¿Cuál es la similitud entre el contrato de Emcali con Parquesoft y el de Empresas Públicas de Medellín, EPM, con Open System, una de las firmas encargadas de realizar la plataforma tecnológica integral de la empresa de servicios de Cali? ¿Y cuál es la diferencia, para que el uno termine en escándalo y el otro en alabanzas y reconocimientos?

Para hablar de las similitudes, basta decir que, en ambos casos, se trata de adquirir tecnología para mejorar el manejo de la información, los sistemas de facturación y la base de datos sobre los clientes. Aunque lo de Emcali es mucho más amplio, en ambos casos se toca el corazón de una empresa de servicios. Y aunque en Emcali la contratación costó US$23 millones y en EPM US$15 millones, los dos fueron adjudicados en forma directa.

Que sea bueno o sano permitir que esos montos se puedan contratar en esa forma, será siempre motivo de controversia, cuando se habla de comprometer el patrimonio público. Más en un país donde ninguna limitación legal ha servido para detener la larga mano de la corrupción y los intereses protegidos por la política. Y donde muchos de los contratistas han mantenido sus negocios mediante la financiación de campañas, las que después son felizmente retribuidas. O donde esos contratistas alcanzan a adquirir tal poder, que pueden amenazar en forma descarada a quien no se pliegue a su voluntad.

¿Cuáles son las diferencias? Que mientras el contrato de Emcali abarca toda la plataforma tecnológica, el de EPM sólo incluye la parte comercial. Que a Emcali le costó US$23 millones construir su plataforma, y EPM va por los US$60 millones, con diferentes empresas, y todo contratado en forma directa. Que EPM es defendida por los paisas, mientras Emcali apenas se repone de la quiebra, tiene $500.000 millones en caja, despierta toda la voracidad del clientelismo y el Alcalde de Cali no cuenta. Y que en Medellín no está Servigenerales ni el señor Ríos ni el abogado Lombana.

Hay otros elementos: los antecedentes de Servigenerales en Emsirva y el aviso de su Gerente Interventora de no prorrogar un contrato por nueve mil millones de pesos anuales con la empresa del señor Ríos y apoderada por el abogado Lombana, a quien los medios de comunicación conocen. Eso no se da en Medellín. Como tampoco se presenta la desventura de que la Superintendencia de Servicios Públicos haya intervenido sus dos empresas públicas más importantes porque el clientelismo las devoró. O que los contratistas tengan el poder de influencia que les otorga su apoyo a las campañas políticas.

Esos ingredientes, más la influencia del abogado Lombana en los medios de Bogotá, están en la médula del escándalo que armó El Tiempo con una información que El Pais publicó hace catorce meses. A lo que hay que sumar el afán por apoderarse de la Gerencia de Emcali. Ahora, una vez destruida la reputación de Carlos Alfonso Potes y de Parquesoft y acorralada la Superintendente por el embate mediático, basta mostrar los méritos ante el presidente Uribe para reclamar, o negociar, el preciado trofeo.

Creo que Potes y Orlando Rincón tienen cómo explicar su actuación y merecen el espacio para ello. Pero me preocupa que unos esfuerzos por hacer cosas bien hechas, que beneficien a la ciudad, y a la vista de todos, sean arrasados por la feria de los intereses creados que hay alrededor de las empresas públicas en Cali y en toda Colombia.