Incertidumbre. El jueves pasado, decenas de los provisionales de la Alcaldía de Cali se reunieron en el Concejo Municipal para entender los alcances del fallo de la Corte Constitucional. Ernesto Guzmán Jr. / El País

Según la Comisión del Servicio Civil, 40.000 de estos trabajadores públicos tendrían que entregar sus puestos.

Por Carolina Bohórquez R. Reportera de El País

Juan Manuel siempre ha sido bueno con los números y aunque le iba bien como cajero en el Hotel Intercontinental, su vida le cambió al cumplir los 18 años en aquel 1976. En ese entonces, alguien lo recomendó para entrar a la Gobernación del Valle como empleado provisional de la Contraloría Departamental.

Le explicaron que provisional significaba ser temporal en un cargo, mientras otro funcionario era nombrado en propiedad. Sin embargo, el tiempo pasó y no llegó el supuesto reemplazo.

Cuando Juan Manuel cumplió 30, ya completaba doce años de trabajo desde su ingreso a la Gobernación, sin que aún le resolvieran su situación: no le asignaban a su sucesor ni tampoco le ponían plazo a su permanencia en la oficina porque el Estado no había abierto convocatorias para que los funcionarios compitieran por un empleo de carrera administrativa.

Ante la incertidumbre, dice el caleño, le rondó la idea de que sus días en la Gobernación estaban contados. Pero, luego se tranquilizaba al sentirse satisfecho por la experiencia adquirida en la primera década como revisor fiscal, auditor e inspector, inicialmente en la Contraloría y después en la Secretaría de Salud. Siempre siendo un provisional, mantuvo el puesto cuyos ingresos le permitieron más adelante montar un negocio de repuestos, al tiempo que seguía trabajando en la Gobernación.

Se sentía cómodo con lo que hacía. Supuestamente como un temporal y luego como comerciante cuando ya tenía 49 años de edad. Era el 2007, año en el que la Comisión Nacional de Servicio Civil, la responsable en Colombia de coordinar los procesos de concursos de carrera administrativa, lideró la realización del primero de dos exámenes de selección, dirigidos a todos los ciudadanos, entre ellos, los 120.000 provisionales en todo el país. De esa cifra, 138 son de la Gobernación, incluido Juan Manuel.

La idea de la Comisión era que todos pudieran vincularse formalmente por sus propios méritos.

Juan Manuel presentó la prueba, como los demás funcionarios, y le fue bien, en especial, en las preguntas de matemáticas, su punto fuerte.

Empezaron los tropiezos

Sin embargo, este provisional del área financiera del Departamento piensa que ahora sí sus días como funcionario público están contados. ¿La razón? La Corte Constitucional declaró inviable el acto administrativo 01 de 2008, que había sido aprobado por el Congreso y el cual les permitía a los provisionales del sector público ser ‘enganchados’ en los entes del Estado sin necesidad de concurso alguno. Eso sí, siempre y cuando demostraran su experiencia y la calidad de su trabajo.

A su vez, esta legislación permitía anexarle al artículo 125 de la Constitución, un parágrafo transitorio que aclaraba que el ingreso de este tipo de empleados que estuvieran en los órganos estatales desde antes de la Ley 909 de 2004 --la cual regula la carrera administrativa-- podía hacerse sin ninguna evaluación.

No obstante, Juan Manuel, en la plena madurez que ha alcanzado hoy a sus 51 años, parece estar tranquilo porque, en el caso de quedar cesante, su negocio de repuestos le puede ayudar a sobrevivir. Incluso, después de analizar su situa-

ción parece que ya no está interesado en seguir trabajando en el gobierno departamental.

Dos pisos más abajo de donde él labora, Cristina, de 54 años, tampoco se ve muy entusiasmada de continuar prestando sus servicios al Departamento. Ya cumplió más de 30 años como auditora provisional. Pero no quiere hablar mucho de su caso y sólo aspira a recibir su jubilación. También dice que le ha ido bien como temporal. Aunque esa palabra resulta una ironía al revisar sus más de tres décadas de funciones.

Pero mientras Juan Manuel y Cristina se muestran tranquilos, gran parte de los 1.292 empleados provisionales que hay en la Alcaldía de Cali, tiene los nervios de punta por el fallo de la Corte.

Tanto, que las depresiones y visitas al psicólogo han aumentado.

Susana Prado es una de las funcionarias de la administración que desde hace días no duerme tranquila. Ella, a diferencia de Juan Manuel y de Cristina, no le molesta decir su apellido. Tiene 45 años y asegura que atraviesa una crisis depresiva porque teme no contar con recursos suficientes para garantizarle el futuro a su hija de 9 años. Explica que sola mantiene a la niña con el salario de unos $600.000 que recibe siendo secretaria. Cuenta que al municipio ingresó hace 15 años. Exactamente, el 11 de febrero de 1994.

Como Juan Manuel, Susana presentó el primer examen, pero en el caso de ella para entrar a la Alcaldía. Sin embargo, no lo pasó. Pero en diciembre del año pasado, cuando el acto administrativo 01 de 2008 fue publicado en el diario oficial del Congreso ella sintió que el alma le volvió al cuerpo. Para Susana fue un regalo de Navidad, pero la derogación de esa norma ahora la tiene al borde de un ataque de nervios.

Para buscar una salida, la Gobernación propuso a la Comisión de Servicio Civil brindar la opción de repetir la segunda prueba del concurso a quienes no la hicieron.

Algo similar le acontece a Adriana Vargas Morales, madre de tres hijos, un bebé de 20 meses, una niña de 10 años y un adolescente de 14.

Adriana completa doce años en el Municipio como temporal. Primero como auxiliar de enfermería y luego como secretaria en las instituciones educativas Santa Fe, Humberto Jordán Mazuera y en Potrero Grande.

Como esta madre de familia, 938 personas más laboran en la Secretaría de Educación Municipal, en calidad de provisionales. Todas ellas, que realizan actividades de aseo, mensajería, secretariado o vigilancia, están en la cuerda floja. Lo que sucede es que casi todos estos funcionarios, según lo expresado por un grupo de ellos que estaba depurando una base de datos para entregársela a la Alcaldía, se ‘rajó’ en el primer examen.

No sucedió lo mismo con un número aproximado de 250 personas del nivel técnico y asistencial de otras dependencias, según cálculos del área de Desarrollo Administrativo de la Alcaldía. Pero hasta para ellos el panorama se complica, porque muchos también estarían en riesgo de salir, debido a que no hicieron el segundo examen exigido dentro del concurso y el cual se realizó en marzo pasado. Se confiaron en la aprobación que hizo el Congreso del acto legislativo 01 de 2008.

Esa confianza, en opinión de Nelson Polanía, presidente del Sindicato Nacional de Servidores Públicos y Trabajadores Oficiales de los Municipios de Colombia, Sinalserpub, es totalmente explicable pues “estos empleados le creyeron al Estado; había un acto de ley aprobado por el Congreso de la República y no se pensaba que todo podía cambiar meses después por un fallo de la Corte”.

Hasta la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y el Polo Democrático, que respaldaron el acto legislativo, también se sentían victoriosos con lo aprobado, razón por la cual ahora rechazan la posición de la Corte. Pero ese alto tribunal ha explicado que este acto legislativo tenía desde su nacimiento muchos vicios. Como las trece demandas que fueron instauradas contra esta medida. En un comunicado, la Corte precisó que declaró inconstitucional el acto legislativo 01 “porque genera una desigualdad frente a los que han concursado y les está cerrando el paso al acceso a quienes están más capacitados y por méritos pueden aspirar con más derecho a estos cargos".

El Gobierno Nacional le da la razón a la Corte, al igual que el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez.

Para este funcionario “la concepción de república democrática y participativa se vulnera con la expedición del acto legislativo porque se cierra la posibilidad para que todos los ciudadanos participen en los concursos de méritos suspendidos mediante la concesión de un privilegio injustificado a quienes fueron nombrados en provisionalidad y en encargo”.

“Faltó información”

Algunos de los provisionales de la Alcaldía y la Gobernación manifiestan que no fueron suficientemente informados sobre el concurso. Ante esto, Gerardo Mendoza, subsecretario de Recursos Humanos de la Gobernación, responde que eso no es cierto y que hubo jornadas para aclarar dudas, sin dejar de advertir la importancia de seguir con él.

Luz Patricia Trujillo, presidenta de la Comisión Nacional de Servicio Civil, calcula que el fallo de la Corte mantiene enredados a unos 40.000 empleados provisionales de Colombia. “Pero aún no hemos precisado la cifra y en eso estamos trabajando”, dice.

La alta funcionaria concluye que por ahora ninguno saldrá. Aún sigue la espera, pero esta vez porque en todo el país falta terminar el concurso para definir de una vez por todas quiénes se quedan y quiénes se van.

Protestan los sindicatos

Rómulo Ospina, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Gobernación, al igual que la CUT, coincidieron en que la decisión de la Corte podría obedecer “a manejos politiqueros en una época electoral”. Tanto la CUT como los sindicatos de la Alcaldía y la Gobernación afirmaron que convocarán un referendo y que marcharán el 15 de septiembre.

En el Hospital Universitario del Valle, 530 provisionales laboran desde hace más de 20 años, según el sindicato.