Así fue el desfalco del Parador de Buga en el Valle del Cauca

Según la Fiscalía, una jueza de Buga se prestó para aumentar el valor del predio.

La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a la Juez Segunda Civil del Circuito de Buga Norella Acosta Tenorio, por su presunta participación en las irregularidades que rodearon el proceso de expropiación del complejo turístico Parador de Buga, necesario para el mejoramiento de la malla vial en la vía Cali - Buga.   Ante un juez de garantías de Bogotá, el ente acusador señaló a la funcionaria de incurrir en los delitos de concusión, cohecho propio y prevaricato por acción. Ante el juez también fue llevado Carlos Andrés Grajales Gamba, hijo de los propietarios del inmueble, a quien la Fiscalía le imputó el delito de prevaricato por acción en calidad de coautor.  Según la Fiscalía, la juez Acosta habría incidido irregularmente al momento de hacer el avalúo de dicho predio.  En la audiencia celebrada este miércoles, el ente investigador aseguró que la funcionaria judicial tuvo conocimiento de los avalúos del predio, que en principio tenía un valor de $2 mil millones, y el cual al final terminó costando $17 mil millones.   Al día de hoy, tras las decisiones de la juez, el Instituto Nacional de Concesiones (INCO), ahora Agencia Nacional de Infraestructura, tiene que pagar un valor cercano a los $40 mil millones por el predio, más concepto de intereses, lo cual se constituye para la Fiscalía en un detrimento patrimonial al Estado por parte de la juez. “En este asunto se ve cómo un civil, y una funcionaria judicial que tenía competencia para resolver el proceso de expropiación, llegan a un acuerdo para hacer un convenio a todas luces ilegal, como quedó registrado en varios audios de llamadas intervenidas legalmente. Es evidente que hubo una alianza entre la juez y el señor Grajales”, señaló el fiscal del caso en la audiencia de imputación de cargos.  

Se espera que hoy,  en la continuación de la audiencia, la Fiscalía se pronuncie sobre el asesinato en 2008 de  Jaime Grajales Patiño, hermano medio de Carlos Andrés Grajales. Grajales Patiño fue quien inicialmente  reveló los   hechos de corrupción que se presentaron en ese proceso.

 De acuerdo con lo expuesto por el representante del ente investigador, la juez tomó decisiones irregulares, luego de haber recibido dinero por parte de personas que buscaban resultar beneficiadas en el proceso expropiación, entre ellos Carlos Andrés Grajales Gamba.  Para la Fiscalía, los hechos cometidos por la juez son graves, en el sentido de que en varias interceptaciones telefónicas queda registrado un acuerdo entre la funcionaria y Grajales, con el que se buscaba engañar al Estado.  “Los avalúos del predio debían llamar la atención de la funcionaria, quien debía advertir que se estaba presentando un error técnico.  No parece coherente que no se haga una comparación del avalúo del valor comercial del predio (dos mil millones de pesos), a uno tan elevado (17 mil millones de pesos)”, señaló la Fiscalía en la audiencia.  Tras exponer estos hechos ante el juzgado, la Fiscalía pidió que Acosta sea cobijada con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, debido a la gravedad de los hechos referenciados en la audiencia de imputación. Por otro lado,  la Fiscalía descubrió que Carlos Andrés Grajales Gamba, uno de los hijos extramatrimoniales de Jaime Grajales Santa, propietario del Parador de Buga, falsificó  su firma en poderes donde él aparece como el nuevo dueños de la propiedad y autorizado para recibir el dinero.