Al igual que lo que ocurre a escala nacional, en Cali y el Valle, los organismos de control e investigación tampoco tienen cifras concretas sobre cuánto es el detrimento patrimonial por corrupción en la región.

Sin embargo, lo que sí está claro es que este ‘sida’-- como lo denominan el Zar Anticorrupción-- también carcome las finanzas estatales. Según el procurador provincial de Cali, Guillermo Lozano, la mayoría de las investigaciones que se adelantan son por corrupción en contratos, especialmente de obras.

“De 200 procesos que tenemos de once municipios de la jurisdicción, incluida Cali, el 80% son irregularidades en la contratación. Esa es la mayor causal de investigación”, señaló.

Uno de los casos que en la región refleja lo dicho por el Zar Anticorrupción sobre las anomalías en contrataciones en acueducto y alcantarillado es el de Acuavalle. La Fiscalía dictó hace unos meses, medida de aseguramiento con detención domiciliaria contra el ex gerente de esa entidad, Juan Manuel Pulido, su director jurídico Jairo Gómez y dos contratistas, por celebración indebida de contratos por $600 millones.

Otro de los casos claros de corrupción fue el de la compra de un lote por parte del Dagma, que terminó con la detención de la entonces directora Beatriz Ramírez. El lote de 301 hectáreas llamado El Rubí fue adquirido por $1.600.000 millones por encima del costo real, lo que le costó al erario caleño $2.414 millones.

También el llamado a juicio del ex secretario de Educación, Hernán Sandoval y Roberto Viveros por la contratación de desayunos escolares en el 2006 por $1.900 millones.

Otro sonado caso fue el del ex alcalde de Cali, Apolinar Salcedo, quien fue destituido por el polémico caso en el que le entregó el recaudo de los impuestos a la firma privada Sí Cali, ignorando el debido proceso y obviando la labor de la Administración Municipal.

Esos son sólo unos de los 239 casos que investigan seis despachos de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía Seccional y que comprometen a más de un millar de funcionarios y contratistas del Estado, lo mismo que recursos del erario por un monto mayor a $20.000 millones.

Sobre este tema la Contraloría Municipal reportó 1.329 presuntas irregularidades en sus investigaciones, de las cuales 951 son administrativas, 288 disciplinarias, 58 fiscales y 32 penales.

La procuradora regional, Martha Chávez, coincide con Garzón en que en los contratos que realizan los municipios es donde se puede palpar más el fenómeno de la corrupción. “El 99% de los casos que nos llegan son por esa causa”.

En la Gobernación del Valle este año han sido destituidos al menos seis funcionarios y contra dos de ellos se adelantan procesos en la Fiscalía.