JarillónLa amenaza silenciosa de Cali

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¿Y qué pasaría si de pronto, después de un fuerte invierno, buena parte de la Cali que hoy usted conoce desapareciera del mapa? ¿Si la ciudad quedara convertida en una enorme alcantarilla plagada de olores nauseabundos y epidemias terribles? ¿Si 900.000 caleños perdieran sus casas y sus muebles? ¿Si el 75% de los barrios de Cali quedaran sin una gota de agua potable en el grifo? ¿Qué pasaría si de la noche a la mañana quedáramos condenados a trabajar 25 años para reconstruir a Cali después de una enorme inundación? Por increíble que parezca, todo esa pesadilla podría suceder si se rompe el dique que nos protege de una posible creciente del río Cauca. Si después de leer estas líneas todavía piensa que este es un problema que nunca lo tocará, lo invitamos a descubrir la amenaza silenciosa que todos los caleños enfrentamos por el deterioro del jarillón.

El "Katrina" de Cali

En noviembre de 2010, durante el pasado Fenómeno de la Niña, los vallecaucanos conocieron la fuerza de las aguas del río Cauca.

En esa época, el dique de Puerto Molina, en el municipio de Obando, sufrió una ruptura al no soportar la furia que traía el río después de varias semanas de fuertes lluvias.

Una vasta zona de por lo menos 3.000 hectáreas – equivalente casi a la cuarta parte de Cali – quedó bajó las aguas. Las pérdidas en cultivos se calcularon en $77.000 millones. Muchas familias perdieron no solo sus viviendas, sino también su medio de sustento económico. En su momento, algunos vallecaucanos catalogaron esa tragedia como una pequeña réplica del pasaje bíblico sobre el Diluvio Universal.

Esa historia podría repetirse, pero no en un lejano paraje agrícola del norte del Valle, sino en la misma Cali. Y si llegara a ocurrir hoy, mañana, o incluso el año próximo, lo que viviríamos en carne propia los caleños sería un pasaje real del Apocalipsis.

Una vista del jarillón desde el río Cauca

Suena a exageración, pero no lo es. Después de largos y detallados análisis, los estudiosos del tema han concluido que la magnitud de esa eventual tragedia solo sería comparable con lo sucedido en Nueva Orleans en 2005, cuando el 80 % de esa ciudad quedó inundada debido a que su sistema de diques colapsó tras el paso del huracán Katrina.

¿Por qué?

Tal vez usted sea una de esas personas que se encoge de hombros cuando oye hablar del jarillón del río Cauca y presta poca atención al tema. Aunque ha sido uno de los asuntos más polémicos de la vida municipal durante los últimos años, muchos caleños creen que es un problema relacionado solo con el Distrito de Aguablanca y que, si el jarillón se llegara a romper, sus vidas no se afectarían en lo más mínimo.

Nada más equivocado. Los estudios técnicos que se han hecho indican que, de llegar a romperse el dique que protege a la ciudad de las aguas del río Cauca, 10 comunas del Oriente de Cali y un corregimiento podrían inundarse. Y unas 900.000 personas podrían resultar afectadas por las pérdidas de bienes, enseres, e incluso de la propia vida.

Pero habría aún mucho más. En la zona inundable está la infraestructura que provee a casi todo Cali de agua potable. Y también están allí los principales sistemas del alcantarillado de la ciudad.

Si en una fuerte temporada de lluvias la presión de las aguas del río Cauca logra romper el jarillón, podrían salir del servicio la planta de tratamiento de agua potable de Puerto Mallarino y la planta de tratamiento de aguas residuales (Ptar) de Cañaveralejo.

El 75% de la ciudad quedaría sin suministro de agua potable. Y el 70% de las aguas residuales que se generan en nuestros hogares no se podrían tratar, por lo que todos los caleños quedarían expuestos al riesgo de múltiples epidemias.

Juan Diego Saa, funcionario de la Alcaldía que coordina todo el plan para corregir el problema, lo define de una forma cruda y contundente: “Cali quedaría convertida en algo así como una gran alcantarilla por la imposibilidad de tratar las aguas servidas”.

¿Ahora entiende por qué el problema del jarillón del río Cauca sí debe preocuparle, aunque usted no viva en el Oriente?

¿Cuándo puede pasar?

Para buscar soluciones al problema, el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Cali le pidieron a una comisión de técnicos holandeses, expertos en manejo de agua y diques, y a la Corporación Osso, que determinaran qué tan grave es la situación.

Los estudios que ellos entregaron en el año 2013 concluyeron que a lo largo de los 17 kilómetros del jarillón hay seis puntos críticos en los que el terreno tiene tal grado de inestabilidad, que el dique podría fracturarse fácilmente causando una tragedia

Estos están en el corregimiento de Navarro (a menos de un kilometro de la desembocadura del Canal Interceptor Sur con el río Cauca) y en los asentamientos irregulares conocidos como Brisas de un Nuevo Amanecer (kilómetro 13), Samanes (kilómetro 15), Brisas del Cauca (kilómetro 19), Cintalarga (kilómetro 20) y Venecia (kilómetro 21).

Una vista del jarillón desde el río Cauca

En todos se identificaron boquetes en el jarillón, producto de varias situaciones: la presencia de hormiga arriera (insecto que se caracteriza por hacer cavernas en la tierra), las tuberías ilegales de agua y alcantarillado instaladas informalmente por las personas asentadas en el jarillón, 118 rampas para que los vehículos transiten por el dique, y múltiples escombreras ilegales.

Pero no es solo eso lo que amenaza al jarillón. La misma infraestructura de servicios públicos de acueducto y alcantarillado de Emcali es un riesgo para el dique. Las tuberías de la estación de bombeo de Paso del Comercio y de las plantas de Puerto Mallarino (de agua potable) y Cañaveralejo (de aguas residuales) también lo debilitaron.

Adicionalmente, puesto que el Oriente de Cali es una zona inundable (antes de la construcción del jarillón, el río Cauca inundaba todos los terrenos cultivables que hoy son el Distrito de Aguablanca), los suelos tienen una mayor inestabilidad.

“Existe la posibilidad de que en caso de un terremoto se produzca la licuación de los suelos. Es decir, el terreno se movería como si estuviera dentro de una licuadora, generando la destrucción del dique”, advierte Rodrigo Mercado, supervisor del Plan Jarillón de Cali en la CVC.

Si bien todo el jarillón tiene algún grado de vulnerabilidad frente a un sismo, los puntos más frágiles ante un evento de la naturaleza de este tipo están ubicados entre el antiguo basurero de Navarro y la desembocadura del Canal Interceptor Sur con el río Cauca, entre el sector de Samanes y la planta de tratamiento de agua de Puerto Mallarino y cuando el río Cali le entrega el agua al Cauca.

Según la CVC, una inundación como esa puede suceder hoy o en un período de 500 años. Es un rango demasiado amplio, si. Pero cabe la posibilidad de que ocurra en cinco siglos… o en cinco años. O tal vez en menos.

¿Qué pasa si se rompe?

De acuerdo con la simulación de una posible inundación realizada por los expertos holandeses y la Corporación Osso, las comunas que tendrían mayor grado de impacto por inundación serían la 21, 7, 6, 13 y 14.

Después estarían, las comunas 5, 8, 12, 16 y 15 y el corregimiento de Navarro, catalogadas como de riesgo medio o bajo.

Pero lo cierto es que, en su peor escenario, un evento de fuertes lluvias que rompa el dique puede acabar con el Distrito de Aguablanca.

Germán Arce, gerente del Fondo Nacional de Adaptación (entidad del Gobierno que coordina la atención a este problema), dice que si Cali no comienza a hacer ya las obras de reforzamiento del jarillón, la ciudad se expone a perder las inversiones que ha hecho para darle condiciones dignas a los habitantes del Distrito de Aguablanca.

“Sería como devolver la ciudad tres décadas en el tiempo. Sería tan catastrófico, que mientras otras ciudades del país destinarían sus recursos a ser más competitivas, la capital del Valle tendría que orientar todo a reponerse de un desastre”.

Las estimaciones indican que las pérdidas serían de $7 billones, y que Cali tardaría 25 años en reconstruirse totalmente.

En contraste, hacer las obras para evitar que el jarillón se rompa costaría $1 billón. Y la mayoría de esos recursos ya están garantizados por la Nación.

Pero la ciudad corre el riesgo de perderlos, porque para ejecutar los trabajos lo primero que se debe hacer es retirar de la zona a las 8.777 familias que durante las últimas décadas se asentaron en el jarillón.

Mientras tanto, el reloj de una posible tragedia sigue avanzando…

Al borde de una tragedia

A lo complejo que ha sido trasladar las familias del jarillón, se suma que muchas de las que fueron reubicadas han retornado huyendo de la violencia en la ciudad.

Radiografía de un fenómeno ignorado durante años.

Lo primero que se advierte al llegar al jarillón, la estructura de 17 kilómetros que, si llegara a colapsar anegaría la mitad de Cali, es que por ningún lado se ve la obra construida en los años 50.

Desde finales de los 80 empezó a desaparecer esa barrera que protegía la ciudad de las inundaciones provocadas por la creciente del río Cauca y sobre ella se fue levantando otra Cali; una que creció frente a todos de manera irregular y al ritmo que impuso la pobreza, el desplazamiento, la violencia y la politiquería. Sobre esa franja de 17 kilómetros de largo por 60 metros de ancho llegaron las primeras familias a finales de los años 80 y para el 2005 eran 12 asentamientos ilegales con cerca de 2500 familias; el problema siguió creciendo de manera exponencial en la última década y hoy sobre la margen, según la Procuraduría, hay 27 asentamientos con 5953 familias.

Hernando Uribe Castro, sociólogo y docente de la facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma, ha estudiado por años el fenómeno y considera que el poblamiento del jarillón es el resultado de un diseño territorial de una élite política empresarial que vio en el valle geográfico del río Cauca, entre Santander de Quilichao y La Virginia (Risaralda), un proyecto agroindustrial.

“Cuando se construye la Salvajina para regular el Cauca, se canalizan los ríos que bañan a Cali y se levanta el jarillón, el resultado es que esas tierras que se inundaban quedan aptas para los cultivos y si no hay control por parte del Estado sobre esas áreas lo que obtienes son procesos de poblamiento”, explica Uribe Castro.

Se estima que son 25 años los que tardaría la reconstrucción de Cali si el jarillón sobre el río Cauca llegara a romperse. De ahí el esfuerzo del Gobierno Nacional, a través del Fondo de Adaptación, la Administración Municipal, la CVC y Emcali para sacar adelante el Plan Jarillón, una obra que vale cerca de $1 billón y contempla el traslado de todas las familias y el reforzamiento del dique.

Lo preocupante, como lo constató El País esta semana durante un recorrido, es que muchas de las 1266 familias que ya fueron reubicadas están retornando al jarillón para escapar a la ola de violencia en los sectores adonde fueron trasladados y nuevas personas están llegando para ver si en un golpe de suerte obtienen una casa.

En las entrañas del jarillón

En un intento de explicar por dónde va el jarillón, Alicia Montaño, líder del corregimiento de Navarro, lleva su mano derecha hacia atrás y la devuelve con fuerza adelante para enmarcar una línea imaginaria que va por sobre casas, fincas y fábricas, entre otros. Apenas iniciamos el recorrido en Navarro y la primera imagen parece irreal. Lejos de asumir la responsabilidad política de desalojar la margen del río, anteriores gobiernos legitimaron el fenómeno construyendo sobre el jarillón, en zona inundable, el colegio público de Navarro, el puesto de salud y la estación de Policía.

Según un balance de la Alcaldía de Cali, sobre el jarillón no solo hay más cinco mil familias, sino que se identificaron 1015 unidades productivas, entre las que se destacan un colegio privado, cuatro instituciones públicas, cuatro iglesias cristianas, dos balnearios y hasta lagos de pesca.

Durante los 4,5 kilómetros que hay entre Navarro y el sector de Decepaz, el tramo del jarillón con menos población asentada se han levantado 606 viviendas cuyos habitantes, en su mayoría, se dedican a actividades como la ganadería, la extracción de material de río y la cría de aves de corral.

La situación más crítica empieza a asomar en el sector de Samanes, en la llamada vuelta de las Córdoba, donde hoy habitan 173 familias que, según Isabel Guerra, tesorera de la Junta de Acción Comunal, no puede ser catalogadas como invasoras.

Fue la misma CVC, según los documentos que tienen, la que sacó a siete familias que habitaban junto a la Ptar en los años 90 para llevarlas a un sitio más seguro y las ubicó sobre la línea del jarillón, donde les parcelaron con contrato escrito y les cobraba un arrendamiento; pero la CVC no volvió a hacer presencia y las familias fueron vendiendo por lotes el terreno. Hoy se asientan en Samanes desde proyectos agrícolas, establos y restaurantes, hasta lagos de pesca, talleres y pequeñas empresas que derivan su sustento de la manipulación de productos alimenticios.

Kilómetros más arriba asoma Brisas del Cauca, detrás de la Planta de Puerto Mallarino, uno de los mayores asentamientos en la ciudad y donde muchos de sus habitantes se presentan como víctimas de la violencia y del desplazamiento forzado. El sector está ocupado por 1005 familias y tiene variedad de fábricas y comercio, pero también es el escenario de 14 grandes escombreras que deformaron el cauce del río Cauca. El último censo de la Alcaldía reveló que en las unidades productivas que se levantan sobre el jarillón se generan 2637 empleos.

No obstante, Juan Diego Saa, gerente del Plan Jarillón de Cali, asegura que estos empleos son informales al igual que los negocios establecidos sobre el dique “porque ninguno está en Cámara de Comercio, no pagan predial ni agua ni luz y llevan asentados ahí un buen tiempo; todos estos costos que asumen las empresas formales ellos no los asumen”.

Uno de los sitios que es prioridad intervenir para proteger la ciudad de un eventual rompimiento del jarillón está en el kilómetro 14 del recorrido y es el espacio que ocupan los sectores de Venecia, Las Vegas y Cinta Larga, donde residen 745 familias. Como en todo el recorrido, la pobreza asoma por cada rincón y es en este sector donde habría el mayor número de marraneras y empresas en las que se producen artículos en aluminio, madera, colchones y plantas de reciclaje, entre otros. El otro extremo del jarillón lo cierra el zoológico de Villa Lorena, en Floralia, donde tampoco se podría hablar de asentamientos irregulares.

“La gente a Floralia llegó como asociación de agricultores urbanos con autorización del Ministerio de Agricultura y con acta de constitución. El mismo Estado legitimó una asociación sobre el jarillón; en principio eran 10 familias y luego vino el proceso complejo de poblamiento que existe hoy”, dice Hernando Uribe.

De cualquier manera, la piedra angular para la recuperación del jarillón es lograr cuanto antes la reubicación de las familias asentadas, pero el proceso sigue siendo complejo.

El dilema del desalojo

Aunque las estadísticas de la Administración dicen que 1266 familias han sido reubicadas en viviendas dignas en otros sectores, la verdad sobre el terreno muestra una realidad preocupante.

Y es que muchas de esas personas que dejaron sus ranchos a cambio de un apartamento en otro lugar, están retornando al jarillón, sobre todo en Brisas del Cauca, Venecia y Las Vegas escapando de la violencia.

El gerente del Plan Jarillón, Juan Diego Saa, reconoce que “se han visto enfrentados a la problemática del sector, pero estamos trabajando con la Policía porque finalmente el Plan Jarillón es un proyecto prioritario de toda la Administración Municipal”.

Recalcó que el Plan Jarillón no busca pasar “de familias pobres sin casa a familias pobres con casa; sino establecer un modelo de inclusión social. Que esas familias además de estrenar vivienda digna, estrenen una nueva vida y que estrenen la ciudadanía; eso implica la formalización, implica estar en el sistema de salud y la vinculación al sistema educativa, entre otros beneficios”.

Agregó que exploran alternativas para ubicar de la mejor manera y cuanto antes a aquellas familias que tienen unidades productivas.

ABC del jarillón que protege a Cali

El que fue durante cuatro décadas el escudo protector de la ciudad, pasó a convertirse en los últimos 15 años en una amenaza latente. Abandonado a su suerte, el jarillón del río Cauca quedó condenado a ser sinónimo de asentamiento, pobreza, de desigualdad y riesgo.

Pero, ¿qué es en realidad el jarillón del río Cauca? ¿Cuál es la importancia de protegerlo? ¿Cuáles son los riesgos a los que se expone la ciudad? ¿Cuáles las alternativas que se exploran?

¿Qué es el jarillón?

El jarillón es una barrera que fue construida por la CVC para proteger la zona oriental de la ciudad de las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Cauca y permitir la actividad agrícola en un sector que para entonces estaba alejado de la ciudad y era apto para cultivos.

¿Cuándo fue construido el dique?

El proyecto empezó a ejecutarse en el año de 1958 y fue entregado en 1962. Parte de él fue asumido por el entonces Instituto de Crédito Territorial para permitir resguardar unos terrenos en los cuales se proyectaba el crecimiento hacia el oriente de Cali.

¿En qué consistió el proyecto?

Para entonces la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC) buscando contrarrestar las crecientes del río Cauca, levantó un dique de 17 kilómetros de largo y 1,70 metros de alto compactando tierra, arcilla y gran cantidad de materiales orgánicos.

¿Por qué se permitió que se poblara la margen de protección?

Fue una combinación de factores entre errores administrativos, falta de autoridad de las entidades que protegen el medio ambiente, politiqueros que en el marco de sus campañas prometieron legalizar esos terrenos y la llegada de miles de personas a la ciudad que huían de la pobreza y la violencia, sobre todo en el Pacífico colombiano.

¿Quién debe proteger el jarillón?

El mantenimiento del jarillón debería estar a cargo de la CVC y de Emcali en los sectores en los que tiene ubicadas plantas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales; sin embargo, proteger el dique de invasiones es un tema de la Alcaldía de Cali a través de la Secretaría de Gobierno.

¿Bajo qué circunstancias puede fallar el jarillón?

Puede presentarse una eventualidad por dos situaciones: que haya una creciente del río en la que el agua supere la cresta máxima y produzca el rompimiento o por algún movimiento telúrico que fracture y derribe la estructura.

¿Por qué se deben desalojar esas familias que lo habitan?

La razón principal es que las familias que están asentadas sobre el jarillón y la zona húmeda están en riesgo no mitigable y tienen expuestas sus vidas. Pero también porque su presencia en la barrera protectora ponen en riesgo toda la ciudad.

¿Qué va a ocurrir si se rompe?

Además de las pérdidas billonarias que se registrarían en la ciudad y la calamidad social y ambiental a las que nos veríamos expuestos, deberían pasar cerca de 25 años para que Cali vuelva a reconstruirse. Cali se convertiría en una ciudad inviable.

¿Qué se busca ahora con la puesta en marcha del llamado ‘Plan Jarillón’?

Es un macroproyecto diseñado para evitar la tragedia social, económica, ambiental y de infraestructura que generaría la ruptura del jarillón. El propósito es sacar a las familias que ocupan el jarillón y empezar cuanto antes la recuperación de la estructura.

¿Bajo qué condiciones son reubicadas las familias?

Para reubicar una familia se deben cumplir tres condiciones básicas: que hayan sido verificadas en el censo que se hizo entre el 2013 y 2014 y figuren entre las 8777 familias que habitaban el jarillón, que no tengan ningún tipo de propiedad y que nunca hayan recibido un subsidio de vivienda.

¿Qué pasará con las familias que llegaron después del censo?

Esas personas ya no podrán hacer parte del programa de reubicación porque se presume que llegaron con el propósito de obtener una vivienda gratuita y el ‘Plan Jarillón’ no es un programa de vivienda sino de mitigación de riesgo.

¿De qué manera se intervendrá el jarillón una vez esté liberado?

Se planea la construcción de una barrera en concreto para elevar a cuatro metros el jarillón y con una extensión de 26 kilómetros: 7 kilómetros del colector sur de Navarro, 17 kilómetros de jarillón del Cauca y 2 kilómetros de jarillón en el río Cali. También se instalarán columnas de grava en la pata húmeda (Entre el jarillón y el río) y se intervendrán las lagunas del Pondaje y Charco Azul.

¿Para cuándo está prevista la obra?

La idea es que el jarillón sea liberado completamente a finales del próximo año y se inicien las obras en las zonas más críticas del jarillón. De momento ya se viene trabajando en la margen del colector sur de Navarro y se estima que ya hay 10 kilómetros liberados, de los 26 kilómetros que se intervendrán.

El drama humano

Más de ocho mil familias, que han crecido en el Jarillón, deberán salir del lugar. Lo difícil de volver a empezar.

Vivir en el Jarillón del río Cauca es como crecer en una finca, dicen sus habitantes. En la mañana se escucha el cacareo de un gallo, el canto de los pájaros y el galopar de los caballos. Se cultivan los alimentos y crían animales para el consumo. Pero esta estructura nunca fue autorizada para ser la ‘finca’ de más de ocho mil familias, que de continuar allí, ponen en máximo riesgo de inundación a una ciudad con más de dos millones de habitantes, aunque algunos de ellos se resistan a creerlo.

Con su vivienda a 50 metros del río Cauca, Florinda Pinchao dice que “en el Jarillón tenía un verdadero hogar”.

En el dique, Florinda vivió por 35 años en compañía de su esposo, con quien tuvo tres hijos a los cuales crió, envío al colegio y luego vio alejarse para formar sus propias familias. Llegó a Cali hace 51 años desde Nariño, y pasó su juventud en una casa arrendada del barrio Atanasio Girardot, al oriente de la ciudad. Cuando se casó, compró un lote de 9 metros de frente por 60 metros de fondo, ubicado en el asentamiento Las Vegas del Jarillón, por el que pagó, en 1981, 240 mil pesos.

En ese predio construyó dos viviendas de las que sólo quedan escombros, pues fueron demolidas el 10 de junio del 2015, como parte del proceso de reubicación de las familias asentadas sobre el dique. “Ahora vivo amontonada en la casa de una hija y me dicen que no tengo derecho a reubicación, porque tengo un predio en el barrio Alirio Mora Beltrán”.

Pero ella asegura tener la protocolización de la escritura y los recibos de servicios públicos que pagó desde 1990 de las casas en las que ahora no puede vivir.

A Diomer Orozco, en cambio, aún no le han derrumbado su casa. Pagó 12 millones de pesos en el 2001 por un lote en el Jarillón, cuando se organizó con su esposa; aunque ha vivido por 32 años en ese sector, desde que migró con sus padres de Cartago.

“Llegué empezando mi adolescencia y me encontré un lugar tranquilo, con varias granjas, donde aprendí a trabajar”, dice mientras mira hacia Petecuy, el barrio que recuerda como un gran cultivo de millo que crecía bajo las faldas del dique.

Diomer sabe que en algún momento tendrá que abandonar el Jarillón, pero como muchos otros, aún no ha acordado su reubicación por temor a perder su predio, su actividad productiva y a no adaptarse a la vida de una unidad residencial.

“En 1992, Emcali compró unos predios para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Ptar, y todos pensamos que nos iban a comprar. Como no fue así, vino un ingeniero y nos dijo que mejoráramos nuestras condiciones porque nadie nos iba a sacar de acá”.

Y eso fue lo que hicieron. Levantaron cimientos, pegaron ladrillos y adecuaron sus casas en los sectores Venecia y Las Vegas, dos de los 13 asentamientos que tiene en jaque la estabilidad del Jarillón.

“Muchos nos marginan porque vivimos acá, pero no todo el Jarillón es malo, la inseguridad está en los lados que colindan con los barrios”. Por eso, según Diomer, “lo único malo de vivir acá es que nos quieran sacar”.
El drama humano - Alba Lucia Bedoya

A Florinda, Diomer, Carmen, Marta y los demás pobladores de ese tramo del Jarillón, nunca les alertaron que su casa estaba sobre un lugar prohibido, que de romperse pondría en riesgo de inundación a todo el oriente de Cali. Pero ninguno de ellos considera al Jarillón como un terreno de alto riesgo, pues “en todos estos años que llevo viviendo aquí, nunca se ha desbordado el río Cauca”, afirma uno de ellos. Pero el Cauca sí causó estragos en la vivienda de Alba Lucía Bedoya, de 44 años, quien llegó desde el municipio de Risaralda, Caldas, a vivir en en el asentamiento Brisas de un Nuevo Amanecer, ubicado sobre el Jarillón.

“No teníamos cómo pagar más arriendo en una casa en el barrio Desepaz. Un día se presentó la oportunidad de invadir el Jarillón y así lo hicimos. Pero vivir allí es estar en medio del riesgo”, dice.

En la casa de esterilla en la que vivió por cerca de 10 años, Alba tenía un comedor, las camas y unos cuántos electrodomésticos, que perdió después de la ola invernal del 2011, cuando el nivel del río subió tanto, que arrasó con sus pertenencias a su paso.

Cuenta que recuperó muy pocos enseres y que levantó nuevamente un cambuche con plástico, pero su situación se tornó más precaria que la que padecía antes.

Luis Alberto Prado no perdió sus enseres por el agua, sino por el fuego. Vivía también en ese asentamiento y un incendio acabó con su casa y la de sus vecinos. “Siempre hay riesgo que alguien deje una vela prendida o se genere un corto circuito, es algo común en los asentamientos”, relata este hombre de 27 años que trabaja como vigilante de la cuadra.

Ambos viven ahora en la Unidad Residencial Río Cauca, unas torres de cinco pisos de colores blanco, naranja y verde, donde fueron reubicados por el proyecto Plan Jarillón.

“La diferencia es tener una casa digna para vivir. No tengo que preocuparme por pagar arriendo, sino por los servicios y la alimentación. Realmente mi vida sí mejoró”, cuenta Alba, quien está próxima a cumplir su primer aniversario en el conjunto donde también reubicaron a 424 familias del asentamiento en el que vivió.

Ahora es conocida como la vecina de la torre 29, que vive con su esposo, sus dos hijos y sus mascotas: un perro y una ardilla. “Sí hay problemas de convivencia, como en todas partes, pero yo no me meto con nadie y vivo tranquila”, dice sentada en los muebles naranjas de su nueva sala.

Los apartamentos de 40 metros cuadrados, son muy pequeños dicen sus habitantes, pero “no hay nada como tener un techito donde estar con tu familia, viviendo seguro”, cuenta Luis Alberto.

Betty*, opina diferente. Tenía una vivienda más grande en Venecia y aún no se adapta a la vida compacta de un conjunto residencial. “Yo vivía de los animales que tenía en mi predio, y aquí estoy con las manos cruzadas, buscando generar otros ingresos. Yo no estoy tan feliz como los demás”.

En las unidades residenciales, donde están siendo ubicados los habitantes del Jarillón, el cantar de las aves está acompañado por los sonidos cotidianos de la ciudad y los animales de crianza fueron reemplazados por perros y gatos. Allí, más de 1860 familias ya enfrentan el desafío de construir una nueva vida, gestionar otras opciones laborales para su sostenibilidad y adaptarse a la convivencia en comunidad, reto que aún confronta a más 6.917 familas que todavía no le dicen adiós al río Cauca.

*Nombre cambiado

SI EL JARILLÓN ES ZONA DE ALTO RIESGO, ¿POR QUÉ SUS HABITANTES NO HAN PODIDO SER REUBICADOS?

Cuando más necesario se hace despejar el dique, han empezado a retornar varias de las familias que habían sido reubicadas huyendo de la violencia y la ola de extorsiones que afectan los sectores donde habían sido trasladados.

Zonas a reubicar

Varios han sido los intentos para desalojar a las miles de familias que habitan el jarillón del río Cauca, pero el resultado no ha sido el esperado. Muchas de las 1860 familias que ya fueron reubicadas están retornando, mientras aún es incierto lo que suceda con las 5913 que permanecen en la zona. ¿Por qué no se van?, haga clic en cada punto señalado en el mapa y vea el video con la opinión de habitantes asentados en zonas críticas.

Puntos Críticos

Rio Cauca y demás fuentes hídricas

Jarillón

Puntos Críticos

El estudio realizado por la Comisión Holandesa por el Agua (firma Royal Haskoning-DHV), cuyos resultados se entregaron en el 2013, identificó seis posibles puntos de ruptura del Jarillón sobre el Río Cauca. Estos puntos están localizados en los asentamientos de Venecia, Cinta Larga, Brisas del Cuaca, Samanes, Brisas del Nuevo Amanecer y Navarro. Dentro de las causales que han debilitado al jarillón están la instalación de 118 rampas para subir el dique y las escombreras ilegales. En su momento se dijo, además, que en otros 12 sitios las tuberías de los asentamientos ilegales e incluso las instaladas por Emcali para el funcionamiento de las estaciones de bombeo del Paso de Comercio y Floralia y de las plantas de tratamiento de agua de Puerto Mallarino y Cañaveralejo (Ptar) afectaban su estabilidad.

ESCENARIO DE UNA POSIBLE TRAGEDIA

De acuerdo con estudios de modelaje hidráulico, 73 barrios de las comunas 5, 6, 7, 12, 13, 14 y 21, así como el corregimiento de Navarro, se verían afectados por una inundación, si se llegara a romper el jarillón. Serían 900.000 personas las que se verían afectadas en un área de aproximadamente 3.700 hectáreas. Igualmente, se inundarían la Estación de Bombeo Paso del Comercio de Emcali, las plantas de tratamiento de agua potable de Puerto Mallarino y Río Cauca (que surten de agua al 70 % de Cali) y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Ptar, provocando una crisis sanitaria. Las pérdidas económicas estimadas si ocurriera una inundación por la ruptura del jarillón superarían los $7.2 billones. Las proyecciones se hicieron en caso de presentarse un escenario de amenaza en un tiempo de retorno (medida estadística de cada cuánto se presenta un evento, en este caso, desbordamiento del río) de una vez en 500 años.

Pese a los esfuerzos y a la necesidad de desalojar cuanto antes el jarillón del río Cauca e iniciar el reforzamiento del dique para evitar una tragedia de proporciones inimaginables, la ciudad parece estar pedaleando por momentos sobre una bicicleta estática.

Aunque los recursos para el plan de recuperación del jarillón fueron aprobado con mensaje de ‘urgencia’, muchas de las 1860 familias que ya habían sido reubicadas están retornando a la ribera del río huyendo de la violencia que azota algunos sectores de Cali.

Se suma a ello la dificultad de conciliar los intereses de las 1050 familias que tienen unidades productivas sobre la margen del río y que esperan ser reubicadas, sino en mejores condiciones, al menos en una condición similar a la que viven actualmente. Para agudizar aún más la crisis, centenares de familias tratan de sacar provecho de la situación y siguen llegando al borde del río para ocupar esos espacios que han dejado las personas ya reubicadas, con el único fin de lograr una vivienda nueva.

La única opción es salir

Pese al panorama de dificultad que afronta el proceso de reubicación de las familias, Juan Diego Saa, gerente del Plan Jarillón de Cali, aseguró que para la Administración Municipal es clara la manera en la que deben actuar en cada uno de los casos.

“El Alcalde está comprometido en ayudar a identificar soluciones, pero la gente también tiene que entender que ahí habrá unos límites y que no se va a poder cumplir con las expectativas que ellos tienen; las alternativas que tenemos y lo que obliga la ley en la materia es darles una vivienda digna”, dijo Juan Diego Saa.

Pero para personas como María Edilia López no sirve de nada una vivienda digna cuando es la vida la que está en juego. “El 7 de diciembre mataron un muchacho junto al negocio de arepas que tenía en Río Cauca. Yo no quedé conociendo al que lo mató, pero aún así unos tipos me intimidaron, iban y comían y no pagaban; luego empezaron a pedirme entre $5000 y $10.000 y el negocio no me daba para eso y me tocó dejar la casa tirada”.

Sobre el caso de quienes tiene unidades productivas, Saa indicó que desde el año pasado, cuando algunas de estas familias se tomaron la Ermita, se estableció una mesa de trabajo y que este mes se retomarán las reuniones.

“Hay dos cosas que tenemos claras: una que tiene que salir del jarillón y eso no lo vamos a negociar; pero queremos que salgan de manera concertada. Ahora, hay peticiones que no vamos a poder cumplir, como que algunos dicen que su negocio está valorado en $700 millones y que le paguemos $700 millones. Eso no lo pude hacer el Municipio porque estamos hablando de un negocio informal, que está ubicado en un terreno que no es de ellos y que no está registrado y no paga impuestos ni paga nada”, reiteró Saa.

Al respecto, Diomer Orozco, habitante del sector de Las Vegas, frente al barrio Petecuy, recalcó en que en los dos años en que lleva el proceso de reubicación, “nunca nos hemos opuesto porque sabemos que en algún momento debemos irnos”.

“Lo que no compartimos es que vengan 500 uniformados con retros a tumbarles las casas a la gente sin darles una oportunidad o sabiendo que muchos no fueron tenidos en cuenta cuando se hizo la verificación. Lo que pedimos es que no se vulneren derechos y las cosas se hagan concertadamente”, señaló Orozco.

Otro inconveniente que se ha detectado en este proceso de reubicación, es que hay familias en las que habitan cuatro o cinco adultos en la misma vivienda censada y ahora pretenden que el Municipio les dé un apartamento a cada uno.

Juan Bolaños López aseguró que ese no es su caso y que regresó al asentamiento de Brisas del Cauca dejando abandonada la vivienda que le entregaron porque la pobreza no le permitió permanecer allá.

“Nosotros sobrevivimos criando ganado, chivas, gallinas y patos y me mandaron para una alcancía de casa a aguantar hambre. Yo tengo 87 años y quién me va a dar trabajo. Ahora me mandaron una escritura diciendo que la vivienda me cuesta $23 millones y yo de dónde voy a pagar eso”, dice.

Ante esta situación tan compleja, el exalcalde y senador Jorge Iván Ospina considera que “es necesario sectorizar por zonas de bajo, medio y alto riesgo para focalizar el esfuerzo e iniciar de inmediato la tarea de reforzamiento”, sin dejar de lado la presencia de la autoridad ambiental y la Policía.

¿Quiénes pueden ser reubicados?

Para que una familia que habita en el jarillón del río Cauca pueda ser reubicar es necesario cumplir con tres condiciones básicas:

  1. Que haya sido verificada su presencia en el jarillón durante la visita que se realizó entre el 2013 y el 2014, donde fueron censadas un total de 8777 familias. Quienes no estén en esa lista no tienen opción.
  2. Que la familia que haya sido verificada no tenga ningún tipo de propiedad porque eso la excluye de inmediato del listado de personas que podría recibir una vivienda o un espacio para ser reubicadas.
  3. Que la familia nunca haya recibido un subsidio de vivienda por parte del Gobierno Nacional, Departamental o Municipal porque la ley prohibe subsidiar dos veces a la misma persona.

No obstante, existen casos en los que se tienen excepciones como en el de las personas que han sido víctima de desplazados o de hechos de violencia por causa del conflicto armado, pero en este caso debe ser la Unidad de Víctimas la que certifique la condición de la personas.

LOS INTERESES POLÍTICOS Y ECONÓMICOS QUE TIENEN TAMBALEANDO EL JARILLÓN

Detrás del lío para desalojar a las familias del dique, se ocultan intereses que serán difíciles de conciliar.

En ningún otro sector de Cali, como en el jarillón del río Cauca, se puede palpar tan claramente el efecto adverso de esa premisa de que: ‘en política hay que decirle a la gente todo lo que quiere escuchar’.

Sobre todo porque lo que siempre han querido oír las más de 35.000 familias que habitan el terraplén que salvaguarda la ciudad de una inundación es que les van a legalizar las tierras sobre las cuales se han asentado de manera irregular o que uno u otro candidato les prometa que no va a permitir que sean desalojados.

Es eso justamente lo que lleva escuchando don Evelio Díaz desde hace 30 años en las sucesivas campañas políticas y lo que lo motivó hace una década a invertir sus ahorros en el mejoramiento de su vivienda en el sector de Brisas del Cauca. “Nosotros cobramos importancia en temporada de lluvias o cuando se viene la campaña al Concejo o de Alcalde”.

“Cómo no van a crecer estos asentamientos o la gente no va a invertir en casitas de material si muchos de los que han pasado por la Alcaldía han venido y se han comprometido con nosotros a no dejarnos sacar. Aquí nos han hablado de leyes y de derechos humanos y que la única forma de que nos vayamos es que la Alcaldía nos compre al precio que nosotros digamos”, asegura Díaz, quien abrazado a esa esperanza ha salido a votar sagradamente en todas las elecciones.

El caso más reciente se vio hace poco más de un año, cuando una decisión judicial ordenó el desalojo del jarillón y una romería de candidatos al Concejo y la Alcaldía, de casi todos los partidos políticos, se tomó esa franja de tierra cuestionando la decisión judicial y ofreciendo respaldo.

La solidaridad no era otra que los 102.849 votos que se depositaron en las comunas que bordean el jarillón en las pasadas elecciones regionales, según los datos de la Registraduría, y el potencial de cerca de 25.000 votos que duerme a diario sobre el jarillón.

Interese ocultos

“Son tantos los intereses privados, políticos y económicos que hay en el dique, dice Arturo Vélez, propietario de la hacienda en la vuelta de Las Córdobas, que allí no tienen efecto ni las sentencias de las jueces”.

“Desde 1995 vengo solo luchando por el jarillón; pagando abogados de mi bolsillo, instaurando demandas que he ganando casi todas y con todo y el riesgo que representa tener esas familias allí, ha salido el Dagma y la CVC a apelar los fallos con información falsa y diciendo que no hay riesgo. Hace once años se ganó una acción popular para el desalojo del jarillón y fue ratificada en segunda instancia, y no ha sido posible que la hagan cumplir; entonces cómo van a decir que no hay intereses”, aseguró Vélez.

El sociólogo y docente de la facultad de humanidades de la Universidad Autónoma, Hernando Uribe, quien ha trabajado durante años el fenómeno de población del jarillón, indicó que si él hiciera el listado de los políticos que han intervenido con las comunidades y han hecho promesas, difícilmente podría salvarse alguno.

“Casi todos los que han aspirado a la alcaldía han llegado con promesas y a decirles que los van a legalizar. Qué cosa tan peligrosa porque eso es crear esperanzas en una comunidad y por eso es que muchas veces ellos se resisten y se quedan esperando a que algún día llegue la solución de arriba y se están dando cuenta que no llegará esa solución porque tenemos un Estado débil y fragmentado”, señaló.

El costo económico

Pese a las difíciles condiciones sociales y económicas en las que sobreviven cerca de seis mil familias en la franja de 17 kilómetros del jarillón, sobre este sector se mueve la economía como en cualquier pueblo de 34.000 habitantes y eso es también un interés difícil de conciliar y una talanquera a la reubicación.

Y es que no es fácil, dicen los especialistas, lograr que en ese sector en el que subsiste también en la ilegalidad más de mil ‘establecimientos comerciales’ quieran de la noche a la mañana pasar a la legalidad, obtener el Registro Mercantil, inscribirse en Cámara de Comercio o empezar a pagar impuestos y servicios públicos.

Silvia*, propietaria de una tienda en el barrio Alfonso López, cerca al jarillón del río Cauca, es una de las convencidas de que “esa gente que tiene negocio ahí no las van a sacar fácil. Ni yo me iría si tuviera los beneficios que tienen ellos”.

“Nosotros le decimos a eso la ‘zona franca’ porque allá se vive exento de todo. Todo es ganancia porque no se pagan impuestos ni arrendamiento y mucho menos servicios públicos”, cuenta Silvia, convencida que se si el jarillón lo llegan a legalizar, “hasta yo me hago a una casita allá”.
Una vista del jarillón desde el río Cauca

Pero ese no es el caso de todas las viviendas con unidades productivas asentadas en el jarillón y donde laboran 2637 personas. En sectores como Brisas del Cauca, Venecia, Las Vegas, Puerto Nuevo y Samanes se han legalizado algunos negocios hasta donde se les ha permitido.

La propietaria de una empresa dedicada a la transformación de minerales, quien pidió no revelar su nombre, aseguró que si no pagan servicios públicos es porque Emcali no ha querido “porque aquí tenemos instalaciones y ellos mismos nos hicieron las acometidas, pero no han querido que paguemos por el servicio”.

En medio del dilema para desalojar las familias del jarillón, Arturo Vélez anunció una nueva demanda “para garantizar que los recursos del jarillón se destinen a lo que fueron asignados y no con intereses distintos”.

Entre otras cosas porque en los últimos 15 años se han trasladado familias a cuenta gotas, con simple cálculo político y eso ha incentivado a que más gente llegue al jarillón.

Una situación que de paso ha favorecido a supuestos líderes sociales, abogados y avivatos con intereses personales y que tratan de ganar popularidad saboteando la reubicación.

*Nombre cambiado

Explicaciones dadas por la CVC

A través de una carta enviada a este diario, el director de la CVC, Rubén Darío Materón, respondió a algunos de los cuestionamientos que hicieron varias personas a esa entidad en la edición del pasado domingo con respecto a lo que ha ocurrido históricamente con el jarillón del río Cauca.

En la misiva, Materón negó que haya sido la misma CVC la que fomentó la llegada de personas a poblar el jarillón y que esos predios de los que habló el sociólogo Hernando Uribe, ubicados en el sector de Samanes, en la vuelta de Las Córdoba, “fueron cedidos por la CVC a Empresas Municipales de Cali, Emcali, el 30 de septiembre de 1986” al igual que varios canales de drenaje.

Agregó que en 1992 le cedieron a Emcali “una franja del dique de mil metros de longitud localizada entre la bocatoma y la Vuelta de las Córdoba” para la ampliación y protección de la bocatoma y la planta de tratamiento de Puerto Mallarino y que luego fue ocupada irregularmente; lo que se conoce como Villa Moscas con “viviendas, galpones y escombros” causando inestabilidad en el dique y que eso llevó a que “la CVC interviniera la zona con el actual Ecoparque Jarillón del río Cauca de un kilómetro de extensión el cual está libre de asentamientos subnormales”.

Indicó que no es lógico pensar que quienes construyeron el jarillón promovieran su invasión, aunque reconoció que “se dieron en alquiler una treintena de lotes para siembra de cultivos transitorios y pastoreo de semovientes en la berma ó zona entre el dique y el río”, pero no se permitieron viviendas ni otras construcciones y que funcionarios de la entidad denunciaron penalmente a los invasores y ante las administraciones municipales sin que se hubiera tomado alguna decisión de parte de ellos.

Materón indicó que en los últimos 10 años han llamado la atención a los alcaldes sobre las invasiones y solo hasta el 2012 fueron escuchados.

¿Por qué no se ha encontrado una solución al lío del jarillón?

El sociólogo Hernando Uribe ha estudiado el fenómeno social del jarillón del río Cauca. Cuestiona la falta de articulación de las instituciones del Gobierno para encontrar una salida efectiva a la reubicación de miles de familias.

La primera vez que conoció el jarillón del río Cauca estaba en el barrio Floralia, en la casa de uno de sus hermanos. Recuerda que era muy niño y no entendía por qué la calle al final terminaba sobre una enorme montaña, imagen que siempre cautivó su atención. Con el paso de los años, vio cómo poco a poco se levantaron casas sobre ese terreno, hasta que no volvió a ver nunca la montaña que lo asombraba de niño, sino una calle de un barrio más que estaba muy cerca del río Cauca.

Entrevista Hernando Uribe

Esa experiencia fue la que motivó a Hernado Uribe Castro, magíster en Sociología y candidato a doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad del Valle, a estudiar socialmente al jarillón del río Cauca, un caso que hoy ve con incertidumbre.

El País habló con este docente de la Universidad Autónoma de Occidente sobre los hallazgos de sus estudios frente a la urbanización del dique y sus cuestionamientos sobre la falta de articulación de las instituciones del Gobierno para encontrar una salida efectiva a la reubicación de las miles de familias que lo habitan.

En diferentes oportunidades usted ha catalogado el caso del jarillón como un problema complejo y estructural, ¿por qué?

El jarillón se construyó con un discurso, según el cual, la ciudad necesitaba protegerse de las inundaciones del río Cauca. Pero ese es el discurso superficial. Cuando se revisa una investigación más profunda, se encuentra que lo que hay detrás del jarillón, es un proyecto de diseño territorial, de una región amplia que se llama valle geográfico del río Cauca, que tenía entre sus características sacarle provecho al recurso energético y controlar las aguas del río con jarillones y canales.

A mediados del siglo XX surge el interés del desarrollo de la región en función de actividades agrícolas y por recomendaciones internacionales se indicó que estas tierras era apropiadas para el cultivo de caña de azúcar, el gran problema es que eran tierras inundables, por ello necesitaban implementar infraestructura para controlar las aguas del río Cauca. De allí surgen una serie de proyectos que proponen la construcción del jarillón, proyecto que fue más viable con la constitución de la CVC en 1954. Lo que no se tuvo en cuenta, al parecer, porque no es muy claro, es que cuando se construye jarillón, las tierras que antes se inundaban, fueron atrapadas por procesos de urbanización.

Es decir, el proyecto buscaba un aprovechamiento agrícola...

Sí, lo que pasa es que cuando hay áreas limpias de inundaciones, creo que se despierta la avaricia, el mercado de la tierra y los grandes terratenientes se dieron cuenta que era más fácil vender por metro cuadrado que por grandes hectáreas. Y así emerge el oriente de Cali. El jarillón se empieza a construir en 1958 y después de los años 60 empieza el proceso de urbanización de Aguablanca. Después de esos años se encuentran asentamientos informales, barrios piratas y hacendados que dejaron invadir sus tierras para luego venderlas.

¿Quiénes fueron los primeros pobladores del jarillón?

Hubo diferentes tipos de flujos migratorios. Fue un proceso diverso y diferente. En Floralia, los primeros asentamientos aparecen en los años 80; en el 90 aparecen los de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ptar. Pero en Navarro había comunidades desde el siglo pasado, porque era un puerto sobre el río. En Floralia hay combinación de paisas y comunidades negras, en el asentamiento Samanes del Cauca hay comunidad de origen campesino, en Las Vegas hay afrodescendientes y en Navarro indígenas y caucanos. Por eso critico cuando se dice “los habitantes del jarillón”, como si fuera homogéneo, porque no lo es.

¿Qué parte del jarillón se pobló primero?

Navarro tiene población desde el siglo XIX. Los habitantes del asentamiento Nuevo Amanecer dicen que son ancestrales y que llevan mucho tiempo allí. En Samanes del Cauca, los habitantes dicen que la misma CVC ubicó a las siete primeras familias. Por eso, no se le puede invasores a una comunidad que fue puesta por el Estado en esa zona.

De hecho, en el asentamiento Las Vegas los habitantes dicen que las autoridades los alentaron a mejorar sus viviendas...

El jarillón fue construido por la CVC, y esta entidad ha sido una de las más calladas sobre el problema, y según los análisis, tiene mucha responsabilidad en el proceso de poblamiento del jarillón. ¿Por qué la misma CVC permitió que la gente viviera allí con contratos de arrendamiento en los años 90? Eso es lo que dice la población en Samanes del Cauca, que además está ubicada a 100 metros del río.

También ha dicho que el problema está muy ligado a la política...

Las poblaciones que son empobrecidas, son un potencial de votos interesante para los políticos. De hecho, cuando se habla con las comunidades, todas dicen que los políticos en campaña les han prometido que los van a legalizar, pero nunca hacen nada. El fenómeno de expansión y complejización se da en los años 90 después de las elecciones por voto popular. Y no sólo se dieron en jarillón, sino en las zonas de ladera.

Otro gran problema es que cada institución del Estado comprende el problema de modo diferente. El mejor ejemplo es el de Samanes del Cauca, que aparece con Junta de Acción Comunal de la comuna 21, pero la oficina de Catastro los ubica en Navarro, es decir como un sector rural. El Estado ha actuado de manera desordenada y descontrolada sobre el poblamiento del Jarillón. Y cuando se le da la solución se usa a la policía y estigmatiza a los habitantes. De pronto hay invasores, pero otros no lo son, fueron puestos por el Estado en esa zona.

¿Cree que las autoridades se tardaron en entender los riesgos de permitir viviendas sobre el jarillón del río?

Las instituciones no han logrado dimensionar la situación sociambiental real del jarillón. Si lo hubieran dimensionado, hace rato le habrían dado solución digna a las comunidades de ese sector. Hay comunidades que están en riesgo por olas invernales como las que hemos visto, y las que vendrán. No hay consciencia de ellos, pero además no saben cómo actuar para evitar catástrofes. La ciudad no está preparada para una catástrofe de ese estilo. En Samanes del Cauca hay propuestas de solución al fenómeno, y cuando los habitantes las hicieron ante el alcalde de turno, no los escucharon. Aquí creen que la solución es meter a la gente en casas de 28 metros cuadrados y esa es la más ineficiente y absurda.

Pero la comunidad tampoco percibe ese riesgo, ellos creen que no pasa nada porque nunca se han inundado...

Creo que las instituciones del Estado tampoco son conscientes de ese riesgo. Si lo fueran, ya le habrían dado solución al fenómeno, porque es una solución política. Se necesita un diálogo honesto y sincero entre el Estado y las comunidades, no una imposición.

Reubicación en el jarillón

A propósito de la reubicación en apartamentos, usted ha sido muy crítico a las soluciones porque dice que están diseñadas “desde los escritorios”....

El mejor ejemplo es Potrero Grande. ¿Cómo vas a meter a familias de 7 personas en casas de 28 metros cuadrados?, no es apropiado ni psicológica, ni socialmente. Porque lo que ha pesado es una respuesta desde el reduccionismo económico del mercado del suelo. Hay muchas soluciones que se hacen desde el escritorio, sin ni una sola visita a la zona. Lo mejor que pueden hacer es ir y hablar con las comunidades, que el mismo alcalde vaya y se dedique a buscar la solución con la gente. Necesitamos soluciones construidas con las comunidades. La situación se pudo controlar desde un principio, controlando la línea de jarillón, atendiendo a las familias de forma más humana. Los desalojos con fuerza policial no son soluciones, porque son comunidades víctimas de un conflicto armado que llegan a la ciudad y se revictimizan como invasores.

Si la solución no son apartamentos para reubicarlos, ¿qué propone para enfrentar este problema?

Imagínese a una persona que tiene vacas, puercos, gallinas, vive con su mamá, su hermano. ¿Cómo meterla en un apartamento? Las soluciones tienen que ser concertadas con las comunidades, con las formas de organización que tienen las comunidades, tratando de llevar un proceso que tenga que ver con políticas públicas de estado, y no con el político de turno, porque cada Alcalde ha querido tratar el problema como le ha parecido, pero no se ve una línea coherente a lo largo del tiempo.

Pero muchos de estos habitantes piden ser reubicados en fincas amplias, donde puedan conservar sus unidades productivas...

El fenómeno es muy problemático. Cuando metes campesinos en estos apartamentos, estás urbanizando comunidades campesinas. Y una de las grandes transformaciones a las que se debe encaminar Colombia es el retorno de los campesinos al campo, que sean encargados de la soberanía alimentaria. Muchos de los habitantes del jarillón, no todos, son comunidades campesinas que podrían apoyar en términos de seguridad alimentaria, porque no podemos seguir urbanizándolas. Esa no es la solución. Mira la olla presión que tenemos en Potrero Grande porque no hubo acompañamiento del Estado. Una de las soluciones que han planteado en Samanes del Cauca son las viviendas agroecosistémicas, que son parcelas en lugares ampíos, campesinos, ¿dónde?, no lo sé, pero tienen propuestas que podrían ser evaluadas por las autoridades.

¿Y cómo ve el panorama a futuro?

Es incierto. Por varios motivos, porque no hay una sola postura del Estado, lo que encuentras es un Estado débil y fragmentado. Algunas instituciones han beneficiado a las comunidades, otras las desfavorecen y el Estado tiene muchas posturas sobre este problema. Las comunidades resisten, se han organizado y no se van a dejar apabullar por decisiones inapropiadas, sobre todo cuando han dicho tenemos soluciones, escúchenos. Las cosas se aclararían en el momento en el que se construya ese diálogo, sincero y respetuoso entre los actores comprometidos. Cuando se empezó hablar del Plan Jarillón le escribimos a la anterior administración sobre nuestra investigación, y recomendamos hablar con las comunidades, para luego pensarse salidas posibles. Una solución impuesta desde arriba, con garrote, es de entrada fallida. Por eso el futuro es incierto y no solamente sobre el jarillón sino en la ladera y la ciudad de Cali en general, por los conflictos que se avecinan a futuro, especialmente en el tema del agua.

Frases destacadas:

“El Estado ha actuado de manera desordenada y descontrolada sobre el poblamiento del Jarillón. No se ve una línea coherente a lo largo del tiempo”
“El jarillón necesita ser atendido con políticas públicas de Estado que involucren soluciones construidas con la comunidad”

Sobre el entrevistado: Hernando Uribe Castro

Magister en Sociología de la Universidad del Valle. Cursa un doctorado en Ciencias Ambientales en la misma universidad. Es docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente.

En su tesis de maestría estudió las estrategias de poblamiento y propiedad de la tierra en el jarillon de los ríos Cali y Cauca entre 1980-2006

“La mayor población del país en riesgo de inundación es Cali”

El gerente del Fondo Nacional de Adaptación, Germán Arce, explica la importancia de rehabilitar el jarillón del río Cauca. “Es nuestro principal proyecto”, dice.

Los efectos de una eventual ruptura del jarillón del río Cauca fueron la razón para la que la Nación se vinculara con recursos para la realización de una obra de mitigación que suma casi un billón en inversiones. De hecho, para el economista vallecaucano Germán Arce, gerente del Fondo Nacional de Adaptación, rehabilitar este dique es la labor de mayor trascendencia dentro de la agenda del país sobre cambio climático.

¿Por qué el Fondo de Adaptación participa con recursos de una obra que es de interés local?

En el invierno del año 2010, el país sufrió la peor emergencia de ese tipo, de las que tenemos documentadas. Reveló lo que el país ya sabía y es el nivel de vulnerabilidad que enfrentamos ante eventos de cambio climático. Tuvimos una emergencia de casi cuatro millones de damnificados en 1051 municipios (97 %). Esa magnitud hizo ver que el país tenía que incluir en su agenda de desarrollo el tema del cambio climático porque una cosa es atender damnificados, que fue un poco lo que hicimos con Colombia Humanitaria, y la otra fue construir una agenda de largo plazo y esta arrancaba por conocer los grandes riesgos a los que estábamos expuestos y ahí aterriza Cali.

La condición de riesgo de la ciudad es tan importante para la Nación que por eso, a través del Fondo de Adaptación, decide apoyar una solicitud de ejecución de largo plazo que permita proteger la vida de 900.000 personas que están en riesgo, la infraestructura pública del Municipio, la producción de agua potable (70 % del agua se toma en Puerto Mallarino), el manejo de las aguas residuales y el sistema de drenaje. Cuando la Nación se da cuenta de que el riesgo es de tal dimensión, empieza el consenso para valorarlo, para buscar un mecanismo para asociarnos a las autoridades locales, que son las responsables y administradoras de la gestión del riesgo. Este es un problema muy grande, que excede la capacidad del Municipio.

¿Cuál es ese gran riesgo de Cali?

¿Qué ocurrió en 2010? Se inundó Aguablanca, pero por las alcantarillas, el río se devolvió por los canales, pero ese es el riesgo menor. El riesgo más grande es que colapse el jarillón y puede pasar por la debilidad técnica que tiene, porque ha sido intervenido por el hombre, hay personas que viven encima, que tienen tuberías ilegales metidas dentro de él y claramente el dique ya no cumple el propósito técnico que tenía cuando se construyó hace más de 50 años.

Pero esa zona se inunda porque tradicionalmente fue así, antes de que existiera el jarillón...

Inundación rio Cauca

El Distrito de Aguablanca era un distrito de riego, de natural inundación del río, por topografía y por inclinación. Cuando la CVC en los años 60 hace el jarillón, lo que hace es una protección, construir una barrera física en la parte izquierda del río que pretendía regular el ingreso de las aguas para cultivos, esa no era una zona donde viviera gente, pero la superpoblación que tuvo el Distrito de Aguablanca en los años 80 y 90 fue lo que materializó el riesgo. Si hoy en día no tuviéramos el Distrito, la obra no sería necesaria, pero como el hombre se metió a esos meandros del río, a esas zonas naturales de desbordamiento, se crea el riesgo. Claramente cuando tú tienes una población establecida y millones de pesos en inversión pública, que es lo que el Estado ha metido en estas últimas décadas, nos toca hacer una obra de protección para evitar que todo lo que está ahí, empezando por la vida de las familias, no se pierda.

¿En cuánto se calcula el costo de una tragedia?

Hay una estimación inicial que por una inundación súbita, por un colapso de la estructura del jarillón, el costo sea cercano a los $7 billones. El riesgo generaría la pérdida de infraestructura pública, pero también de la privada, porque la gente perdería sus enseres y las mejoras que han hecho ahí. Esa situación se evaluó con la cooperación de los holandeses y la Corporación Osso y nos permitió hacer una propuesta integral. De allí que la Nación esté cofinanciado casi un billón de pesos en inversión pública para evitar que el riesgo se materialice y terminemos recuperando la ciudad ante una catástrofe que puede ser igual o peor a la de Nueva Orleans, porque la de acá es mucha más gente y más vulnerable por la misma condición social imperante del Distrito de Aguablanca. Además, reparar toda la infraestructura tomaría años y eso significaría atrasar la ciudad varias décadas. Sería nefasto porque el resto de ciudades siguen su marcha mientras Cali se dedica a reparar un daño que pudo prevenir. El jarillón es el primer gran proyecto de mitigación ante cambio climático del país.

Con el cambio climático, la amenaza es aún más alta porque cada vez se hablan de inviernos más intensos. ¿Qué tan urgente es la intervención del jarillón teniendo en cuenta ese factor?

Es uno de los factores, pero no es el más relevante, la razón por la que se requiere esa intervención es por la enorme intervención del hombre en ese ecosistema. Si las personas no estuvieran ahí, cada ciertos años el río se desbordaría (porque ese era un distrito natural de inundación del río por su topografía). Si existieran cultivos tendríamos un problema, pero no tan grave, porque lo que tenemos hoy es gente, entonces la vulnerabilidad se multiplica. Pero evidentemente, con la presencia del cambio climático, el riesgo se magnifica, si tú ves, cada que se informa de una emergencia es mayor que la anterior y eso significará tener lluvias más intensas, ríos con más caudales y un mayor riesgo de inundación por la debilidad del jarillón.

De todos los proyectos que tiene el Fondo de Adaptación, ¿qué tan importante es el Plan Jarillón de Cali?

Es el más importante, sin desestimar a los otros, que para sus localidades también lo son. Pero en términos de impacto, la mayor población en riesgo de inundación, de todo el universo de proyectos, que son 3000 los que tiene esta institución, es el Distrito de Aguablanca en Cali, porque es el sitio de mayor concentración de personas. Gramalote, por ejemplo, trata de la reubicación de mil familias, mientras que el impacto de Aguablanca sería para 900.000 personas.

Cuándo se habló por primera vez de las inversiones en el Plan Jarillón se indicó que sería por $1,3 billones. Pero el valor se ha ido reduciendo con el tiempo y ahora no es ni el billón de pesos...

Porque cuando se presentó el proyecto ese fue el valor estimado. Pero no había estudio ni diseños ni valoración del riesgo ni definición de la solución. Lo otro es que el Municipio pidió recursos para atender problemas distintos y esos no se priorizaron porque nosotros atendemos 1051 municipios y no podíamos dejar los recursos para una sola ciudad. De hecho, Cali concentra la mayor inversión del Fondo en todo el país.

La inversión se anunció desde 2011, pero las obras apenas arrancan...

Nos inundamos en 2011, pero el proyecto se presentó en 2012, se prioriza a finales de 2012 y se manda a estudios. Estos terminan en 2014 y cuando se define la solución y el Fondo prioriza el recurso, el Municipio, Emcali y la CVC solo pusieron la cuota de la cofinanciación en abril del año pasado.

¿No le gustaría que esos tiempos fueran más rápidos?

Lo que pasa es que lo rápido no es sinónimo de bueno y eso es algo muy común de los colombianos, querer todo ya, pero no podemos solucionar un problema de más de 50 años en poco tiempo. A uno le puede parecer que dos años para estudiar el problema es mucho tiempo, pero es que esto empezó en los años 70, ha pasado más tiempo generando el deterioro. Tomó dos años entre el tiempo de los estudios y mientras se definieron las soluciones y se asignaron los recursos, eso para mí son tiempos récord en la ejecución de un proyecto que no habíamos hecho en el país, de esta magnitud, para prevenir una tragedia. Ahora, cuando se ven las estadísticas, a la fecha se han reasentado 1860 familias de las 8777, ese porcentaje es muy importante.

Se termina el Fenómeno del Niño y se avecina el de la Niña. ¿No le preocupa que nuevamente vienen las lluvias y que no hemos atendido los seis puntos críticos del jarillón?

Arreglos Jarillón

Claro que me preocupa porque teniendo la solución, teniendo los recursos, teniendo la voluntad política de las autoridades locales, la ciudad y algunos intereses privados han dificultado que podamos hacer las obras. Lo que dicen los expertos es que vamos a pasar de un Niño intenso a una fase neutral y luego a una fase de Niña del 60 %. Pero eso no quiere decir que Niña sea igual a inundación, lo que cambia es la temperatura del Pacífico Sur y eso tiene una consecuencia en las lluvias. El riesgo siempre ha estado ahí y por eso no lo estoy demeritando, lo que quiero decir es que todos deberíamos sentir la responsabilidad de que si tenemos un problema que conocemos y tenemos la solución, deberíamos estar trabajando, empezando por la comunidad, en que el Estado pueda ejecutar esas obras para proteger la vida de ellos mismos, pero si seguimos hablando de cuánto valen los 500 marranos de la señora que vive allí, pues ese es el tiempo que se pierde en una discusión de cuánto es lo que pierde el bolsillo de ella versus lo que cuesta poner en riesgo la vida de 900.000 familias. Necesitamos que la comunidad entienda que este es un riesgo real, que debemos dejar trabajar en la realización de las obras.

¿Ese interés económico particular es la principal problema al que se ha enfrentado el proyecto?

Yo diría que es la dictadura de las minorías, que tienen unos intereses particulares, que nos han querido anteponer ante los intereses generales y públicos de protegerle la vida a 900.000 caleños.

En cifras no oficiales, se dice que allí están viviendo unas 11.000 familias, de las cuales muchas llegaron después de la realización del censo y muchas al ver que el proyecto estaba entregando viviendas gratuitas. ¿Por qué se permite que llegue más gente a vivir allí, perdiendo lo que se hizo con la reubicación de 1860 familias?

Eso es competencia de la Alcaldía y prefiero no meterme porque ellos lo lideran, pero lo que si te quiero decir es que esto no es un programa de vivienda, esto es un proyecto de gestión del riesgo, hay un fallo judicial que obliga a la Alcaldía a hacer las obras. La mala noticia que les tengo a los nuevos habitantes del jarillón es que este no es un programa de vivienda y no hay tiquete de entrada para obtener una. Hay un censo que se hizo después del invierno de 2010-2011, que es con el cual estamos trabajando. A esa gente la vamos a reasentar y la Alcaldía lo está haciendo de manera diligente. Estar ahí no le da derecho a nadie.

¿Pero qué va a pasar con la gente que está llegando?

Los que están llegando después se van a tener que ir, la verdad es que el Alcalde tiene un fallo judicial en contra y tiene que sacarlos así sea con el uso de la fuerza pública, pero claramente esa es una decisión que administra el Alcalde, que ha sido muy responsable mandándole el mensaje a la ciudadanía de que esto hay que hacerlo por las buenas, pero el Estado no va a poner en riesgo la vida de 900.000 personas para defender los intereses comerciales de unos pocos individuos, que por su propia capacidad económica pueden generar ruido y ponerle obstáculos al proyecto. Lo que te quiero decir es que la condición de riesgo le da elementos suficientes a la Alcaldía para desalojar el jarillón. Ahora, entendemos que hay gente que vive ahí, que no queremos sacarlas a las malas, y por eso le estamos ofreciendo alternativas, pero esto no es una negociación, porque no se puede negociar la vida de 900.000 personas.

Hay gente que se devolvió al jarillón de la que fue reubicada. El argumento que dan para devolverse es que se sienten más seguros en el dique que en las nuevas urbanizaciones. Incluso dicen que están dispuestos a devolver las casas. ¿Qué opina de esta situación?

Yo prefiero no meterme en la competencia del Alcalde, la ciudad tiene una autoridad no solamente investida por el voto popular sino por la capacidad de atender estos temas.

Los que no se quieren ir dicen que al jarillón nunca ha pasado nada y que muy seguramente no va a pasar nada en el futuro. ¿Qué les responde?

Yo les devuelvo la pregunta a ellos: cuál me podría afirmar que no va a pasar nada allí y asumiría la responsabilidad del riesgo de 900.000 familias bajo el agua. Es muy fácil decirlo cuando no eres el que asume la responsabilidad, pero el Estado sí es responsable de cuidar la vida de esas familias y cree que hay un riesgo que hay que mitigar y esa es la decisión que tomamos cuando priorizamos el proyecto y decidimos destinar casi un billón de pesos de inversión pública en evitar que una tragedia ocurra. A nosotros nos encanta los retrovisores, yo me imagino todas las investigaciones por no haber hecho lo que estamos tratando de hacer, pero cuando estamos haciendo lo que se debe por primera vez en el país, un proyecto que de verdad cumple con todas las condiciones de capacidad técnica para evitar una tragedia, entonces nos enfrentamos a discusiones como la que tú planteas y es que la gente dice que porque nunca ha pasado, nunca va a pasar. Lo que nos pasó en 2010 y 2011 en términos de inundaciones nunca le había pasado al país y pasó.

Antes y después

En Navarro hay una escuela, un puesto de salud y de policía. ¿Esa presencia del Estado crearía la permisividad para que la gente esté allí?

El problema de permisividad es viejo y amerita preguntarse a las autoridades en la CVC y en la Alcaldía de los años 80 y 90 por qué dejaron invadir el jarillón. Pero hablar de eso ahora es llover sobre mojado, es mejor hablar de la solución. Yo sí creo que el Estado tiene que dar ejemplo y el Alcalde lo mencionó en el último comité, de que debe moverse esa infraestructura, pero no se ha sacado porque le presta un servicio a esa comunidad.

¿Las obras si estarán listas para el 2018?

Nosotros tenemos un cronograma de obras, que en distintas fases va hasta 2020. Nos hemos puesto a la tarea de que todas las obras que están asociadas al reforzamiento del jarillón las podamos hacer lo antes posible. Dependemos de la celeridad de la Alcaldía y de la disposición de las familias de aceptar la oferta. El recurso está garantizado, ya empezamos con los primeros siete kilómetros del Canal Interceptor Sur y del área de Navarro.

Una vez hechas las obras, ¿cómo se garantiza que el jarillón no lo invadan nuevamente?

La garantía la tienen que dar los mismos caleños. Esa obra está ahí para proteger la vida de un tercio de la población y para proteger la infraestructura que les provee el 70 % del agua potable. Otra cosa es la responsabilidad legal y las autoridades locales tendrán que garantizar que no vuelva a pasar.

“Los caleños tienen la oportunidad de dar una lección enorme a los colombianos de lo que es ponerse de acuerdo para sacar adelante un proyecto importante para su ciudad. Este es el momento de demostrar que somos capaces de cuidarnos los unos a los otros”.


Sobre el entrevistado: Germán Arce Zapata

Germán Arce Zapata

Este economista de la Universidad del Valle es caleño, criado en Buga. Tiene una maestría en International Securities, Investment and Banking de ISMA Centre, Universidad de Reading, Reino Unido.

Es gerente del Fondo Nacional de Adaptación desde septiembre de 2014. En el Gobierno Nacional ha ocupado cargos como presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, director general de Crédito Público y viceministro de Hacienda.

En el sector privado trabajó en áreas de inversión y mercados financieros en entidades como Corporación Financiera del Valle , Banco Santander, ABN AMRO Bank , Titularizadora Colombiana SA y HSBC entre otras.

Río Cauca: la principal victima del jarillón

El río Cauca, el afluente de los siete colores tristes, es quien ha pagado las consecuencias del abandono al que ha sido sometido por décadas el jarillón. Sin recibir ningún tipo de tratamiento, caen directamente sobre él los desechos, escombros y las aguas residuales de más de 35.000 personas que habitan sobre la margen del río. Vea en este recorrido realizado por los 17 kilómetros que debe recorrer el río por Cali, las amenazas a las que se enfrenta.

Así va la obra civil que ‘blindará’ a Cali contra una catástrofe

Siete kilómetros de dique son reconstruidos en la actualidad. También se reforzó la estructura de entrega de agua de la estación de Paso del Comercio. Cronograma de labores se extiende al año 2019.

Una enorme barrera de 25 kilómetros de longitud será reconstruida para garantizar que la ciudad no se inunde en épocas de fuertes lluvias, por causa de un desbordamiento del río Cauca.

Esto será un refuerzo y modernización del jarillón existente desde los 60, cuando la CVC construyó un dique que protegía de las inundaciones a Aguablanca, antes zona cultivable y hoy la residencia de casi un tercio de la población de la capital del Valle.

Las obras para reforzar el jarillón comenzaron hace un mes. La labor, contratada por la CVC con recursos de la Corporación y del Fondo Nacional de Adaptación, se desarrollará en una primera fase hasta enero del próximo año a lo largo de siete kilómetros.

Inicia en el Canal Interceptor Sur (que recoge las aguas de los ríos Cañaveralejo, Meléndez y Lili y los entrega al Cauca) desde la Avenida Simón Bolívar hasta 400 metros de dique en el corregimiento de Navarro.

Obras en el jarillón

Tras haberse advertido la fragilidad del jarillón del río Cauca en el invierno de los años 2010-2011, la CVC, según explica su director, Rubén Darío Materón, se realizó una inversión por $649 millones para reforzar el cuerpo del dique mediante el llenado de cavernas, producidas por la hormiga arriera. Esto se ejecutó en 2013 como preparativo a la gran obra de ingeniería que recomendaron una comisión de expertos holandeses (especialistas en diques y manejo de aguas) y la Corporación Osso.

Cabe anotar que la hormiga arriera fue una de las razones del deterioro del dique, identificadas por este equipo de profesionales. Pero también se conjungan factores como la instalación de tuberías ilegales de servicios públicos, la sobreexplotación arenera en las márgenes del río Cauca, la siembra de árboles, el botadero de escombros, y hasta la instalación de rampas para el ingreso de vehículos a lo que era una montaña de limos arcillosos (un tipo de suelo) construida por la CVC entre 1958 y 1961.

Del Paso del Comercio hasta la desembocadura del río Cali, el dique fue hecho por el Instituto de Crédito Territorial en los años 70.

Según el diagnóstico, hay seis puntos de alta inestabilidad del jarillón, ubicados en Navarro y en los asentamientos conocidos como Brisas de un Nuevo Amanecer, Samanes, Brisas del Cauca, Cintalarga y Venecia.

¿Qué se va a hacer?

Debido a que ya existe un dique, lo que se hará son obras de reforzamiento. Estas consisten en retirar los escombros que están encima del jarillón, considerado como material inestable, volver a construir la montaña de protección con limos arcillosos a una altura que en promedio será de cuatro metros, algo muy parecido a lo que se hizo a finales de los 50 y comienzos de los 60.

Pero la gran diferencia con la obra de antaño será la construcción, a todo lo largo de los 25 kilómetros del jarillón (del Canal Interceptor hasta dos kilómetros arriba de la desembocadura del río Cali), de una placa de 60 centímetros de grosor en cemento. Esta estará en la mitad del dique con el objetivo de evitar que la estructura se impacte por las cavernas de la hormiga arriera y tampoco dejará pasar la filtración del agua de la zona húmeda (la que da contra el río) al área seca (donde está Aguablanca).

“Es una pantalla (pared) de suelo- cemento de nueve metros desde la corona del jarillón hasta quedar bajo tierra (casi cinco metros) protegiendo la estabilidad del dique”, indica el director de la CVC, Rubén Darío Materón.
Proyecto jarillón

Cada quince metros se construirán contrafuertes (como patas que estabiliza la pared), también de cemento para darle estabilidad del dique. Y en donde se ha detectado mayor riesgo de fractura en caso de un terremoto (donde los suelos tienen un efecto de estar dentro de una licuadora, que se conoce como licuación) se instalarán columnas de grava.

El terraplén volverá a dejar un margen de 60 metros, en promedio, del borde del río a la pata húmeda del jarillón (donde comienza el dique), tal como fue diseñado en la década de los 50. Hoy, debido al relleno que han hecho las comunidades con escombros, el dique no conservó esa distancia y el agua golpea las paredes de escombros, incluso cuando el río está bajo.

Adicionalmente se hará la recuperación de la capacidad hidráulica o de almacenar agua de la laguna de El Pondaje para evitar inundaciones. Aunque esta no es una obra sobre el jarillón, estos trabajos están conectados porque si El Pondaje funciona bien, disminuye la posibilidad de que el río Cauca se desborde o que el agua del canal de aguas lluvias del Oriente colapse e inunde a Aguablanca.

También se reforzarán las estructuras de protección y entrega de aguas de las plantas de tratamiento de agua de Puerto Mallarino y de aguas residuales de Cañaveralejo, que están en el jarillón.

“Y se hará un estudio sobre el sistema de drenaje oriental”, dice la ingeniera Amparo Meléndez, supervisora del convenio entre el Fondo de Adaptación y Emcali.

 

La primera etapa

Cronograma

Las primeras obras que se contrataron con recursos del Plan Jarillón de Cali fueron las relacionadas con el mejoramiento de la descarga de aguas lluvias al río Cauca procedentes del Canal Oriental de Emcali y la protección del dique en la estación de bombeo Paso del Comercio.

La importancia de estos trabajos se deben a que la estación hace parte del alcantarillado, es vecina del jarillón y permite que Aguablanca no se inunde con las lluvias.

La ingeniera Amparo Meléndez informa que las obras terminaron el 28 de marzo pasado y están en la etapa de recibo y pruebas por parte de Emcali al contratista Unión Temporal Hidráulicas 2014.

La funcionaria de Emcali explica que se construyó un muro metálico a todo lo largo del dique, frente a la estación y en los canales del río Cauca. También se instalaron cuatro compuertas, que funcionan como un péndulo, que sirven para contener el río cuando este se crece. Igualmente se rehabilitaron las tuberías de bombeo y gravedad que entregan las aguas del Canal Oriental. El costo fue de $21.580 millones.

Con respecto al jarillón, se intervendrán este año siete kilómetros del Canal Interceptor Sur desde la Avenida Simón Bolívar hasta 400 metros del dique en Navarro, con un costo de $57.000 millones.

Rodrigo Mercado, supervisor del convenio del Fondo de Adaptación y la CVC, indica que ya se tiene 900 metros lineales libres. “De allí se retiraron 20.000 metros cúbicos de escombros y basuras”, dice.

Esa limpieza dejó al jarillón de una altura de dos metros. “El muro volverá a tener cuatro metros de alto y seis metros de corona, para ello se conformará el terraplén con limos arcillosos traídos de excavaciones en la ladera hechas por las constructoras de vivienda”, explica Mercado.

Cuando esté el terraplén se construirá la pared de cemento con una piloteadora y luego se harán las columnas de grava.

La obra civil que cuidará a Cali ya comenzó y si los tiempos se cumplen (ver cronograma de ejecución), en 2019 tendremos un nuevo jarillón.

Contratación que se avecina este año

La CVC dejaría contratado en este año 1,2 kilómetros de obras en el Canal Interceptor Sur (sector del antiguo basuro de Navarro), que no fueron incluidas en la primera fase. Allí se revisará la estabilidad del canal, que se afectó con la montaña de basura que se desplomó en 2001.

En el segundo semestre se contratarán el reforzamiento del dique en 6,3 kilómetros en Brisas de Nuevo Amanecer y el parque lineal donde estuvo Villa Moscas (sin asentamientos).

Emcali contratará este año las obras de optimización de la bocatoma de Puerto Mallarino por $243 millones y los trabajos de protección de descarga de la Ptar, por $8210 millones. El resto de la recuperación de la Laguna del Pondaje se hará cuando se retiren a las familias residentes la zona.

También contratarán este año los estudios de factibilidad para las obras de mitigación del sistema de drenaje oriental.

El reto de reubicar a miles de familias

Cronograma

De acuerdo con el censo realizado por la Alcaldía de Cali, después del invierno de los años 2010 y 2011, se contaron 8777 familias.

También se encontraron 1015 unidades productivas: 273 negocios de ganadería, 190 de recuperación de plástico, 117 tiendas, 62 negocios sobre extracción de arena y similares, 48 de transporte en carretilla, 30 de preparación de alimentos, 19 sitios en alquiler de vivienda, locales y habitaciones y 18 negocios de cultivos agrícolas permanentes.

Igualmente 13 establecimientos de productos alimenticios que no incluyen la preparación, 13 de fabricación de partes en madera para la construcción, 13 de transformación de metal, 11 talleres de mecánica automotriz, 11 restaurantes, 11 expendios de bebidas alcohólicas, 10 lugares de confección de prendas, 10 pymes de productos de aseo, 10 misceláneas, 1 colegios privado y 4 iglesias cristianas, entre otros.

Y además hay cuatro entidades estatales: el Icbf, una escuela, el puesto de salud y la biblioteca.

Los negocios generan 2637 empleos y solo el 4 % son formales.

De las familias, se han reubicado 1860, según indica Juan Diego Saa, gerente del Plan Jarillón de Cali por la Alcaldía de Cali. De ese total, 798 fueron reasentados en Llano Verde, 274 en Potrerogrande, 130 en Ramalí y 658 en Río Cauca.

De las hogares que están en la zona, dice Saa, los habitantes de Puerto Nuevo tienen títulos de los predios. Es decir, le pagan impuesto predial al Municipio. Con ellos, explica el funcionario, será diferente la negociación porque le han pagado al Estado impuestos por sus viviendas.

A la fecha hay la disponibilidad de 132 apartamentos en Ramalí, que serán adjudicados a un grupo de familias que presentaron la documentación necesaria para ser adjudicatarios de las viviendas. “Estas se harán en abril”, sostuvo el Gerente del Plan Jarillón por la Alcaldía.

Adicionalmente, el Municipio debe adelantar la consulta previa (proceso de concertación con las minorías étnicas) con el Consejo Comunitario Playa Renaciente, que vive cerca a Juanchito. Según el funcionario, ya se hizo contacto con el Ministerio del Interior para adelantar el trámite, que se espera esté listo a finales de año.

El trabajo de reubicación de familias de este año, sostiene Juan Diego Saa, se concentrará en los sectores de Cintalarga, Las Vegas y Venecia, donde se encuentran dos de los puntos críticos de inestabilidad del jarillón.

“Queremos hacer el proceso de socialización con las familias, que encontrarán una nueva vida, que la Alcaldía los acompañará con oferta de salud, educación básica, educación para el trabajo, oportunidades de ingresos”, asegura el Gerente del Plan Jarillón por la Alcaldía de Cali.

También se iniciará el trabajo con los moradores de los asentamientos de Navarro, Las Palmas y Samanes, según el cronograma de la Alcaldía.

Hacia finales de año se hará la concertación con el consejo comunitario Playa Renaciente y con los habitantes de La Playita. Puerto Nuevo y Brisas del Cauca se adelantará el proceso de reubicación para el año 2017 y los sectores de Floralia y Comfenalco, entre 2017 y 2018. Con las familias que viven en la Laguna del Pondaje, el proceso arrancará hacia finales del año.

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