Alcalde de Cali pide endurecimiento de penas contra porte ilegal de armas

Los 1.114 homicidios ocurridos en Cali hasta ayer, las 1.612 riñas atendidas por la Policía el fin de semana y el alto número de personas capturadas con armas de fuego y que son dejadas en libertad, hicieron que el alcalde, Jorge Iván Ospina, reclamara del Gobierno un endurecimiento de las penas contra el porte ilegal de armas.El mandatario denunció que el 85% de las personas capturadas en Cali con armas de fuego quedan en libertad.Asimismo, se mostró preocupado por la masacre acontecida en el barrio Terrón Colorado y dijo que estos hechos se presentan porque la gente está armada. El fin de semana ocurrieron en la capital vallecaucana trece asesinatos. “Hay una gran circulación de armas de fuego en las calles, pero también hay impunidad. Cuando no se administra justicia oportunamente y cuando quien se captura con un arma de fuego queda en libertad, horas o días después, eso termina por generar ciclos de impunidad”, advirtió el Mandatario. Hasta el 10 de agosto de este año, la Policía Metropolitana había capturado a 1.359 personas por el delito de porte ilegal de armas de fuego, pero 1.136 de ellas quedaron el libertad.Las cifras son más graves en el caso de los menores, en los que el porcentaje de libertades es del 99%. Sólo uno de los 421 menores detenidos por este delito ha sido recluido en el Centro de Rehabilitación Valle del Lili. Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Miguel Ángel Bojacá, expresó que es necesario revisar el sistema penal acusatorio y realizar ajustes. “Se ha observado que cuando una persona es detenida en flagrancia con un arma de fuego y recibe detención domiciliaria se desprestigia la Policía y la autoridad judicial” señaló el oficial. Al ser consultado al respecto, un juez de garantías de Cali dijo que: “hay varias razones para que se den estas libertades: una tiene que ver con que la Fiscalía no solicita la medida o no la sustenta por considerar que una persona no es peligrosa, aunque tenga un arma; por no tener antecedentes o por ser padre de familia. Lo otro es que este delito contempla penas que van de los cuatro a los ocho años”. El juez agrego que “la mayoría de los capturados aceptan cargos y por consiguiente la pena se rebaja hasta en un 50%, lo que indica que si queda por debajo de los 36 meses de cárcel puede generar una libertad condicional”.