Analistas evalúan resultados de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

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Voces de diferentes analistas examinan los resultados de la Ley, sus dificultades de aplicación y las necesidades para hacerla más eficaz.

Analistas evalúan resultados de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

Junio 19, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | Colprensa
Analistas evalúan resultados de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

El Presidente Santos, junto al secretario de la ONU, Ban KI-Moon, presentando la Ley de Víctimas en Bogotá, en junio de 2011.

Voces de diferentes analistas examinan los resultados de la Ley, sus dificultades de aplicación y las necesidades para hacerla más eficaz.

Tras dos años de la promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Gobierno Nacional se ha mostrado satisfecho con el camino que se ha recorrido con esta norma. Sin embargo, algunos analistas consideran que debería ponerle el acelerador a su aplicación. Desde el 10 de junio de 2011, con una ceremonia realizada en la Plaza de Bolívar, que contó con la presencia de Ban Ki Moon, secretario General de las Naciones Unidas, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley 1448. Desde su trámite en el Congreso, la ha calificado como histórica y, en reiteradas ocasiones, ha anunciado que con el solo hecho de lograr aplicarla “habrá valido la pena ser presidente de los colombianos”. Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), dice que el proceso que se ha recorrido es positivo y, aunque reconoce dificultades, plantea que se está caminado hacia la dirección correcta. Sin embargo, analistas como Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), manifiestan que su desarrollo “va en canoa, cuando se necesita un trasatlántico”. En dos años van 102 sentenciasLa devolución de un predio, de casi seis mil metros cuadrados, conocido como Canoas, en zona rural del municipio de Sabana de Torres, en Santander, se convirtió en el primer fallo que se emitió en este departamento y en la sentencia número 102. Esta se dio a conocer a principios de esta semana, luego de que en la pasada el Tribunal Superior de Antioquia emitiera la número 100 al fallar sobre un grupo de hectáreas ubicadas en la hacienda Santa Paula, en la vereda Leticia, a 40 minutos de Montería. En este lugar, funcionaba el centro de operaciones del grupo paramilitar de los Castaño y el alto tribunal ordenó devolver 54 hectáreas a 18 familias campesinas de Córdoba. Según cifras entregadas por la Unidad de Restitución de Tierras esta semana, tras el primer fallo que se presentó en el departamento de Santander, los jueces agrarios han proferido 102 sentencias en las que se han ordenado la restitución de 13 mil hectáreas a favor de 400 familias campesinas que han sido víctimas del despojo y del abandono forzado. La misma Unidad manifiesta que, hasta el momento, se han recibido cerca de 40 mil reclamaciones por cerca de 2 millones 700 mil hectáreas. Es decir que, tomando estas cifras, se han devuelto el 0,48 por ciento de las tierras que han sido solicitadas. Los departamentos donde se han emitido las sentencias son Tolima, Norte de Santander, Antioquia, Sucre, Córdoba, Cesar, Bolívar, Meta, Magdalena, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo y Santander. Ricardo Sabogal, director de la URT, dice que el balance es positivo debido a que ahora el país cuenta “con toda la institucionalidad montada” para este tema. Es decir, ya hay oficinas en las zonas donde se sufrió con mayor intensidad el despojo o el abandono de las tierras y en estos lugares están los jueces y los tribunales instalados. En total, son 86 zonas en las que, según el Ministerio de Defensa, están las condiciones de seguridad para hacer estos procesos. Sabogal resalta que las sentencias que se han presentado “demandan un enorme esfuerzo de los jueces” y aseguró estar “muy contento porque se han sacado sentencias maravillosas que han dado contenido a lo que ha sido la afectación de la restitución sobre cuándo aplicarla y cómo aplicarla”. Los resultados aun no tan visiblesCamilo González Posso, director de Indepaz, considera que el Gobierno todavía está “en una fase preliminar de preparación y de ajuste institucional”. Esto, dice, ha llevado a que, hasta el momento, en los resultados para las víctimas todavía no haya “evidencias importantes”. Para el analista, todavía no se ha llegado a la meta de “transformar una realidad”. “Esto plantea muchos interrogantes, porque la gente que está allí en cada una de las entidades trabaja muchísimo, entonces ¿si trabajan tanto por qué no avanzamos?”, se pregunta González Posso. El director de Indepaz resalta que se necesita una “revisión muy de fondo de los instrumentos” para que se llegue a una restitución “efectiva y concreta” que no se quede en el anuncio ni en los procesos.Manifiesta que los números muestran que el proceso “está crudo”, debido a la forma en la que está planteada la ley. “El marco institucional se está demostrando demasiado insuficiente y muy complicado, muy burocrático. Entonces, la gente rema y rema en canoa cuando lo que se necesita es un trasatlántico”, señala. Sin embargo, Sabogal cree que hay que tener en cuenta que se está aplicando una ley nueva y los jueces están empezando a aplicar marcos normativos que antes no existían. “Este trabajo inicial es un trabajo muy duro. Los jueces están armando los contenidos teóricos que alumbrarán la aplicación de la ley”, señala. Por esto, considera que estas primeras decisiones no son tan rápidas como se esperaría y, además, advierte que pese a que la ley se sancionó hace dos años, su aplicación empezó desde el 1 de enero del año pasado y los jueces empezaron a recibir los casos a mitad de año. Además, recalca que estos procesos judiciales tienen que tener una duración entre los 8 y 12 meses, cuando antes había que esperar alrededor de 20 años. María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, señala que está ley “no es un hecho menor” y, tal como lo dice Sabogal, expresa hay que tener en cuenta que el primer paso que se debía cumplir era montar la institucionalidad que se requería para poder aplicar la ley. “Es una labor de marca mayor generar todas estas instituciones y que tengan representación regional. Todo esto es un montaje muy importante”, dice. Para Llorente, hasta el momento se han cumplido con las “rutas establecidas” y no se puede desconocer que el marco para aplicar la norma hasta ahora se estaba montando. Las dificultades El ex ministro González Posso plantea que tiene que haber un proceso más expedito del reconocimiento de los derechos. Además, recalca que la aplicación de la ley no se puede quedar en procesos individuales y familiares, sino que “tiene que ser algo colectivo o masivo y no a gota a gota”. Asimismo, asegura que el mayor obstáculo no han sido los ejércitos antirrestitucón, sino que ha sido la misma ley y la institucionalidad las que han puesto piedras en el camino. “La ley misma en materia de restitución está mostrando que es insuficiente, que es una maquinaria frenada”, dice el analista. Pese a que Sabogal no está de acuerdo con esta apreciación y llama la atención sobre los beneficios de la ley, manifiesta que, en un primer momento, las amenazas se han convertido en un riesgo para la aplicación de esta norma. Y no cuenta solo las advertencias que han recibido las víctimas, sino también los mismos funcionarios de la URT. Para esto, hay un programa especial de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en donde se les brinda, según el nivel de amenazas, medidas de protección de manera inmediata, según el caso que se presente. “Restituir en medio del conflicto no es fácil, implica unos desafíos enormes”, dice Sabogal. Además, recalca que ha habido casos en los que el proceso de restitución no se ha podido realizar de manera inmediata, debido a que los terrenos tienen minas antipersonales, por lo que hasta que no se haga el proceso de quitar estos explosivos no se puede poner en marcha la restitución y “proceder a la velocidad que se quisiera”. El director de la URT señala que, entre otros de los problemas con los que se han presentado, es que algunos de los campesinos no tienen los títulos de propiedad, lo que dificulta la identificación del predio. Además, los sistemas catastrales no están actualizados y el hecho de no tener información institucional dificulta el proceso. Y, añade, se han encontrado con casos en los que las personas no quieren volver a sus tierras. “Muchos de los campesinos que fueron despojados, llevan mucho tiempo por fuera de ellos y quizás ahora no quieran volver. Entonces, ya nos ha pasado con algunas sentencias que han venido saliendo: nos dicen que no vuelven”, cuenta Sabogal.

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