16 mujeres son agredidas a diario por alguien de su círculo familiar en Cali

La mayoría de las afectadas no denuncia por temor a perder la estabilidad económica de su hogar. Maryuri, una valiente mujer que sale adelante con sus hijas tras ser golpeada y pateada por su esposo. Historia.

Maryuri tiene cuatro hijas y es un milagro. La última vez que su esposo la golpeó fue hace algo más de cuatro meses. Tenía 32 semanas de embarazo. Primero la agredió  en el rostro, la insultó, la pateó en la espalda y luego la tiró a la calle. Allí, al verla sobre el pavimento, se lanzó a golpearla en el vientre. Intentaba hacerle perder la bebé. Algunos vecinos llamaron a la Policía, otros le gritaron que se detuviera. Después de al menos unos cinco golpes paró.  Es un milagro. Un  mes después la nena nació sin ningún problema. Para esos días Maryuri ya había denunciado a su esposo, la Policía lo había detenido y un juez lo envió a la cárcel. Ella, la bebé, ahora tiene cuatro meses de vida, las mejillas regordetas, los ojos negros profundos y un gesto de sonrisa constante en su rostro diminuto, un gesto que es como un triunfo: la vida, la dignidad, que se sobrepone a lo más bajo, a lo más condenable, a lo más cobarde. “La violencia contra la mujer en esta ciudad es completamente aterradora”, dice una de las fiscales especializada en este delito. En promedio, la Fiscalía inicia cada mes entre 500 y 600 investigaciones por agresiones intrafamiliares, de las cuales más del 95 % son contra mujeres.  Eso significa que al menos 16 mujeres son agredidas a diario por alguien de su círculo familiar, en la mayor parte de los casos, por su compañero sentimental,  novio, esposo, amante. Lea también: 

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La fiscal dice que la realidad, tan cruda, es mucho más compleja. “16 mujeres agredidas denuncian, ¿pero cuántas no lo hacen? Muchas, tal vez la mayoría, porque la cultura de la agresión y de la no denuncia hace parte de esta sociedad. Apenas en los últimos meses eso ha venido cambiando un poco gracias a las campañas contra ese tipo de violencia y, sobre todo, a las campañas realizadas  para que las mujeres denuncien”. Su casa, la casa en la que ahora vive con tres de sus hijas, está en el barrio Los Lagos del oriente de Cali. Decir su casa es un eufemismo ofensivo. Maryuri no tiene casa, no tiene empleo, tiene cuatro hijas, vive donde su suegra, la madre del hombre que la golpeaba, el padre de tres de sus cuatro hijas.  Mientras carga a la bebita, la otra niña -de un año y medio de edad- juega sobre una pequeña silla mecedora. La tercera, que tiene 7 años, está en el colegio. “¿Por qué estás viviendo con tu suegra”, le pregunto. Maryuri contesta que no puede hacer otra cosa. Su madre está en España. La empresa en la que trabajaba la despidió, no tiene mucho dinero, no tiene a dónde ir con sus hijas.  “Por ahora voy a quedarme acá, pero estoy viendo cómo me voy para España”, dice.  El gran problema, dice otro fiscal, es que muchas mujeres deciden no denunciar porque el esposo es el que mantiene la casa. “El delito de violencia intrafamiliar no es conciliable. Si alguien lo comete y es denunciado, es detenido inmediatamente y si se encuentra culpable, es enviado a la cárcel, nada de detención domiciliaria, o de conciliación, la cárcel”. Lea también: “El silencio creó cierta tolerancia a la violencia contra la mujer”: asesora de la ONU El fiscal sostiene que las mujeres que denuncian, una vez se enteran de que sus esposos o compañeros van a ser detenidos, deciden suspender el proceso. Eso, a su vez, explica el hecho de que cerca del 70 % de los casos terminen archivados. “Abandonan el proceso porque si detienen a su esposo, sus hijos y ellas mismas se quedan sin sustento”. Paula Arbeláez, directora de Derechos Humanos de la Personería, dice que este tipo de situaciones también hace parte de la violencia estructural que sufren las mujeres en Cali. ¿Por qué el Estado no puede ayudar a las mujeres violentadas a que inicien o reinicien una vida salarial? ¿Por qué no hay programas que atiendan esa necesidad?, pregunta Paula.  Junto a ella, varios fiscales coinciden en que hay una falla del Estado para atender estas situaciones, pues no hay cómo garantizarle bienestar a una mujer y a sus hijos, en caso de que el agresor sea detenido y sea el responsable económico de la familia. “El Estado debe prever estos casos y ofrecer alternativas. En Cali, en una ciudad con estos índices de violencia, solo hay una casa albergue para mujeres víctimas de este tipo de violencia. Una casa para las cientos de mujeres con sus hijos que requieren ayuda”, señala. Mucho antes de aquella vez, cuando su esposo golpeó su vientre, Maryuri ya había sido golpeada en muchas ocasiones. Hacía dos años que él se drogaba, se embriagaba y llegaba hasta la casa a pegarle porque sí, porque se le ocurría, porque quería acostarse con ella y ella se negaba en esas circunstacias, por la razón que a él se le ocurriera. No denunció. Él le juró en varias ocasiones que no lo volvería a hacer, le dijo que estaba arrepentido. Al fin de semana siguiente volvía a ocurrir y, de hecho, llegó a obligarla a acostarse con él.  De modo que harta, incapaz de tolerar el intento de acabar con la vida de la bebé, decidió acudir a la Fiscalía. Sabía que él iría a la cárcel y ella estaba sin empleo. No importaba. Se trataba de su dolor, su dignidad, su vida, la de sus hijas.  Sucede en todos los sectores. Las denuncias son hechas por mujeres profesionales, no profesionales, del oriente de Cali, de estracciones sociales altas; afro, rubias, mestizas,  todas.  No se trata de un tipo de violencia estratificada o sectorizada, dice  una fiscal. “Yo atiendo en promedio cuatro o cinco casos diarios y aquí he recibido a mujeres de todo tipo. Doctoras, abogadas, empresarias, trabajadoras de supermercados, de todo”.  La directora de Derechos Humanos de la Personería, Paula Arbeláez, dice que todas las mujeres agredidas  tienen una historia semejante: su esposo o novio les pegó una vez, ellas no lo denunciaron, él se arrepintió, luego las maltrató con insultos, con ofensas y les volvió a pegar y de nuevo se arrepintió. La siguiente agresión fue más fuerte hasta que ellas, cansadas, temerosas, decidieron denunciarlo. “Eso es precisamente a lo que no se debe llegar. Si las mujeres no acuden a la Fiscalía la primera vez, la agresión siguiente va a ser más fuerte hasta llegar al punto de que la vida de ellas corra peligro”, dice Paula. Además, agrega, más del 70 % de los casos incluye agresiones sexuales.  Según los datos de Medicina Legal, durante 2014 en Cali se hicieron 920 investigaciones por abuso sexual, siendo la tercera ciudad con más casos, luego de Bogotá y Medellín. La mayor parte de las agresiones se presentaron a niñas o mujeres entre los 10 y los 34 años. Los atacantes, además, en más del 70 % de los casos, eran familiares o amigos.  “La violencia intrafamiliar contra la mujer casi siempre tiene episodios de violencia sexual. Lo peor de esto es que la víctima no solo es la madre de familia, sino también la hija, la hijastra, las niñas de la casa”, dice una investigadora de la Fiscalía. La investigadora sostiene también que,  de cada 10 casos por abuso sexual contra menores, ocho fueron cometidos por alguien de la familia, padre, padrastro, tío o abuelo.  “Son delitos diferentes, claro. Hay violencia intrafamiliar y abuso sexual, pero ambos, en estos casos, están enmarcados dentro de agresiones al interior de la familia”. Paula Arbeláez, dice: “Estamos en una ciudad en donde la violencia contra la mujer, en cualquiera de sus expresiones, está naturalizada. Las mujeres creen que es normal que las agredan y, por supuesto, los hombres también creen que es normal. Y, por otro lado, estamos en una ciudad en donde el hogar es el sitio en el que más se agrede a las mujeres”. Maryuri mira a la bebita mientras la carga en su piernas. Durante todo el tiempo que hablamos, la otra niña se la pasó viendo por la ventana. Pese a todo, al dolor que no alcanzó a comprender, que nadie más que ella comprende, Maryuri mira a sus hijas con enternecimiento, como enamorada. De pronto me dice: “Como sea, tengo que ahorrar para irme a España con mis hijas. Ellas merecen una mejor vida que yo”.  Prevención y protección Otra de las falencias que entidades como la Personería  denuncian, es el poco número de funcionarios de la Fiscalía que llevan los proceso de violencia intrafamiliar.  De acuerdo con la Fiscalía, solo 12 fiscales  se dedican a este tipo de delitos, que  es uno de los que mayor número de casos presenta. Fiscales consultados explican que además es necesario  intervenir con los victimarios. “Muchos de ellos necesitan apoyo psicológico o psiquiátrico, y la ley no contempla esos aspectos. Si no se trabaja sobre los victimarios, lo más probable es que a pesar de que sea condenado, cuando regrese a la libertad vuelva a reincidir”.