6,65 millones de hectáreas de tierra han sido abandonadas por la violencia

6,65 millones de hectáreas de tierra han sido abandonadas por la violencia

Octubre 19, 2010 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | Colprensa

Los principales agentes violentos que generaron abandono fueron grupos de paramilitares. Las zonas más afectadas por el fenómeno son los departamentos de Antioquia y Chocó y el municipio de Buenaventura, en el Valle del Cauca.

Así lo indicó la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, al presentar su tercer informe sobre la situación del desplazamiento forzado en el país, indicando que desde 1980 y hasta julio de 2010, 6,65 millones de hectáreas de tierra productiva fueron abandonadas por sus propietarios debido a hechos violentos, relacionados en su mayoría con grupos de paramilitares.Para llegar a esas y otras conclusiones fueron entrevistados en total 10.433 hogares de familias desplazadas en 68 municipios de 26 departamentos del país, que habían sido víctimas de desarraigo entre esos años.“El total de tierras que fueron abandonadas por sus propietarios a causa de la violencia equivale al 12,9 por ciento de la superficie agropecuaria del país” , explicó uno de los investigadores y miembro de Codhes, Luis Jorge Garay.Las regionesHaciendo un análisis de las regiones más afectadas por el tema del abandono y desarraigo forzado de tierras, la corporación concluyó que Antioquia y Chocó son los departamentos más afectados, con 1,9 millones de hectáreas afectadas.En ese conteo siguen los departamentos de Caquetá, Cauca, Nariño, Putumayo y el Valle del Cauca (especialmente por el municipio de Buenaventura), con 1,5 millones de hectáreas que han sido dejadas por sus propietarios a causa de la violencia. Un tercer grupo de territorios afectados lo forma la llamada ‘Región 6’, compuesta por Meta, Arauca, Casanare, Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada, con 1 millón de hectáreas en la misma situación.Posteriormente, está la ‘Región 3’, compuesta por La Guajira, Magdalena, Cesar y Norte de Santander, donde los investigadores encontraron que 0,9 millones de hectáreas fueron dejadas por la fuerza por los campesinos entre 1980 y 2010.También está la denominada ‘Región 2’, de la que hacen parte Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre, con 0,7 millones de hectáreas afectadas.Por último, la región menos afectada es la número 5, de la que hacen parte Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Quindío, Risaralda, el resto del Valle del Cauca, Tolima y Santander, con 0,6 millones de hectáreas abandonadas.Actores armados“En el 32 por ciento de los casos, los causantes del desplazamiento forzado son los paramilitares, seguidos por las Farc en el 25,5 por ciento de los casos. Hay un 5,5 por ciento de hechos en los que los hogares no lograron identificar el actor desplazador. Hay ocasiones en que más de un grupo armado, por ejemplo cuando hay enfrentamientos, causaron el desplazamiento. Eso ocurrió en el 10 por ciento de los casos. En el 14 por ciento, las víctimas dicen que fue un grupo guerrillero, pero que no lograron saber si era el ELN, el EPL o las Farc”, explicó Garay, indicando cuáles son los ilegales que más desplazados han causado al país.Como no hay estadísticas oficiales que determinen qué ha sucedido con las tierras después de que los campesinos se desplazaron, los expertos les preguntaron a los encuestados ellos qué habían sabido al respecto. De esas preguntas, concluyeron que el 72 por ciento dice que piensan que todavía la tierra está abandonada, un 25 por ciento dice que no sabe nada sobre su finca, un 8 por ciento más asegura que la están aprovechando familiares o conocidos, y finalmente un 9 por ciento dice que se la despojaron y la tienen actores armados.Críticas a la Ley de VíctimasCodhes advirtió que el actual proyecto de Ley de Víctimas, radicado por el presidente Juan Manuel Santos en el Congreso, podría tener vicios de inconstitucionalidad, por lo que hicieron un llamado al Legislativo para que corrija las falencias, si no quiere sufrir, eventualmente, un hundimiento en la Corte Constitucional.Indican, por ejemplo, que es un error considerar que las medidas de atención (Acción Social) a los desplazados son reparación por los daños sufridos, pues la Corte ha advertido en varias ocasiones que aquellas son obligación del Estado.También piden que las víctimas tengan participación en el trámite del proyecto, así como que la iniciativa tenga en cuenta las obligaciones internacionales en materia de reparación. También piden más claridad en distintos temas, porque aseguran que la única medida que está clara es la de restitución de tierras, que “sin embargo, no se encuentra complementada con medidas de compensación que contribuyan a resarcir otros perjuicios materiales causados con las violaciones a los derechos humanos”.

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