1.614 caleños murieron por armas de fuego, pero no hay acuerdo para desarmar la ciudad

1.614 caleños murieron por armas de fuego, pero no hay acuerdo para desarmar la ciudad

Enero 11, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co
1.614 caleños murieron por armas de fuego, pero no hay acuerdo para desarmar la ciudad

El 83% de los detenidos por porte ilegal el año pasado salieron libres. Alcaldía de Cali insiste en que debe haber restricciones, pero la Tercera Brigada sostiene que las mismas sólo se aplicarán cuando haya una visita presidencial a la ciudad. Mientras tanto, el número de muertos y heridos crece.

La racha de muertos y heridos por balas perdidas en las últimas semanas ha abierto el debate sobre las medidas que se deben tomar sobre el porte de armas. En una reunión citada por la Procuraduría la semana pasada en Bogotá las autoridades pidieron mayores controles, restricciones y penas para quienes lleven consigo armas de fuego legales o ilegales.De los 8 casos de menores heridos, dos se han presentado en Cali.El año pasado de los 1.813 homicidios registrados en la capital vallecaucana, la Policía señaló que el 89% (1.614) se cometieron con armas de fuego. Algunos expertos y autoridades caleñas coinciden en que esta cifra puede disminuirse si el uso de las armas es exclusivo de los organismos de seguridad. El año pasado en Cali la Policía se incautó de 3.148 armas ilegales y 1.197 legales. De estas últimas 1.153 fueron decomisadas porque sus dueños violaban la restricción al no porte de armas de fuego, estaban embriagados o tenían antecedentes penales.La Secretaria de Gobierno de Cali, Eliana Salamanca, ha sido reiterativa en enviar solicitudes para restringir el porte de armas de fuego, argumentando que esta medida es efectiva para disminuir los homicidios.La última solicitud de la Alcaldía buscaba que la restricción comenzara a regir desde el 1 de diciembre hasta el 7 de enero de este año. La medida no fue decretada por la Tercera Brigada.El coronel Martín Nieto, jefe del Estado Mayor de la Tercera Brigada, explicó que no se dictó el decreto “porque queremos que los ciudadanos de bien porten sus armas. Y la política del mando es que no haya restricción a menos que haya una visita presidencial. En contraprestación aumentaremos el control militar”. María Isabel Gutiérrez, directora de Cisalva, comentó que “se utiliza la frase ciudadano de bien para defender que se deben expedir permisos. Si vemos las cifras de intolerancia en Cali (60%), en cualquier momento una persona puede pasar de un puñetazo a un balazo. A esto hay que agregar los enfrentamientos entre pandillas”.Gutiérrez agregó que según estudios las personas que tienen armas en sus casas tienen once veces más probabilidades de morir por un arma que quienes están desarmados. “El Estado debe buscar medidas para proteger a los ciudadanos, las armas son un peligro, no estamos en el lejano oeste, para eso hay una autoridad”.Sobre la negativa del Ejército el Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, expresó que “el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana que adelanta su curso en el Congreso, debe definir la potestad de los alcaldes en los planes desarme porque son nuestras comunidades las que están sufriendo las consecuencias”.Libres pero peligrososDe los 2.319 capturados por la Policía por porte ilegal de armas en el 2010, el 83% (1.924) fueron dejados en libertad. Solamente en 308 casos el detenido fue enviado a la cárcel. “Es preocupante esa cifra, la persona sabe que si en la legalización de captura acepta los cargos, lo favorece una pena tan baja que según el Código Penal es excarcelable”, reclamó el coronel Wilson Barón, subcomandante de la Policía de Cali.El oficial añadió que si las condenas aumentan la aceptación del delito no sería una estrategia para evadir la prisión y advierte que “para los jueces hoy la peligrosidad del detenido pasa a un segundo plano. Las personas que llevan un arma ilegal lo hacen porque van a cometer un homicidio, un robo o porque la van a llevar a una ‘oficina de cobro’”.Por su parte, Doris Tejeda, directora del Observatorio Social de la Violencia de la Alcaldía, señaló que “el criminal también mide el riesgo que le genera producir un homicidio, si no hay penas fuertes él no correría ningún riesgo. Por ejemplo las sanciones contra los menores permiten que sean utilizados en cometer asesinatos”.

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