Por: Ramiro Andrade Terán
Un oscuro ambiente electoral
Octubre 10 de 2007
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En vísperas de las elecciones del próximo 28 de octubre es palpable un oscuro y ominoso ambiente electoral.
La compra de votos y otros delitos similares están a la vista en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali o Medellín.
Es un repugnante episodio mirado con indiferencia culpable por la ciudadanía y que no se combate por las autoridades encargadas de garantizar la condición esencial para que una democracia funcione: la pureza del voto. Existe una espesa cortina de tolerancia con los delitos electorales, que viene de muchas décadas atrás y se ha convertido en la peor falsificación de la frágil democracia nacional.
El caso de Bogotá es muestra inequívoca de la degradación electoral y la infiltración de dineros de todo pelaje para llegar a los puestos de elección popular. En una seria información de El Tiempo, sobre el ambiente previo a la jornada electoral, se señala que en algunos barrios se compran a los funestos intermediarios que manejan el potencial electoral con $50 millones. Es una dolorosa operación que se hace sin ningún rubor, a la luz del día y sin que ninguna autoridad intervenga.
No se trata únicamente de recibir dinero en efectivo. Otra serie de prebendas a cambio de sufragios se mueven en ese pozo sin fondo.
El compromiso entre el clientelista que maneja un cierto número de votos cautivos y el gran elector que los necesita es muy variado: becas, servicios médicos, cemento, ladrillos, tejas, muebles, artefactos de cocina y lotes. Todo entra en el compromiso.
En algunas ocasiones, el vendedor de sufragios realiza su mercancía una y hasta tres veces. Y, en Bogotá, el ‘mercado’ funciona de acuerdo con el potencial de la zona: en el poblado barrio Kennedy, un líder vale $50 millones y en La Candelaria $10 millones. Podría calcularse que de los 48 ediles que integran el Concejo capitalino, unos 30 son elegidos por esa corrupta vía.
En el país hizo carrera la tendencia de acusar a la Costa Atlántica como el paraíso de la compra de sufragios y el único lugar donde ese delito proliferaba. No es así. Es nacional. En particular, en departamentos como Antioquia, Valle y Nariño el delito ha venido creciendo sin que nadie intente erradicarlo.
El pomposo Consejo Nacional Electoral no tiene poder -ni ganas- de afrontar esa situación. Se ha limitado a dar una cifra que pone los pelos de punta: por trasteo de electores se anularon más de 335.000 inscripciones de cédula. Son verdaderos ejércitos de votantes que se llevan a votar en uno y otro lugar en beneficio clientelista.
Esa migración tampoco está controlada ni -menos- sancionados sus promotores.
El día de las elecciones es la prueba de fuego para una democracia y el momento en que el ciudadano es realmente libre. Arrebatarle o falsificarle ese derecho es un delito gravísimo, que lesiona todo el conjunto social y estafa la soberana voluntad del elector.
Colombia necesita con urgencia una drástica política que garantice un sufragio verdaderamente libre y aplique rigurosas e ineludibles sanciones a quienes cometen delitos contra el sufragio.
El editorial
CALENO / USA
