quite a la norma: la chatarrización virtual, que implicaba que funcionarios dentro del Ministerio y otras dependencias manipulaban la información de un vehículo y lo hacía aparecer apto para la reposición; la chatarrización de un camión inexistente, armado a pedazos para este fin y la desintegración usando carpetas de vehículos legales, cuyos propietarios, en algunas ocasiones, ni se daban cuenta: “Se vieron casos de personas que iban a pagar sus impuestos y se encontraban que su matrícula estaba cancelada, pero en realidad ese carro estaba rodando y seguramente había otro con ese mismo cupo”, explicaron.  Otra fuente de Guacarí dijo que incluso se robaban carpetas de vehículos de otras secretarías del Valle y les ponían todos esos datos a otro carro y los postulaban al cupo. “Quienes estaban metidos en eso salieron fortalecidos en materia económica, era un negocio millonario”, dijo. Incluso para hacer parecer envejecidos los papeles falsos de un vehículo antiguo, les arrojaban café y los ponían a secar, cuentan.La  Asociación Colombiana de Vehículos Automotores, Andemos, afirmó que el sistema de cupos de vehículos de carga se volvió un billonario negocio, se calcula que la bolsa de cupos alcanza los $7 billones, por eso la entidad  pidió cambios en esta política.