En Colombia, siguiendo los rumbos de las reformas económicas y sociales de principios de los 90, se han experimentado cambios que a la fecha han venido consolidando la entrada del nuevo esquema pretendido para la financiación de la educación superior.

Siguiendo los lineamientos inspirados en Washington -que han visto la educación superior ofrecida por el Estado como un lastre para el presupuesto público que financia la educación de los hogares más favorecidos en Latinoamérica- surgió la receta de mercantilizar la educación superior flexibilizando la oferta, abriendo la posibilidad de que, sin muchas exigencias, de la noche a la mañana aparecieran universidades. Por si fuera poco, y siguiendo los mismos lineamientos fiscales, sugiere la necesidad de desvincularse de la financiación estatal implantando el mal llamado esquema del subsidio a la demanda.

Desde la expedición de la Ley 30 de 1993 se han venido ajustando los criterios de evaluación de la calidad, mejoramiento de indicadores de gestión, acreditación institucional y de programas académicos, con respecto a lo cual nadie debería oponerse en vista de que con ello se trata de mirar la eficiencia y la eficacia del gasto, aspecto mucho más pertinente, claro está, para las universidades públicas que manejan recursos públicos. Tales disposiciones han servido, con un balance moderado, para enderezar universidades privadas que venían haciendo mal las cosas, por no decir estafando incautos, teniendo que hacer las universidades públicas los cursos remediales de los descalabros de algunas universidades privadas.

Hasta ahí todo parecería bien, sin embargo, lo que ocurre es que con el gradualismo característico, el modelo que mercantiliza la educación no se ha cerrado aún. Claro que desde la óptica gubernamental se pretende cerrarlo. Todos los indicadores serán utilizados como criterio de financiación. Una vez logren estimar el costo de un estudiante, por programa académico en una universidad, se determinará el monto de un crédito educativo que recibirá cada estudiante al ingresar a un programa de alta calidad y en una universidad, cuando ésta sea pública, que muestre indicadores de gestión adecuados. Se habla de crédito educativo, que será otorgado por el recién transformado Icetex, a tasas de interés, dependiendo del estrato.

El Icetex administrará un fondo que se conformará con donaciones, impuesto a egresados y presupuesto público. Todo apunta a interpretar que la contribución estatal a ese fondo se hará por una vez y que el crecimiento de dicho fondo, como cualquier otro, dependerá de la gestión del Icetex a través de la administración del crédito.

Sólo habrá incentivos para financiar programas técnicos y tecnológicos, generando estímulos para que las personas de escasos recursos sólo busquen en la educación de estos niveles sus únicas alternativas de movilidad social, lo que configura un esquema de educación que eterniza las diferencias sociales.




 

 

NUESTROS USUARIOS OPINAN

Opinar   Entrar Chat Los mensajes listados a continuación corresponden a los lectores. Elpais.com.co no se hace responsable por el contenido de los mismos.

Rodrigo / Cali El problema es que en las universidades publicas se educan muchos ricos que podrian pagar mas, entonces está bien que cada cual pague de acuerdo con sus posibilidades (presentes o futuras). ... (Ver Más)

Opinar