Fotomontaje: Bernardo Peña / El País

La contratación es la modalidad más apetecida por quienes saquean los recursos del Estado. Pero se trata de un fraude muy difícil de cuantificar.

Por Arcadio González Ardila

“La corrupción es el sida del Estado colombiano”. Con esta lapidaria frase el zar Anticorrupción, Óscar Enrique Ortiz González, pretende explicar la gravedad de un fenómeno tan generalizado en nuestro medio como difícil de detectar.

Es tan crítica la situación que el Zar no duda en afirmar que la corrupción “corrompió”, incluso, hasta a los grupos armados al margen de la ley (ver entrevista).

Lo más preocupante es que ninguna entidad pública o privada maneja cifras concretas sobre los costos que ese fenómeno le genera al Estado, solamente tienen aproximaciones a partir de cuidadosos análisis con base en las denuncias que llegan a los organismos de control.

Para la muestra, el Zar Anticorrupción comparó los resultados de una encuesta realizada el año pasado por la Universidad Externado de Colombia a 560 empresarios colombianos, que concluye que el valor promedio de un soborno para acceder a la contratación pública es del 12,9%.

Quiere decir, según Ortiz González, que si para 2009 el presupuesto de inversión asciende a $30 billones, la corrupción se come $3,9 billones.

Con esos recursos podrían financiarse dos años de la seguridad democrática, beneficiar a 347.000 familias con un subsidio de vivienda individual de $11,5 millones cada una; pagar la educación de 325.000 niños cada uno a razón de $1,2 millones anuales o los diez semestres de 80.000 universitarios con un valor de $5 millones por semestre.

Lo peor es que con esa plata se construirían 1.800 acueductos y 2.000 alcantarillados para municipios pobres; se podrían evitar dos reformas tributarias o extender por cuatro años más Familias en Acción, el programa que atiende a tres millones de familias de escasos recursos.

Y eso que esta medición corresponde únicamente a la corrupción en la contratación pública. De acuerdo con el contralor general de la Nación, David Turbay Turbay, existen otras tres clases de corrupción, aún más difíciles de cuantificar: la de trámites, que se da cuando funcionarios públicos subalternos aceptan o demandan pagos para agilizar trámites o permitir el acceso a ciertos servicios o información.

“Esta corrupción, por lo general, es aceptada y practicada por la sociedad sin que existan sanciones mayores ni señalamiento social”.

Un ejemplo: la ex gerente de una empresa de comunicaciones asegura que hace ya varios años su compañía “tuvo que pagar más de $200 millones para que nos obviaran un requisito que nos hacía falta para participar en una licitación”.

También están la corrupción derivada del poder político, “asociada al nombramiento de personal innecesario o poco calificado para el desempeño de sus funciones, así como a la compra de bienes y servicios a precios superiores a los reales”, y la corrupción de ‘cuello blanco’ relacionada con el abuso del poder dominante “sin que el Estado haga algo”, sostiene el Contralor.

‘Lo de ley’.

Iván Darío Gómez Lee, auditor General de la República, reconoce que la mayor debilidad está en las regiones donde “no existe ni siquiera una memoria sobre los asuntos relevantes de corrupción”.

El funcionario dice que en algunos municipios de la Costa Atlántica existen verdaderos ‘carteles de la corrupción’ que financian campañas a cambio de que el mandatario elegido les ‘venda’ el cupo de contratación.

“Y claro, los elegidos se benefician de coimas que van del 15% al 30% del valor del contrato”, insiste el Auditor, aunque advierte que “es muy difícil comprobarlo pero sabemos que es una práctica recurrente”.

Carlos Augusto Meza Díaz, procurador Delegado para la Descentralización y las Entidades Territoriales, cuenta que hace poco en un proceso disciplinario a un alcalde se le preguntó por qué se apropió del 10% de un contrato.

“Nos dijo que ‘eso es lo de ley’. Entonces uno entiende que en ciertas esferas todo el mundo habla de que el 10% de los contratos es para el alcalde”.

Meza también acepta que medir el verdadero impacto de la corrupción en el país “es muy difícil” porque “implica todo un trabajo de carpintería con un sistema de información que lamentablemente Colombia no tiene”.

"Un grupo élite de procuradores asumirá directamente las investigaciones de corrupción que más afectan la credibilidad institucional. Alejandro Ordóñez Maldonado, procurador General de la Nación.

Sin embargo, se han construido algunos indicadores: en los antiguos territorios nacionales entre 2004 y 2008 se radicaron 1.798.544 denuncias por corrupción, mientras en el resto del país en el mismo lapso la cifra llegó a 1.310.473 quejas.

“Es decir -explica el Procurador Delegado-, la corrupción está íntimamente ligada a la pobreza: donde más pobreza hay, hay más corrupción”.

Desde el 1 de enero de 2008 a la fecha su despacho ha conocido de 3.777 procesos registrados contra alcaldes de 832 municipios; 448 investigaciones contra los 32 gobernadores, mientras que contra concejales de 327 municipios hay abiertas 514 investigaciones.

Casanare es un ejemplo de ello: el año pasado la administración adelantó $5.955.000 para una obra que aún hoy está paralizada. Mejor dicho, no ha despegado.

Transparencia por Colombia, en su más reciente informe, concluye que solo el año pasado en todo el país hubo $3,6 billones de contratados mediante modalidades de excepción: sin publicidad ni pluralidad, a través de contratos con cooperativas, urgencia manifiesta, organismos internacionales y contratos de la menor cuantía.

De hecho, según la Procuraduría, el 78,6% de las investigaciones se relacionan con irregularidades de contratación o malos manejos de tesorería. Tanto así que sólo por malos manejos de regalías este año fueron visitadas 30 entidades territoriales en las que se encontraron 80 irregularidades que dieron lugar a más de 30 procesos disciplinarios: las Gobernaciones de Putumayo y Bolívar encabezan la lista.

Pero en el Índice de Transparencia Departamental de Transparencia por Colombia, los departamentos que registran más alto riesgo de corrupción son Vaupés, Vichada, Guainía y Arauca, además de Bolívar y Chocó.

Justamente, la Contraloría investiga presuntas irregularidades en el destino final de por lo menos $4 billones de los $23 billones en regalías que han recibido más de 150 municipios en los últimos quince años.

Las auditorías de ese organismo de control muestran que por desvío de regalías hay 1.080 hallazgos administrativos de los cuales 170 tienen incidencia penal, 502 disciplinaria y 174 de responsabilidad fiscal.

No obstante, el contralor Turbay Quintero advierte que su despacho “no puede calcular cuánto pierde anualmente el país por corrupción. Hay cifras millonarias, pero no tenemos esa cuantificación”.

En muchos casos, señala el Contralor General, los recursos de inversión social se destinan a “financiar fiestas, patrocinar turismo deportivo, erigir monumentos, pagar medallas honoríficas y pintar las fachadas de los edificios públicos”.

Sólo en Casanare, la Contraloría tramita 180 procesos de responsabilidad fiscal, la mayoría por manejo inadecuado de regalías en los que están vinculados funcionarios, contratistas, interventores, supervisores y tres ex gobernadores.

La otra fuente de corrupción son los llamados ‘contratos interadministrativos’, que si bien tienen sustento legal se prestan para burlar los principios de transparencia, publicidad y selección objetiva.

El Procurador Delegado lo explica así: Los alcaldes, para evitar la licitación pública, celebran un convenio con otra entidad y ésta, a su vez, ejecuta todo el presupuesto con entidades privadas.

Ejemplo de ello es un alcalde en Cundinamarca, que celebró un contrato interadministrativo con la firma de servicios de aseo de su ciudad “por todo el presupuesto del año”, empresa que subcontrató con particulares “a dedo”.

Las fuentes consultadas coinciden en que no es fácil detectar todas las formas de corrupción y mucho menos cuantificar el impacto económico que le representa al Estado.

Pero lo que más les preocupa es que de todas las formas de corrupción, la única que pudiera ser cuantificada, al menos de manera aproximada, es la que se relaciona con la contratación estatal.

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