El informe de la Defensoría del Pueblo, publicado el pasado fin de semana por el periódico El Espectador, sobre el renacimiento de las autodefensas en 24 de los 32 departamentos del país, añade un elemento más de complejidad a las elecciones municipales y departamentales que tendrán lugar a finales de octubre de este año.

Según el mencionado informe, existen más de 20 estructuras armadas, sin mando único, asentadas en 226 municipios del país, denominadas ‘Águilas Negras’, que buscan ganar presencia e influencia política y militar en la mira de ejercer un control electoral en dos terceras partes del territorio nacional. Su autojustificación parece ser la de garantizar la seguridad en aquellas zonas donde se han desmovilizado grupos paramilitares, a fin de impedir que otras fuerzas, legales o ilegales, ganen terreno político en esos territorios.

Las elecciones de octubre de este año tienen un especial significado por el número de cuestiones que están en juego: de una parte, los bloques políticos que se han venido configurando recientemente en Colombia, a raíz de la reelección del presidente Uribe y del importante avance electoral del Polo Democrático Alternativo, se la van a jugar toda en esas elecciones, pues se trata no sólo de tener el control político sobre el mayor número posible de municipios y departamentos, sino de fortalecerse electoralmente en vistas del próximo debate para la Presidencia de la República en el 2010.

De otra parte, la influencia lograda por el paramilitarismo en diferentes regiones del país, especialmente en el Magdalena Medio, Antioquia, la Costa Atlántica y el suroccidente colombiano, y la intención de los grupos desmovilizados de mantener su incidencia política en esas zonas, plantean un dilema de gran calibre a los electores, pues se trata de elegir entre un proyecto paramilitar, autoritario y ligado a oscuros intereses, entre ellos los del narcotráfico, y otros que responden más a una concepción democrática de la gestión pública en municipios y departamentos.

Finalmente, a pesar de que la participación electoral en la escogencia de alcaldes y gobernadores ha disminuido en los últimos años, esas elecciones siguen teniendo un importante arraigo en la gente, pues se trata de autoridades públicas que tienen competencia en la solución de los problemas que afectan directamente su existencia (la educación, la salud, los servicios públicos, la vivienda y los equipamientos sociales, etc.). Así, pues, la noticia sobre la aparición de estos nuevos grupos paramilitares añade un ingrediente muy complicado al certamen electoral y lo coloca ante un nuevo dilema cuya solución será determinante para el futuro de los diferentes territorios.

Además, el hecho es preocupante por cuanto demuestra a las claras que la desmovilización de los paramilitares no logró desmontar las estructuras militares de esos grupos y, por el contrario, ha dado lugar al renacimiento de un fenómeno que tanto dolor ha generado al país, tanto o más profundo que el causado por la lucha guerrillera en el último medio siglo.

La pregunta que se cae de su peso es: ¿qué va a hacer el Gobierno para detener esta ola creciente de renacimiento del paramilitarismo? Hasta ahora, más allá del informe de la Defensoría, nada hemos escuchado al respecto.