‘Don Berna’, ‘Macaco’ y ‘Ernesto Báez’ son tres de los jefes paramilitares desmovilizados que tendrán que confesar sus crímenes ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía para acogerse a los beneficios plenos que les otorga la ley. Archivo I El País

El comisionado Restrepo cuestionó la demora de la aplicación de la norma por parte de la Fiscalía, que respondió que está cumpliendo los procedimientos. Si antes del 13 de febrero los 2.595 desmovilizados que se acogieron a la Ley no han rendido versión libre, se expondrán a perder los beneficios de la norma.

Redacción de El Pais - Bogotá.

El proceso de paz con los grupos paramilitares recibió del Gobierno Nacional un paliativo que, al menos, le permitirá salir del “estado terminal” en que se encuentra, según las propias autodefensas, y pasar a cuidados intensivos.

Efectivamente, el Ejecutivo anunció una reunión (aún no se sabe la fecha) del Alto Comisionado para la Paz con los jefes desmovilizados de esas organizaciones, recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, para analizar la crisis (ver comunicado).

Sin embargo, la preocupación por la fragilidad del proceso sigue latente, al punto que ayer el ex cabecilla paramilitar Salvatore Mancuso convocó al Gobierno, la Iglesia y la OEA para “buscarle soluciones a esta crisis”, e instó a los jefes de todos los partidos y movimientos políticos a “impulsar la creación de una comisión civil de la verdad”.

Mientras, el propio comisionado Luis Carlos Restrepo advirtió de uno de los talones de Aquiles del proceso: la no aplicación de la Ley de Justicia y Paz, columna vertebral de la desmovilización paramilitar.

Estos son los principales escollos que ha tenido la norma y que le han impedido entrar en funcionamiento:

1. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Según el Comisionado, si antes del 13 de febrero no son escuchadas en versión libre las 2.595 personas que se acogieron a la norma --el listado fue entregado a la Fiscalía el 26 de agosto último-- perderán los beneficios jurídicos.

“Hay un problema de administración de justicia: la Fiscalía dice que le queda difícil hacerlo (recibir las declaraciones colectivas). Nos pidió un decreto reglamentario para que ellos tuvieran que ratificar su sometimiento a Justicia y Paz. Hasta el momento, menos de 20 lo han ratificado. Nos parece que ese decreto reglamentario no puede ser un cuello de botella para la aplicación de aplicación de la Ley”, afirmó Restrepo.

Sostuvo que hay graves dificultades procesales, no hay cómo investigar ni hay suficientes fiscales para atender todos los casos de los desmovilizados. “La voluntad y la disposición de rendir indagatoria de los desmovilizados no será eterna”, precisó,

Recordó el reciente caso del ex integrante de las AUC alias ‘Mac Giver’, quien quedó en libertad, luego de que la Fiscalía le precluyera su proceso, pues en varias ocasiones quiso rendir indagatoria y no hubo quién se la recibiera. Ni siquiera se pudo tramitar una orden de captura, puntualizó el Comisionado.

Ayer, Luis González, coordinador de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, dijo que se están cumpliendo los procedimientos: primero está la ratificación de la lista de desmovilizados, luego viene la participación de las víctimas en la ley y finalmente las versiones libres de los implicados. “Todavía estamos en los tiempos estipulados”, agregó.

2. FALTA DE CONFIANZA. A lo largo del proceso, los jefes paramilitares desmovilizados han manifestado falta de credibilidad en la Ley de Justicia y Paz. De hecho, cuando la Corte Constitucional falló una demanda contra la ley, se presentó una situación tensa, pues los ex cabecillas alegaban que las condiciones iniciales habían cambiado.

El panorama empeoró más el viernes pasado, cuando el presidente Álvaro Uribe ordenó el traslado de 59 ex jefes de las AUC de La Ceja a Itagüí, por un presunto plan de fuga.

El politólogo Alfredo Rangel afirma que el Gobierno “se comprometió” a mantener a los desmovilizados en colonias agrícolas y cárceles especiales, y no en prisiones comunes.

3. LENTITUD ADMINISTRATIVA. La Ley de Justicia y Paz se expidió hace un año, pero había pasos previos para comenzar a operar: desmovilizaciones individuales y colectivas; judicialización de cada caso, cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y conformación de las listas de beneficiarios para su envío a la Fiscalía.

En este proceso, el Gobierno tardó un año: apenas el 26 de agosto llegó la lista de 2.595 beneficiarios a la Fiscalía.

4. ACUMULACIÓN DE PROCESOS. La lista de elegibles en manos de la Fiscalía tiene otro proceso: ese organismo debe diferenciar los delitos de lesa humanidad de los delitos menos graves, y luego comenzar a recibir la versión de los imputados.

“El Gobierno se ha demorado en expedir un decreto reglamentario para la Ley 782 que permite la libertad a personas no vinculadas a delitos atroces, y que beneficia a la gran mayoría de desmovilizados”, asegura Leonardo González, asesor académico de la Fundación Indepaz.

5. PRESUPUESTO Y PLANTA. Aunque la Fiscalía reorganizó su planta de personal para crear la Unidad de Fiscales de Justicia y Paz, la acumulación de procesos será el principal cuello de botella.

“El número de fiscales no es suficiente para conocer los expedientes. Qué decir de los jueces y magistrados de tribunales que son mucho menos. A futuro habrá que hacer ajustes a la estructura de la administración de justicia, porque se están congestionando el sistema nuevo y el sistema judicial viejo”, afirma el ex vicefiscal Francisco José Sintura.

“El proceso no está agonizando”

Ayer, el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, reconoció que la negociación con los paramilitares atraviesa una crisis de confianza, pero aclaró que el “proceso de paz no está agonizando”, como lo dijeron el lunes voceros de las autodefensas.

Restrepo defendió la decisión de trasladar a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí a 59 ex jefes desmovilizados de las AUC ante la posibilidad de una fuga, aunque fue enfático al señalar que se trata de una decisión tomada directamente por el presidente Álvaro Uribe.

Añadió que el Gobierno ha recopilado información de ciertas actividades dentro del sitio donde se encontraban recluidos los ex cabecillas, por lo que se vio obligado a tomar medidas.

El Comisionado se refirió a la negativa de los ex jefes ‘paras’ de recibir alimentos en el penal y dijo que éstos “tienen miedo de ser envenenados”, y agregó que por eso el Gobierno Nacional autorizó que les dieran comida distinta a la del reclusorio.

El número 2.400 presos se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, con lo que serían cinco mil las versiones que debe escuchar la Fiscalía.

El funcionario insistió en que los desmovilizados de las autodefensas podrían perder los beneficios de la Ley de Justicia y Paz si antes del 13 de febrero próximo no son escuchados en versión libre por fiscales de la República.

En sus propias palabras

El proceso de paz con los paramilitares ha sufrido una serie de crisis y eso deteriora la confianza... hay que reconocerlo, pero no es cierto que esté agonizando, como lo dijeron voceros de las autodefensas.

“No había plan de fuga”

El desmovilizado jefe paramilitar Salvatore Mancuso manifestó ayer que el proceso de paz con el Gobierno se encuentra en una etapa crítica y afirmó que no es cierto que haya existido un plan de fuga dentro del sitio de reclusión de La Ceja.

Mancuso pidió ayuda al Gobierno y a los diferentes partidos nacionales para “arreglar esta crisis, porque no podemos defraudar la esperanza de un paÍs”.

Pese a que argumentó que el Ejecutivo ha incumplido los acuerdos logrados durante el proceso, como el traslado de los 59 ex jefes de las AUC trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, precisó que la organización sigue creyendo en la administración del presidente Álvaro Uribe para alcanzar la paz.

El ex cabecilla negó también que haya una guerra interna dentro de las autodefensas y resaltó que las amenazas provienen de otros sectores.

Dijo, asimismo, que en su momento y ante las autoridades correspondientes contará la verdad sobre los nexos de los paramilitares con la dirigencia política.

“El país espera la verdad, pero un buen comienzo de ello debe ser la actitud del Gobierno en honrar la verdad en virtud del cumplimiento de los compromisos”, señaló Mancuso.

En sus propias palabras

Nosotros no estamos violando ningún acuerdo. Si el Gobierno tiene información de una eventual fuga, que presente las pruebas y no hable con base en suposiciones para tomar decisiones como el traslado.

El comunicado del gobierno

1. El Consejo de Ministros, encabezado por el Señor Presidente de la República, analizó los avances y dificultades del proceso de reintegración a la vida civil.

2. Es decisión del Gobierno mantener el proceso de paz con las autodefensas desmovilizadas. Con tal propósito, el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, procederá a concertar una reunión con los líderes desmovilizados que se encuentran en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

3. El Gobierno ratifica la intención, inmediata y oportuna, de continuar con la atención de los desmovilizados. Por ello, el alto consejero para la Reintegración, Frank Pearl, continuará sus reuniones regionales con los desmovilizados, para informar sobre los instrumentos de política que beneficiarán a esta población a corto y largo plazo. Concretamente, comunicará la decisión de extender la ayuda humanitaria a quienes permanezcan en el proceso y hayan salido recientemente de él, siempre y cuando expresen su voluntad de paz.

4. El Gobierno, a través de la Alta Consejería para la Reintegración, manifiesta que el proceso de reintegración será fortalecido: con un enfoque de largo plazo y mediante un modelo sostenible volcado a las regiones, vinculará activamente a las familias de los desmovilizados, como punto de partida hacia las comunidades. Además, contará con el apoyo decidido del sector privado y la comunidad internacional.

En sus propias palabras

“El decreto que el Gobierno aprobó nos indica que debemos proceder primero a la diligencia de ratificación del listado de las personas que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz. Además, el decreto señala que las víctimas son el ante todo y el sobre todo. Por lo menos mil personas nos han pedido que no empecemos la versión libre sin la información que ellos tienen”. Mario Iguarán, fiscal general.