Por: Elizabeth Ungard Directora de Transparencia por Colombia

Los resultados del Índice de Transparencia 2007-2008 son muy preocupantes: hay muchas entidades que no cumplen estándares satisfactorios en sus procedimientos para garantizar que la información sea pública y pueda ser debidamente vigilada por el propio Estado y por la ciudadanía.

Desafortunadamente el tema de la corrupción no es ni ha sido una prioridad en la agenda pública. En pocas palabras, la corrupción no es considerada una prioridad, a pesar de que es uno de los problemas más graves que el país tiene por resolver, no sólo por las la pérdida de recursos económicos que podrían destinarse a inversión social, sino por su incidencia en los valores éticos de la sociedad.

La sociedad colombiana y los gobernantes son tremendamente laxos y excesivamente tolerantes frente a la corrupción.

El problema, entonces, no es sólo de mecanismos -que existen, por supuesto-, sino de voluntad política para combatir este flagelo. Pero también es evidente la falta de firmeza de la ciudadanía para denunciar. En mayor o menor grado, todos somos responsables.

La corrupción, como todas las actividades ilegales, es muy difícil de cuantificar. Es una tragedia, porque no se consigue información. Las entidades públicas no la proporcionan, no existe la cultura de divulgar esa información. En muchas entidades se maneja el concepto de que la información es del funcionario y no del público.

Mientras no se logre cambiar el criterio de que las entidades públicas manejan recursos públicos y que la información debe ser pública, será muy difícil cuantificarla.

Pero tampoco podemos enviar un mensaje equivocado a la opinión en el sentido de que la lucha contra la corrupción fracasó. Eso no es cierto. Hay mucho por hacer, apenas estamos comenzando.