Adolescentes acostumbrados a convivir con la muerte

De los 1.434 aprehendidos este año, el 70% reconoce su culpabilidad. Esta semana podrían ser llevados al menos 80 jóvenes a la antigua cárcel del Buen Pastor, que funcionará como nuevo centro de reclusión para menores. Historias de adolescentes asesinos.

La primera vez que la sicóloga Mónica Andrea Suárez tuvo frente a su escritorio a Carlos*, este ya se había escapado dos veces del Centro de Formación para Menores Valle del Lili. De eso hace ya dos años. Sin embargo, el caso de este adolescente, ahora con 17 años de edad, no ha salido de sus expedientes clínicos. Carlos le ha dicho que matar le causa placer. “Ha confesado sin reparo que en las noches trabajaba como vigilante, que consume de todo tipo de drogas con su mejor amigo y que durante el día su ‘parche’ es apuñalear a indigentes en las calles”, relató la profesional.Este joven, dice Mónica, es del tipo que no delinque por necesidad sino porque la muerte le parece normal. “Son muchachos que naturalizaron la muerte. Carlos Llegó a decir que lo hacía con sevicia, que se le subía la adrenalina y que no se arrepentía”.Creció en las conflictivas calles del barrio El Poblado, en el Distrito de Aguablanca, en el oriente de Cali. Allí, según relató el joven, vio desde que tenía 5 años a los muchachos de su cuadra que se enredaban en pandillas o que delinquian al mejor postor. No tuvo padre, a los 14 años fue capturado por primera vez por portar un arma de fuego. Hace unos meses su mamá, una empleada de servicios domésticos, desistió en su intento de sacarlo de ese mundo que lo carcomió. Carlos se escapó del Valle del Lili por tercera vez hace unas semanas. Ahora se encuentra en un hospital de la ciudad, porque le propinaron varios disparos durante una riña. Casos como el de este adolescente son más comunes de lo que se cree en Cali. Sicólogos, fiscales, investigadores judiciales y jueces de menores coinciden en afirmar que cada vez son más los jóvenes que se familiarizan con la muerte y se convierten en sicarios profesionales. Muestra de ello es que de los 1.434 adolescentes aprehendidos en lo que va de este año, al menos el 70% reconocen su responsabilidad en el hecho, estiman jueces e investigadores. “Hasta cargan a la mano la tarjeta de identidad para mostrar que son menores de edad, ellos son conscientes de que a pesar de la gravedad de sus actos y de las medidas que les impongan, pueden regresar a las calles o a sus casas con medidas domiciliarias porque saben de la situación: que no hay lugar para internarlos por falta de cupos”, recalcó un investigador judicial.Es por casos como el de Carlos que la senadora Gilma Jiménez radicó esta semana en el Congreso un proyecto de ley que busca que adolescentes (14 a 17 años) que cometan delitos graves, sean sujetos de responsabilidad penal en centros carcelarios especiales, con penas de hasta 15 años, proporcionales a la gravedad de sus crímenes.En la actualidad un menor que es hallado responsable de un delito grave como homicidio o secuestro, permanece hasta los 21 años en un centro de rehabilitación para menores. Pero de aprobarse el proyecto de reforma al Código de Infancia, podrían llegar a los 31 años de edad encerrados. Esto significa imponer penas tan ejemplares, que harían que jóvenes como Carlos lo piensen muy bien antes de apretar el gatillo. Sicario a sueldoA pesar de que fue capturado hace casi una semana, ‘Juanchito’ permanece en el centro de transición de los juzgados de menores en el centro de Cali. Hace poco cumplió 16 años, es alto, tiene estampado en la espalda un tatuaje con la figura de un dragón y es de pocas palabras. Tenía 12 años cuando comenzó a matar. Dicen los investigadores que le seguían la pista desde el 2008, que a ‘Juanchito’ no le temblaba la mano para apretar el gatillo. Ese año, señalan los informes judiciales, este joven acabó con la vida de un ciudadano norteamericano que se encontraba en Cali. Un año después asesinó a otro extranjero. La víctima fue en esa ocasión fue un mexicano. A los dos los asesinó a balazos. Los crímenes eran encargados por una ‘oficina de sicarios’ de la que este joven hacía parte. El 22 de agosto pasado, luego de que atacara a balazos a un adolescente, ‘Juanchito’ fue seguido por una patrulla de la Policía. Ese día escapó, no sin antes descargar los tiros de su arma de fuego contra uno de los uniformados al que hirió de gravedad. Hace ocho días fue capturado en una cancha del barrio El Diamante, en el oriente de la ciudad. No pudo escapar. Quedó enredado en una malla, como atrapado en una telaraña. Ante un investigador, el adolescente dijo que cobraba por matar, que sabía lo que hacía, que su trabajo era ser sicario al servicio de una ‘oficina’.Y fue más allá. En diálogo con El País, este joven aseguró que varios de sus amigos están en las calles ganando dinero por cometer asesinatos. “A la gente (no dice quienes) le gusta trabajar con ‘pelaos’ menores de 18 porque no tienen tanto problema cuando los agarran”. Luego dio la espalda. Pero a pesar de confesiones como ésta hay quienes consideran que el ingreso de estos jóvenes a las bandas delincuenciales no es voluntario. El director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Jhon Arley Murillo, ha insistido en que a quienes hay que atacar con el peso de la ley es a los adultos que conforman estas organizaciones criminales. “Son los que aprovechan a estos menores y los reclutan”, señala el funcionario. Hay informes de la Policía Metropolitana que dan cuenta de este tipo de actividades de reclutamiento. Las autoridades han denunciado que una ‘oficina de cobro’ estaba motivando a adolescentes de Terrón Colorado y El Realengo, en el oeste de la ciudad, para conformar bandas de asaltantes y de sicarios. “Les dan armas y motos con las que cometen atracos”, apuntó un investigador. Tras el muro de Valle del LiliEl País logró ingresar al Centro de Formación Juvenil Valle del Lili, donde conoció las historias de varios menores que están privados de la libertad. De este centro se han escapado en los últimos tres años 711 muchachos, según datos del Sistema Penal Acusatorio para Adolescentes de Cali. Pero otros cumplen sus sanciones y esperan inquietos quedar en libertad. Camilo* es uno de ellos. El 22 de marzo pasado estaba parado en una esquina del centro de Buenaventura. Esperaba los seis millones de pesos de su víctima, el dueño de una panadería al que por quinta vez le exigía dinero a cambio de no atentar contra su vida. El paquete con el efectivo llegó a sus manos seguido de un “¡alto: es la Policía!” Mientras cuenta el episodio, el adolescente, de 15 años, se come las uñas en su cuarto (celda). “Es que el señor estaba cansado de que yo le sacara plata y me echó la Sijín”, atinó con tono de frustración. El día en que habló con este medio estaba castigado. Mientras sus compañeros asistían a la ceremonia de graduación de un programa de capacitación en secundaria, primaria y carpintería, Camilo permanecía ensimismado, parado en la ventada de su habitación. “Tengo una hija por la que quiero luchar, pero no me arrepiento de haber hecho lo que hice. Mi familia me dio la espalda, yo vivía con unos socios y esa era mi familia”. Luego se quedó callado y dio la espalda. El lío de los cuposEn la actualidad hay 252 adolescentes en el Valle del Lili. Siete más de la capacidad total. En el centro transitorio de los juzgados de menores están hacinados 25 muchachos. El cupo es sólo para 15. Un total de 401 menores infractores que tienen medidas como privación de la libertad o de internamiento preventivo están en las calles, por falta de un sitio donde llevarlos. De los 1.434 que según la Policía han sido capturados este año, 1.163 han quedado en libertad. Según Didier Villamil Bedoya, coordinador regional del sistema de responsabilidad penal para adolescentes del Icbf, se está trabajando para permitirles a los jóvenes que sigan con su proceso reeducativo y darles elementos para que conozcan un arte y se enfrenten a la vida productiva. El secretario de Gobierno del Valle, Rodrigo Zamorano, dice que si bien hay que solucionar el tema de los cupos, lo importante es evitar que los adolescentes sigan actuando como criminales. La Policía reclamó mayor compromiso de los padres.*Nombres cambiados.