En febrero de 1999, el Gobierno Nacional anunció el comienzo de un ambicioso proyecto que dotaría al Valle de la mejor malla vial del país. En 39 meses, cerca de 400 kilómetros serían intervenidos para repararlos o construir nuevos tramos, pasos a desniveles, intersecciones y dobles calzadas.

Sin embargo, ocho años después, la realidad es muy distinta. Puentes que desembocan a cañaduzales, trayectos que empiezan en concreto y terminan en césped y carreteras que se reducen a la mitad sin previo aviso ya son parte del paisaje vallecaucano. Todo porque una iniciativa que iba a impulsar el progreso del departamento se transformó en una obra de nunca acabar.

Con el argumento de la negociación de predios, que se ha convertido en eterna excusa para justificar el retraso de años que presenta el proyecto y las renegociaciones que se le han hecho al contrato con la Unión Temporal encargada de los trabajos. ¿Acaso no se sabía que las nuevas carreteras iban a pasar por casas, fincas y bienes públicos y privados qué había que comprar?

Tal ignorancia explica que una obra por la que el Estado terminará pagando $700.000 millones aún no tenga fecha de terminación, porque no se han adquirido los predios que se requieren. Esa disculpa fue creíble hasta el 2004, cuando se admitió que la tramitomanía del Invías había perjudicado el proceso y se decidió que el concesionario asumiera esa tarea. Sin embargo, tres años después, cuando es evidente que tampoco se acatará el último plazo acordado, junio del 2008, ¿cuál será la razón para el incumplimiento?

Es cierto que los dueños de los 193 predios que aún no se han negociado tienen mucha responsabilidad en el tema. Porque deberían entender que el bien público prima sobre el particular y que es hora de que demuestren el afecto que sienten por la región, acogiéndose a los precios que el Estado ha fijado para la adquisición de los terrenos. Pero es claro que el concesionario está en mora de explicarles a los supuestos beneficiarios de la obra qué ha hecho con el dinero que ha recaudado en los peajes durante todos estos años y cuánto tiempo más tendrán que esperar para ver concluido lo que se les prometió hace ya casi una década.

Algo que no va a suceder, mientras el Instituto Nacional de Concesiones, Inco, no asuma el papel que le corresponde en defensa del interés ciudadano, antes que dedicarse a justificar la demora. Porque no se entiende que sus funcionarios digan que los trabajos van bien, mientras la propia Unión Temporal acepta que hay limitaciones en cinco de los seis tramos a intervenir y que aún hay diseños por definir.

¿Qué se ha hecho para agilizar las expropiaciones y evitar más demoras? ¿Cuántas multas por incumplimiento se le han impuesto al concesionario? ¿Qué dice la interventoría ante las permanentes quejas por la falta de señalización en la vía? Eso es lo que se les debe responder a los vallecaucanos, quienes no aceptan que el proyecto, vital para la región y el país, haya tenido tan extraño desarrollo.
 

 

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