Los traslados de ‘Macaco’ y ‘Don Berna’ a la cárcel de Cómbita el pasado viernes y su casi segura extradición, junto a los rumores, cada vez más insistentes, de la muerte de Vicente Castaño, señalan cambios sustanciales en la estructura del paramilitarismo y del narcotráfico. Nuevos liderazgos, así como nuevas estructuras y formas organizacionales, deberán hacer su aparición en el proceso de evolución del negocio de las drogas en el país. Y más importante aún, del poder que se extiende desde el narcotráfico hacia el control de regiones periféricas, cargos públicos y, en general, de toda la corrupción inevitable para mantener una empresa criminal de tales proporciones.

¿Qué vendrá entonces? A ciencia cierta, es difícil predecir la forma exacta que adquirirán las nuevas organizaciones, pero varios puntos en particular comienzan a vislumbrarse a partir de lo sucedido el viernes. En primer lugar, las posibilidades y el alcance del poder de los otrora pesos pesados del paramilitarismo se encuentra en franca decadencia. Es sólo cuestión de tiempo para que reduzcan su influencia sobre lo que sucede afuera de la prisión o para que algún tipo de prueba judicial los lleve a alguna situación similar a la de los dos jefes trasladados a Cómbita.

En segundo lugar, más allá de quién controle el negocio y la forma organizativa de la próxima generación de capos y ejércitos emergentes, lo cierto es que tendrán que hacerlo en un contexto de opinión donde la tolerancia a estructuras armadas irregulares será mucho menor que los periodos precedentes, cuando la contención de las Farc era más importante que los efectos colaterales del paramilitarismo. No deberán las nuevas organizaciones cambiar su forma de actuación por cambios en su entorno local, sino por nuevas exigencias e injerencia del poder político central. Y también por el peso de aquella parte de la sociedad colombiana al margen del poder de narcotraficantes y ejércitos privados (medios nacionales, clases medias de las ciudades, ONG, etc.) que es capaz de presionar a las fuerzas de seguridad y a los dirigentes políticos nacionales y regionales. Es muy probable que veamos en adelante estructuras armadas más discretas, enfocadas hacia el control de determinados espacios y transacciones, apelando a la lógica de infiltraciones clandestinas de los cargos de poder, en vez de un dominio evidente de lo militar y lo político.

Y en tercer lugar, la actuación del Presidente el viernes marca un paso definitivo para la estrategia del Gobierno en lo que queda del proceso de paz con las autodefensas. Los márgenes de maniobra se fueron reduciendo hasta que las evidencias de otras ramas del poder y de agencias de seguridad internacionales reclamaban del Gobierno una acción creíble contra los paramilitares recluidos en Itagüí. Pero el problema es más grave que las retaliaciones que se desprendan del viernes. Así se extradite a todos los jefes paramilitares hoy recluidos en cárceles colombianas, luego del proceso de paz con las autodefensas, va a quedar claro que en el país persiste, y probablemente con más intensidad, el problema de narcotráfico y ejércitos privados. En esa medida, para el Gobierno es deseable, a cómo de lugar, llegar con algunos ex comandantes hasta el final del proceso y minimizar la gravedad de la nueva generación de narcos y ‘paras’, pese a que de fondo subsista la pregunta acerca de la utilidad para Colombia de todo el desgaste y las expectativas surgidas del proceso de Ralito si poco se ha avanzado contra la violencia política derivada del narcotráfico.