Así es el 'carrusel' de testigos que enreda a la justicia de Colombia

Agosto 20, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Colprensa

Van 7.572 demandas por casos como el de Sigifredo López. Reclamaciones superan los $26 billones.

Cuántas personas están hoy en las cárceles colombianas siendo inocentes? Esa es la pregunta que hoy se hacen muchos colombianos luego de que la Fiscalía General reconociera que se equivocó al acusar a Sigifredo López de participar en el secuestro de sus once excompañeros de cautiverio. El reciente caso del exdiputado del Valle abrió en el país el debate acerca de un supuesto carrusel de falsos testigos que estaría detrás de los procesos judiciales. Varios sectores coinciden en que existen graves fallas en las investigaciones, por lo cual se requieren castigos severos a quienes mienten a cambio de beneficios jurídicos y económicos. Y es que en el país se han interpuesto 7.572 demandas en contra de la Fiscalía General de la Nación por casos similares al de Sigifredo López, es decir, casos en los que las pruebas presentaron vacíos.Para el exfiscal Alfonso Valdivieso los testigos que falten a la verdad deben ser “procesados penalmente por el delito de falso testimonio”. Al tiempo que pidió examinar la manera en que actúan los fiscales y su objetividad.Por su parte, el expresidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, recordó que la prueba testimonial es muy importante dentro de un proceso penal, pero pidió que se estudie de manera minuciosa para evitar los engaños.“Si el Fiscal General le comunicó al país que han detectado la existencia de personas que se encargan de declarar sin que les consten los hechos, eso es muy grave porque engañaban a la justicia y afectaban la libertad de los ciudadanos”.El proceso de López no es el único en el que la Fiscalía ha tenido reveses que generan controversia. En el caso de Carlos Cárdenas, investigado por la muerte del estudiante Luis Andrés Colmenares, los testigos falsos también estarían metiendo las manos. Al menos así lo consideró la juez tercera de Garantías de Bogotá al dejar en libertad al joven, debido a que las acusaciones en su contra carecían de veracidad. Otro de los casos históricos es el del contralmirante Gabriel Arango Bacci, quien fue declarado inocente por la Corte Suprema de Justicia por considerar que las pruebas de la Fiscalía General de la Nación “carecían de un soporte suficiente para advertir responsabilidad penal del acusado”. El oficial quedó libre de los cargos que se le imputaban, como concierto para delinquir agravado, revelación de secreto, cohecho propio y prevaricato por omisión por presuntos vínculos con el narcotráfico.Los testimonios, una mercancíaEl abogado de víctimas del Palacio de Justicia, Jorge Molano, indicó que la presunta fábrica de testigos tiene una relación directa con el programa de reinserción, “en el cual la Fuerza Pública, con el propósito de dar positivos, ha utilizado a personas para generar arbitrarias detenciones y justificar judicializaciones”.Según Molano, el testimonio se ha convertido en una mercancía. “El caso de Sigifredo evidencia el apresuramiento de la Fiscalía y más del fiscal Montealegre, quien había anunciado al país que tenía 70 ordenes de captura por la ‘Farcpolítica’ y no se hizo una labor previa de corroboración”, aseguró.El jurista citó uno de los casos conocidos desde su despacho, en el que -según él- se usaron testigos falsos: “En la investigación de la masacre de San José de Apartadó llegaron tres supuestos reinsertados de las Farc, que fueron llevados por la Brigada 17 para que denunciaran que esta guerrilla cometió la masacre. En el proceso logramos demostrar que eran testigos que el Ejército pagó con plata de los paramilitares”.Según los expertos, el actual sistema penal colombiano se basa cada vez más en los testimonios, como sucede con la Ley de Justicia y Paz. “Se trata de un fenómeno reciente, en lo que va de este milenio el sistema penal gravita sobre el testimonio. Esto se hizo notorio en Justicia y Paz, hay que denunciar que el carrusel de testigos no sólo persigue rebajas, sino beneficios económicos”, indicó Francisco Bernate.El exprocurador general de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar, coincide con los expertos consultados en decir que lo sucedido con López es una alarma a la que hay que prestarle atención a tiempo.Errores que cuestan Según el informe de defensa judicial de la Fiscalía, hasta marzo del 2012 en el país hubo reclamaciones por un valor de $26,8 billones, de los cuales $9,7 billones hacen parte de las acciones referentes a la privación de la libertad.Lo más preocupante es que esta cifra podría aumentar, sobre todo, si López decide interponer una acción judicial por mantenerlo detenido sin existir pruebas contundentes en su contra. Para el exfiscal General Guillermo Mendoza Diago, los fiscales encargados de la investigación son autónomos en sus procedimientos, pero sí hay que verificar su actuar para identificar posibles irregularidades: “Uno tiene que dejar que los fiscales del caso actúen con la autonomía que les da la Constitución y que evalúen las cosas. El Fiscal General tiene una responsabilidad política y de control, pero no es el responsables del proceso porque no lo lleva él”.Mendoza Diago es enfático en decir que “sabemos que hay un carrusel de testigos y que algunos están declarando sólo para obtener beneficios procesales en sus casos”, indicó.

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