Corrupción en Buenaventura

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En medio de la grave situación de orden público generada por los grupos guerrilleros y las bandas criminales al servicio del narcotráfico, emerge en Buenaventura, la ciudad puerto que recibe el mayor número de desplazados en el Pacífico colombiano, una grave crisis social y de pobreza fomentada por la corrupción y el despilfarro de sus gobernantes.

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Educando en fundaciones sin colegios

Buena parte de los dineros de la educación se ha esfumado mediante contratos de cobertura con fundaciones que no tienen colegios, con el cobro de 'vacunas' por estudiantes que se les adjudica a los colegios privados y adulterando el Sistema de Matrículas con falsos beneficiarios.

Informe exclusivoLa corrupción, el otro cáncer que está acabando con Buenaventura

Pese a la inversión en educación, en el Puerto hay miles de niños fuera del sistema.
Pese a la inversión en educación, en el Puerto hay miles de niños fuera del sistema.
El País.

En lo único que parece percibirse algún avance en Buenaventura, el principal puerto sobre el Pacífico colombiano, es en las estrategias que se ingenian los corruptos para apoderarse de los dineros públicos destinados, entre otros propósitos, a garantizar la educación de los niños más pobres y vulnerables del municipio.

Aunque muchos pensaban que el tema de la corrupción en la educación quedó atrás luego del descubrimiento del millonario fraude cometido con los ‘alumnos fantasmas’ en el gobierno de José Félix Ocoró, lo que parece haber ocurrido es que el fraude se ha sofisticado. Y en la actual administración de Bartolo Valencia se acuñan nuevos términos como el ‘trasteo virtual de estudiantes’, la ‘vacuna por alumno’ y el ‘reciclaje de fundaciones’.

Nada bueno venía para los niños más pobres de Buenaventura, según la investigación que durante meses realizó El País, cuando en el 2012 y 2013 se le adjudicó millonarios contratos de educación a una veintena de fundaciones que estaban literalmente abandonadas en la Cámara y Comercio, a muchas de las cuales se les cambió el objeto social para integrarlas al Banco de Oferentes y quedarse con buena parte de los contratos, pese a que la mayoría de ellas ni cuenta con sede propia ni mucho menos colegios.

Como resultado de este invento aparecen fundaciones como Lideremos, cercana al jefe de Ampliación de Cobertura, Yaser Valencia, con una dirección inscrita en Cámara y Comercio que no coincide con la nomenclatura, que recibió dos contratos por $1.280 millones y que según su objeto social se dedica a labores como el “suministro de insumos químicos” y la “vacunación de caninos y felinos”.

Junto a ella hay otras fundaciones como Construyendo Caminos, Mujeres Emprendedoras Desafiando la Pobreza, Bendición de Dios, Héroes del Saber o Radio Fortaleza FM Estereo que ahora combinan la educación con otros objetos como la cría de peces en cautiverio, la comercialización de pollos y cerdos, el lavado de cortinas, la plomería, el procesamiento de alimentos perecederos, el ecoturismo, la cría de tatabros y guatines, e incluso, la construcción de “centros bacanales” como lo señala la Fundación Betania.

Con base en la Resolución 187 del 25 de febrero del 2013 de la Alcaldía de Buenaventura, son cerca de 8.000 alumnos, cuyo subsidio equivale a $7.200 millones, los que han quedado a merced de la tercerización que fundaciones como estas realicen con los colegios de garaje que han inundado cada calle y cada barrio del Puerto.

El tema de la cobertura es un negocio tan lucrativo en Buenaventura que cualquier casa de dos pisos, con tres cuartos, una sala y un baño es un potencial colegio para educación básica primaria, educación media o de bachillerato. No en vano, además de las instituciones oficiales y privadas, en el Puerto están funcionando en la actualidad 258 colegios de garaje contratados para ampliación de cobertura.

Lo lamentable es que en este tinglado de corrupción y favores políticos se les retiró los contratos a instituciones certificadas en calidad y con décadas de experiencia como los colegios de la Pastoral Social.

La secretaria de Educación de Buenaventura, Yenny María Angulo, aseguró que la idea con las fundaciones era buscar entidades idóneas para ofrecer el servicio educativo, “pero si alguien contrató fundaciones que no cumplen el objeto social lo hizo a título personal y no porque fuera una decisión administrativa”.

Esa persona encargada de la contratación era Yaser Valencia, exjefe de la Oficina de Cobertura, quien aseguró a El País que “cuando llegué a la entidad esto era un desastre; había una cantidad de instituciones que no cumplían las exigencias mínimas y nos tocó, de eso que estaba totalmente mal, tomar lo mejorcito y contratarlos de inmediato porque no podíamos dejar a los niños sin estudio”.

Sin embargo, varios rectores aseguran que la idea de las fundaciones era tercerizar la educación para defraudar el sistema porque por cada niño se debe pagar $90.000 mensuales y mediante las fundaciones lo que pagan son $45.000 y esa corrupción es la que llevó a que Buenaventura tenga los peores resultados en el Valle en cuanto a calidad educativa porque en los colegios de garaje no ven materias complejas como química, física o álgebra.

La ‘vacuna por’ alumno

Otra de las venas rotas por las cuales se han escapado los recursos de la educación en el Puerto, según las denuncias que recibió El País, es el “impuesto” que deberían pagar los colegios privados por cada alumno que les asignen por cobertura.

Una suerte de ‘peaje’ que el Alcalde Bartolo Valencia y la Secretaria de Educación aseguraron desconocer y que reciben como un campanazo de alerta para entrar a investigar si es cierto que esto se viene presentando.

Varios de los colegios que operan como subsedes aseguran que les están quitando por derecha $13.000 por haber sido ‘beneficiados’ con la entrega de alumnos y que, dicen, les cobra la Oficina de Ampliación de Cobertura que dirigía Yaser Valencia, uno de los financiadores de la campaña de Bartolo Valencia a la Alcaldía, según registros del Consejo Nacional Electoral.

Freddy Montaño, el representante legal de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios del Pacífico, que agrupa varias instituciones educativas, aseguró que “en Buenaventura se ha venido haciendo persecución política a través de los cupos educativos para los niños y se apela al soborno y el chantaje económico en contra de las instituciones educativas”.

“Nosotros nos organizamos para prestar un mejor servicio y competir con calidad; entonces mediante un crédito adquirimos pupitres y mejoramos las instalaciones. En el 2011 teníamos 959 cupos educativos, pero el Alcalde (Valencia) presintiendo que no lo acompañamos políticamente solo nos contrató 300 niños para el 2012 y como no les pagamos los $8.000 (‘vacuna’) por alumno, para el 2013 nos quitó todos los niños, negándoles la continuidad educativa y generando perjuicios económicos porque no pudimos cancelar el crédito, ni pagarles a los profesores ni cancelar las prestaciones con lo que nos llevaron a la quiebra”, dice el profesor Montaño.

Al respecto el alcalde Bartolo Valencia se mostró desconcertado con las denuncias e indicó que tiene “la tranquilidad de que venimos trabajando para mejorar sustancialmente el tema de la cobertura educativa y voy a hacer las averiguaciones porque puede que las denuncias sean falsas, pero puede ser también que haya funcionarios que nos estén metiendo goles”.

Yaser Valencia, quien dice que está siendo atacado porque llegó a desmantelar la corrupción que existía con la cobertura en administraciones anteriores, fue removido hace poco del cargo “por varias quejas en su contra”, dijo la Secretaria de Educación, aunque el alcalde Valencia indicó que fue por cambios administrativos.

El caso de Montaño no es el único. El País conoció también la situación en la que se encuentra la Escuela Popular Santa Teresita, con más de 40 años de servicio, que solo le pagaron a $27.607 por cada uno de los 163 niños que educó en el 2012. Además de que solo le cancelaron 6 de los 10 meses, la Oficina de Cobertura Educativa la dejó sin alumnos para el 2013 como represalia por haber salido a reclamar.

Ni las instituciones religiosas se han salvado de la corrupción que carcome a Buenaventura, un municipio que percibe altos recursos y que aún así mantiene uno de los niveles más bajos en cuanto a necesidades básicas insatisfechas, según la propia oficina de Planeación Distrital.

“Nosotros sabíamos que los colegios de la Curia los iban a dejar por fuera de la cobertura educativa cuando monseñor Héctor Epalza empezó a denunciar las irregularidades administrativas y como va a ocurrir en el 2014, que aún no se contrata, con quienes no jugaron con la candidatura al Congreso de Hernán Sinisterra”, dijo otro rector.

Al ser abordado sobre este tema, monseñor Héctor Epalza, se mostró visiblemente desconcertado con lo que viene ocurriendo en materia educativa pero dijo desconocer las razones por las cuales no se contrató a los colegios de la curia. “Lo que creo es que no puede existir ningún tipo de calidad educativa en los colegios de garaje en Buenaventura. Los recursos de la educación se quedan en redes de poder politiqueras, pero el decir es que aquí todo va muy bien y que aquí no pasa nada”, dijo monseñor Epalza.

La secretaria de Educación, Yenny Angulo, desestimó el tema del cálculo político y aseguró que no se contrató con el colegio Hogar de la Niña porque está ubicado en medio de dos colegios oficiales muy grandes que han alcanzado a cubrir la demanda educativa.

¿Y los alumnos de la Curia?

Otra de las modalidades que, según los denunciantes, se concibió para apoderarse de los recursos de la educación es el innovador trasteo virtual de matrículas, a través del cual alumnos de instituciones privadas aparecieron en el Sistema de Matrículas, Simat, como beneficiarios de la cobertura en colegios ubicados en los confines del río Naya.

Fue allá donde aparecieron alumnos del colegio Hogar de la Niña, de la Pastoral Social de Buenaventura, lo que generó el disgusto de monseñor Epalza, quien para 2013 canceló el bachillerato.

Para este propósito la Secretaría de Educación de Buenaventura no entregó a los colegios los códigos para que cada institución inscriba a sus alumnos en el Sistema de Matrículas del Estado, Simat. En su defecto, lo que hizo fue ordenarles a todos los colegios públicos y privados que les enviara la lista de alumnos para hacer la inscripción desde la Secretaría.

Lo que encontraron después horrorizados varios rectores de colegios privados es que inscribieron sus estudiantes como si fueran beneficiarios de cobertura en colegios de zonas rurales, aprovechando que cada entidad debe enviar a la Secretaría de Educación especificado mediante anexos cuáles son los alumnos beneficiados con cobertura y cuáles no.

También en el Naya encontraron alumnos de otros colegios como el Incoilpa, que supo que estudiantes suyos no figuraban matriculados en el colegio sino en otras instituciones rurales cuando les rechazaron el auxilio de Familias en Acción a algunos acudientes.

El presbítero John Reina, de la Pastoral Social de Buenaventura, aseguró que “el trasteo de estudiantes en el Simat de una institución privada a una pública es un tema que todo el mundo lo sabe en Buenaventura pero nadie denuncia”.

Carlos Julio Quintana, presidente de la Asociación de Colegios Privados de Buenaventura, recalcó que han intentado pedir audiencia con la Ministra de Educación para enterarla de lo que viene ocurriendo, “pero el problema es que aquí la educación no tiene la atención necesaria. Mejor dicho, con el Ministerio no pasa nada porque no nos escucha como institución ni como asociación de colegios y lo único que nos responden es que hable con el Alcalde, que es el que maneja el bolígrafo y punto”.

comparativo de instituciones favorecidas en la ampliación de la cobertura educativa en Buenaventura

El 'Grupo de los 100', la banda que desmanteló la educación en Buenaventura

Así fue bautizado el grupo de rectores que ayudó a financiar la candidatura de Bartolo Valencia y que en pago habría recibido la tajada más grande del programa de Ampliación de Cobertura Educativa en Buenaventura.

La educación ya estaba hipotecada

Denuncia. En casas como esta, donde la cocina y el patio han sido improvisadas como salones de clase para los estudiantes de bachillerato, es donde se les imparte educación a miles de niños del programa de Ampliación de Cobertura en Buenaventura.
Denuncia. En casas como esta, donde la cocina y el patio han sido improvisadas como salones de clase para los estudiantes de bachillerato, es donde se les imparte educación a miles de niños del programa de Ampliación de Cobertura en Buenaventura.
Foto: El País.

Cuatro meses antes de que resultara elegido como alcalde Bartolo Valencia, quien fue enviado a la cárcel este sábado por presunta corrupción con los dineros de la ampliación de cobertura educativa, la suerte de los niños que habitan en los sectores más pobres y deprimidos de Buenaventura ya estaba echada.

Mientras Bartolo denunciaba, como candidato, actos de corrupción de José Félix Ocoró con el dinero de la educación, junto a él nacía el hasta hoy desconocido ‘Grupo de los 100’, conformado por rectores de varios colegios, algunos de ellos ‘de garaje’, quienes aportaron económicamente a su campaña, a cambio de un trato preferencial en la distribución de cupos escolares.

Varios rectores, que corroboraron la existencia de este grupo, señalan a Noe Quiñones, hoy candidato al Concejo por el Partido Verde, de ser uno de los cerebros de esa perversa estrategia. Quiñones era el representante de la Fundación Comunitaria Despertar y aportó $5 millones a la campaña de Valencia, según el Consejo Nacional Electoral.

Un respaldo que le ha permitido a su fundación mantener año a año contratos que superan los $725 millones, pese a que Quiñones hoy esté distanciado del Mandatario porque al parecer le incumplieron parte de lo que le habrían prometido.

Según los documentos en esta casa opera la Fundación Paraíso de los Ángeles donde estudiarían 1400 niños.
Según los documentos en esta casa opera la Fundación Paraíso de los Ángeles donde estudiarían 1400 niños.
Foto: El País.

También como promotor señalan al licenciado José Ignacio Quiñones, representante legal del Centro Educativo Santa Elena quien también aportó $20 millones a esa campaña y ha recibido contratos de cobertura educativa por más de $2550 millones. El País logró comunicarse en la noche del viernes con Quiñones, pero cuando se le dijo que era para hablar del ‘Grupo de los 100’ cortó la llamada y apagó su teléfono celular.

La tercera persona en cuestión es Pedro Marino Barahona, quien también fue detenido por la Fiscalía dentro del proceso que se adelanta contra el alcalde Bartolo Valencia. Barahona es el titular del Instituto Etnoartesanal Afroamericano y figura ante el Fondo Nacional de Financiación Política como donante de $5 millones a la campaña del Alcalde.

En su caso, la oficina de Ampliación de Cobertura Educativa le ha otorgado en estos cuatro años igual número de contratos por cerca de $2100 millones, los cuales debió subcontratar con escuelas de garaje porque no tiene la capacidad para albergar los niños asignados.

La investigación publicada un año atrás por El País, y que sirvió de soporte a la Fiscalía para el proceso contra el Alcalde de Buenaventura, reveló que en la ciudad funcionan 258 colegios de garaje, improvisados en casas que no cumplen las condiciones mínimas para operar y aún así son subcontratadas por menos de la mitad del dinero que paga el Ministerio de Educación por alumno.

Miguel Ángel Bermúdez, rector del colegio Icoilpa y presidente de la Corporación de Colegios Privados, aseguró que el Banco de Oferentes del 2012 se armó exclusivamente para favorecer a los amigos del Alcalde y colegios que ocuparon los primeros puestos no fueron tenidos en cuenta, pero sí las escuelas de garaje que ni fueron evaluadas.

“Ahora han dejado como secretario encargado de Educación a Clemente Viáfara, que nadie lo nombra y es uno de los mayores responsables del desbarajuste en la educación en Buenaventura y que maneja Primera Infancia, Alumnos Vulnerables, Adultos Mayores y eso nadie lo investiga”, aseguró Bermúdez, quien ha recibido amenazas y responsabilizó al círculo de amigos del Alcalde de lo que pueda ocurrirle.

Perdían con cara y con sello

En esta vivienda funciona la sede de la Corporación Héroes del Saber, vinculada al proceso judicial.
En esta vivienda funciona la sede de la Corporación Héroes del Saber, vinculada al proceso judicial.
Foto: El País.

El programa de Ampliación de Cobertura Educativa en Buenaventura no es un activo ‘pignorado’ solo por el ‘Grupo de los 100’. Por más que el temor ha silenciado a algunos docentes, entre labios susurran que la Secretaría de Educación tiene un dueño: se trataría de Rodrigo Mina, más conocido como ‘Coco’, quien habría hecho préstamos a algunas campañas y operaría también el llamado ‘pagadiario’.

“Es una persona muy conocida aquí (en Buenaventura) y se jugó por Bartolo a cambio de la Secretaría de Educación y estoy seguro que lo único que puede hacer el Alcalde ahí, es firmar. Porque incluso ‘Coco’ le tiene a un supuesto asesor llamado William Angulo que no hace nada pero es el que lo mantiene informado de todo”, aseguró un exfuncionario de la Administración.

Las irregularidades en la Ampliación de Cobertura habrían empezado el mismo día de la posesión de Bartolo. Ese día nombró a Yasser Valencia, un técnico en pesca que también fue detenido por la Fiscalía, como jefe de Cobertura, pese a que no cumpliría con el perfil, según otro proceso disciplinario que adelanta la Procuraduría contra Bartolo.

En ese entonces, El País denunció que Yasser Valencia estaría detrás de nuevas modalidades de fraude con dineros de la educación como el ‘reciclaje’ de fundaciones sin colegios a las que les asignaron centenares de alumnos, el cobro de ‘vacuna’ a los rectores por estudiante asignado y la alteración del Sistema de Matrículas inscribiendo alumnos de colegios privados como beneficiarios de cobertura en colegios de la zona rural.

Reapareció Chipantiza

Adolfo Chipantiza, exfuncionario.
Adolfo Chipantiza, exfuncionario
Foto: El País.

Al polémico exsecretario de Gobierno de la administración de Saulo Quiñones, recordado porque Álvaro Uribe lo hizo detener en un consejo de gobierno por presuntos nexos con el narcotráfico, nadie lo buscó.

Desde la administración de Bartolo Valencia lo impusieron como abogado de varios colegios a los que les adeudan tres meses de pago de dineros de cobertura desde el gobierno de José Félix Ocoró.

Pero la sorpresa fue mayor cuando a comienzos de este año varios de esos rectores fueron citados al hotel Torre Mar y en una habitación empezaron a pagarles en efectivo menos de la mitad del dinero adeudado a cambio de firmar varios documentos en los que certificaban que habían recibido a satisfacción el pago total de la deuda que con ellos tenía el Municipio.

“Yo jamás habría contratado a ese tipo como abogado. Esa plata ya se perdió, pero me preocupa que pase lo mismo con los seis meses que todavía nos deben del 2013 y que en lo corrido de este 2015 el Ministerio de Educación ya ha girado el pago de los primeros seis meses y a nosotros como dueños de colegio solo nos han pagado tres”, dijo uno de los afectados.

Las mismas razones por las que hoy la Fiscalía investiga a Perla ONG, Mujeres Desafiando la Pobreza, Paraíso de los Ángeles, Fundación Etnoartesanal Afrocolombiana, Gimnasio Cooperativo del Pacífico y Héroes del Saber.

Solo en el caso de Paraíso de los Ángeles, ubicada en la Calle Tijeras, es claro que en esa casa de dos pisos no caben ni los 138 empleados que dijo tener la fundación cuando le adjudicaron el contrato, ni mucho menos los 1400 niños que la administración de Bartolo le asignó para educar.

La Corporación Héroes del Saber, ya no existe; fue remplazada, con el mismo NIT, por la Corporación Sociocultural Huellas de Sabiduría y pese a que figura como constituida el 16 de enero del 2015, un mes después la contrataron para educar a 200 niños por $180 millones.

“Mientras eso ocurre, los colegios públicos están a punto de cerrar porque los alumnos los meten es por ampliación de cobertura a los privados, que es donde está la plata. Como dijo alguien, la ampliación de cobertura es el cáncer de la educación pública y Bartolo y sus antecesores deben ser juzgados por delitos de lesa humanidad porque se robaron la plata para educar unos pobres niños que no tendrían más opción que la delincuencia”, indicó otro de los rectores.

Pero quienes esperan que pase la tormenta para la educación, que lleva 12 años derribando alcaldes, esperan que con Bartolo se ponga punto final y que en el Puerto no sigan nadando a la inversa: porque allá con corrupción se combate la educación; no al contrario.

CTI capturó al Alcalde de Buenaventura

Al funcionario se le imputan dos delitos por irregularidades en la cobertura educativa.

Feria con recursos de la educación

Alumnos ‘fantasmas’, niños ‘clonados’, escuelas de garaje, empresas fachada y constituidas recientemente. Estas son parte de las presuntas irregularidades que la Fiscalía encontró en la educación de Buenaventura y que llevaron a la detención del actual alcalde Bartolo Valencia, dos de sus funcionarios y cinco contratistas.Miembros del CTI de la Fiscalía, hicieron efectivas las órdenes de captura contra Valencia, quien se entregó en un hotel del Puerto. Los otros procesados, entre los que se encuentran el director de la Unidad de Saneamiento Básico Yasser Valencia Saab; un exasesor jurídico de la Secretaría de Educación y el exsecretario de Educación Carlos Riascos, fueron arrestados en diferentes puntos de la ciudad.

Bartolo Valencia, a la audiencia en Buga luego de ser acusado por presuntas irregularidades en la contratación de cupos escolares en la ciudad.
Bartolo Valencia, a la audiencia en Buga luego de ser acusado por presuntas irregularidades en la contratación de cupos escolares en la ciudad.
Cortesía de la Fiscalía General de la Nación.

Esta no es la primera vez que un alcalde de la ciudad está en líos judiciales. José Felix Ocoró, antecesor de Valencia, también es investigado por irregularidades en el programa de ampliación de la cobertura educativa.

Tras la captura, Valencia y las otras siete personas fueron conducidos a Buga, donde se realizarán hoy las audiencias preliminares para que un juez les resuelva la situación jurídica. La Fiscalía le imputará al Alcalde los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación.

Las irregularidades en el programa de cobertura educativa habían sido denunciadas por El País en el informe ‘Corrupción, el otro cáncer que cercó a Buenaventura’, publicado el 6 de abril del 2014, en el que se indicó que “ en el 2012 y 2013 se le adjudicaron millonarios contratos de educación a una veintena de fundaciones que estaban literalmente abandonadas en la Cámara y Comercio, a muchas de las cuales se les cambió el objeto social para integrarlas al Banco de Oferentes y quedarse con buena parte de los contratos, pese a que la mayoría de ellas ni cuenta con sede propia ni mucho menos colegios”.

Estas mismas presuntas irregularidades las encontraron los investigadores de la Fiscalía.

Así fue la investigación

Hace cuatro meses, un grupo de investigadores especiales de la Policía Judicial, coordinados por un fiscal, iniciaron la revisión de los contratos de la cobertura educativa.

De acuerdo con el vicefiscal, Jorge Perdomo, de los 97 contratos que se firmaron se encontraron irregularidades en la ejecución de seis de ellos por un valor de $3070 millones.

Según la Fiscalía, estos contratos habrían sido otorgados directamente y sin el cumplimiento de los requisitos exigidos. “Para en el 2012, la Alcaldía presentó un estudio donde decía que aproximadamente 48 mil alumnos no tenían cupo. El Ministerio de Educación Nacional, a través del sistema general de participaciones, autorizó 21.000 cupos. La ciudad contrató a 97 operadores bajo la modalidad de contratación directa para que prestaran el servicio de educación. Y allí aparecieron las denuncias. La Fiscalía hizo las primeras revisiones a seis contratos y halló que en ellos se decía que cada uno de los 3845 menores favorecidos en esos seis casos le costaba $ 1 millón al municipio”.

Sin embargo, los operadores hicieron subcontrataciones con 33 operadores para prestar el mismo servicio por la mitad del valor que ya había pagado el municipio. Es decir, mientras el municipio pagó $ 1 millón por cabeza, estos contratistas pagaron solo $500 mil.

Los seis operadores vinculados a la investigación son la Fundación Perla ONG, Fundación Etnoeducativa del Pacífico, Fundación Cooperativa del Pacífico, Corporación Mujeres del Pacífico Defendiendo la Pobreza, Corporación Héroes del Saber y Corporación Gimnasio Cooperativo del Pacífico.

El ente investigador agregó que algunos de los contratistas son empresas creadas pocos días antes de la firma de los convenios.

Asimismo, se indicó que los mismos menores fueron hallados en varias listas y en varios colegios. “Surgieron nombres de servicios prestados para menores de edad que nunca nacieron, o sea niños fantasma”, explicó Perdomo. Además, los contratos se suscribían a 8 meses, cuando la ley decía que debían hacerse por lo menos a diez meses.

Los líos de los alcaldes del Puerto

Saulo Quiñones (2004-2008)

El exalcalde fue detenido en el 2011, sindicado de los delitos de contratación indebida y prevaricato en hechos relacionados con construcciones escolares que no se llevaron a cabo especialmente en la zona rural.

La medida de aseguramiento contra Quiñones fue ratificada por el Tribunal Superior, que le otorgó la detención domiciliaria por problemas de salud.

También lo investigaron por presuntas irregularidades en la contratación de la cobertura educativa.


José Félix Ocoró Minotta (1995-1999)

• Fue investigado por supuestos actos irregulares, entre ellos peculado por apropiación, falsedad en documento público, y un supuesto pago de nómina paralela.

• Las autoridades lo capturaron por estos delitos y permaneció detenido por cuatro meses en un centro carcelario de Cali.

• Luego fue dejado en libertad al no encontrase méritos para que siguiera privado de la libertad.

• Al sucesor de Ocoró, el abogado liberal Freddy Salas Guaitotó, quien asumió en 1998, lo asesinaron en Cali en el 2001. Fue reemplazado por médico liberal Jaime Mosquera Borja, quien debió salir del país por amenazas.(2008-2012)

• Ocoró Minotta regresó a la Alcaldía de Buenaventura.

• Y el mes pasado el exmandatario fue condenado a 18 años y 9 meses por los delitos de peculado por apropiación agravado en concurso con interés indebido en la celebración de contratos durante su administración.

• Se trata de irregularidades en la venta de un lote.

• Asimismo, Ocoró es investigado por presuntas irregularidades en la cobertura educativa.

• Por ese mismo hecho la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 14 años.

• La Contraloría Municipal también lo responsabiliza de un presunto detrimento patrimonial por más de mil millones de pesos.

Tú me financias, yo te contrato

Los principales promotores de la campaña al Congreso de Hernán Sinisterra, ahijado político del alcalde Bartolo Valencia, fueron favorecidos con millonarios contratos de obra las cuales nunca se realizaron, ya estaban hechas o quedaron abandonadas.

En Buenaventura, los contratistas no cumplen con las obras pero sí a los políticos

Barrio 12 de Abril. Esta es la promesa incumplida de los últimos gobiernos. En el 2013 se contrató nuevamente y ya está parada.
Barrio 12 de Abril. Esta es la promesa incumplida de los últimos gobiernos. En el 2013 se contrató nuevamente y ya está parada.
El País.

Si en Buenaventura se hubieran ejecutado a cabalidad todas las obras de pavimentación que han sido contratadas por los gobiernos en los últimos diez años, ya el asfalto habría cubierto dos veces todas las calles de la ciudad.

Sin embargo, el puerto más activo sobre el Pacífico colombiano es hoy un enorme museo de obras inconclusas, donde sus habitantes recitan de memoria aquellas que recibieron anticipos en la administración de Saulo Quiñones y nunca se hicieron, las que contrató el gobierno de José Félix Ocoró y quedaron abandonadas o las que ha adjudicado el alcalde Bartolo Valencia, que escasamente recibieron los recursos para el inicio y ya acumulan grandes retrasos.

Tan arraigadas están algunas irregularidades en la administración pública en Buenaventura, que se ha hecho ya un lugar común que calles como la 83 del barrio Rafael Uribe se hayan contratado cinco veces, que algunos presidentes de Juntas de Acción Comunal tengan una especie de Pymes dedicadas a darles el visto bueno a obras inconclusas o que la pavimentación se contrate por cuadras para eludir una licitación pública.

Así lo evidenció El País durante un recorrido por varias de las obras de pavimentación en barrios como San Buenaventura, Cascajal y Rockefeller, donde no se ejecutó una gran obra sino que hay tres y cuatro contratos para asfaltar calles con una cuadra de por medio.

El resultado de la visita a 45 de las 99 obras que se adjudicaron en el último año es diciente: 22 de ellas no se han iniciado, 5 están inconclusas, hay 2 en ejecución, en 5 casos la dirección no concuerda con el documento, solo 8 están terminadas y hay 3 casos en los que la comunidad asegura que esas calles se pavimentaron en gobiernos anteriores.

No obstante, el secretario de Infraestructura Vial de Buenaventura, Julio César Díaz, indicó que en la mayoría de las obras “hay embalastramientos y mejoramiento de vías; lo que no están terminado son los pavimentos, o les falta los andenes u otras cosas, pero no han podido terminar porque la Administración no les ha pagado actas parciales”.

Uno de los ingenieros inscritos en el Banco de Oferentes relató que el verdadero problema es que se convocaron obras que fueron adjudicadas con un cálculo más político que financiero y que “el resultado es que hubo votos, pero que seguramente no habrá obras”.

Y parece no estar tan lejos de la realidad. El jefe de la Oficina Financiera del Distrito de Buenaventura, Édinson Mosquera, quien se abstuvo de referirse al presunto nexo entre contratación y campaña política, “porque es el Secretario de Infraestructura quien debe referirse a los contratos”, aseguró que el flujo de pagos obedece al flujo de caja y en la medida que tengamos recursos y las obras tengan sus soportes se van a atender los pagos y por eso ya se vienen reactivando los anticipos y las actas parciales”.

“Teniendo en cuenta ese flujo lento de recursos, el señor Alcalde tomó la decisión de hacer austeridad y racionalización en el gasto y se está pensando, incluso, en aplazar inversiones para atender de manera eficiente los compromisos de la Administración Distrital y atender compromisos de las vigencias anteriores”, dijo el Jefe Financiero.

“Se lo dije; lo que hicieron en noviembre fue una adjudicación amañada para darles contentillo a los contratistas y amarrar el respaldo a la candidatura de Hernán Sinisterra y del senador Édison Delgado; eso ha pasado en todos los gobiernos anteriores en Buenaventura, que acomodan a sus intereses los recursos de obras, salud y educación, y en este gobierno no fue la excepción”, dijo el contratista, al señalar que la decepción en Buenaventura es total con el alcalde Bartolo Valencia “porque la realidad es que la gente no votó por él, sino que votó en contra del exsenador Martínez y hoy ya no sabemos con cuál nos va peor”.

A juzgar por los resultados de la investigación que realizó El País, el único proyecto que se logró llevar a feliz término en la vigencia del 2013 fue el que tenía por objeto sacar elegido a Hernán Sinisterra como representante a la Cámara por el Valle del Cauca.

Ley de Garantías

Para tener en cuenta

Respuesta de Ortec

El ingeniero Fredy Jesús Mosquera, el representante legal de la Unión Temporal Ortec, que prestó la mayor parte del dinero para la campaña de Sinisterra, aseguró que los contratos que ha recibido no tienen relación alguna con ese dinero.

”Yo le hice el préstamo a Hernán con el aval de los representantes de la unión temporal y lo hice porque somos amigos desde hace quince años y porque uno quiere que nuestra gente esté representada en otras partes para que le ayuden al pueblo y no todo el tiempo tiene que estar uno pensando que todo se hace por favores políticos”.

obre los pagarés con el mismo número, aseguró que: “no sé, la verdad, de qué es lo que me está hablando”. “Los pagarés se hicieron por unos préstamos y en el momento en que la Comisión Electoral le devuelva a ellos los dineros que invirtieron en sus campañas, simplemente ellos me devuelven el dinero que les presté. Ese es el único compromiso que tenemos”.

Mosquera dijo que no tiene qué ocultar, pero que no dirá quiénes integran la unión temporal porque eso es asunto solo de su oficina privada y que él puede ser el representante de 2, de 3 o de 20 uniones temporales.

En todo el 2013 la administración de Bartolo Valencia no llegó a adjudicar tantas obras y por valores tan altos como las que sometió a ‘concurso’, varios con un solo oferente, justo cuando entró en vigencia la Ley de Garantías, que prohibe la contratación directa.

Entre el 9 de noviembre, cuando entró en vigencia la norma por el inicio de la campaña para el Congreso de la República, hasta la fecha, la Alcaldía de Buenaventura adjudicó 49 contratos de obra a través de la Secretaría de Infraestructura Vial por un valor superior a los $25.480 millones.

Un dato que por sí solo no tendría un gran significado, si no es porque entre los principales beneficiados se encuentra el ingeniero civil Freddy Jesús Mosquera Obando, representante legal de la Unión Temporal Ortec, que según datos del Consejo Nacional Electoral fue la principal fuente de recursos de la campaña a la Cámara de Hernán Sinisterra, ahijado político del alcalde Bartolo Valencia.

Registrados en el Fondo Nacional de Financiación Política aparecen tres consignaciones a la campaña de Sinisterra, a manera de crédito, por valores de $25 millones, $45 millones y $130 millones, para un total de $200 millones.

Llama la atención, de otro lado, que la Unión Temporal Ortec, dedicada a la contratación de obras de ingeniería en Buenaventura fue inscrita en los registros del Consejo Nacional Electoral como “comerciante y prestamista” y señala que los dos ‘préstamos’ menores a la campaña de Sinisterra (por $25 millones y por $45 millones) se soportan en dos pagarés que curiosamente poseen el mismo número: 78865169.

A través de la Unión Temporal Ortec, Mosquera Obando recibió el 9 de agosto del 2013 el contrato SIV-SA-13-007 por $235 millones y una semana después le fue adjudicado otro por $383 millones, pero esta vez obrando como representante legal de una nueva Unión Temporal: la Antonio Nariño.

Casualmente, y a un mes de las polémicas elecciones en las que resultó electo Sinisterra como representante a la Cámara por el Valle, el ingeniero y prestamista fue el ganador de tres licitaciones (SIVLP-1311, SIVLP-1312 y SIVLP-1313) que se hicieron el pasado 11 de febrero por $1756 millones y en las que ahora Mosquera Obando representaba a la Unión Temporal Hogar Grupal.

Al respecto, el titular de la oficina de Infraestructura distrital omitió una vez más hablar del tema político e indicó sobre las uniones temporales que “es difícil yo decirle a una persona que cumple con las normas para hacer unión temporal y presentarse a un concurso, que no puede participar porque tiene muchos contratos. Lo otro es que en Buenaventura hay pocas firmas constructoras y en los casos donde no se puede contratar personalmente, se crean estas uniones para sumar experiencias y poder dar cumplimiento a las normas”.

Otro de los grandes favorecidos con la contratación es el ingeniero Germán Emilio Perea Moreno, que si bien no está inscrito en la lista de financiadores de Sinisterra, sí ha ratificado a través de redes sociales su enorme compromiso con la fórmula que apoyó el Alcalde en las elecciones al Congreso. (Ver ‘Lo que dicen los contratistas en Facebook’).

Perea Moreno no solo aparece en una de las caminatas de campaña por las calles de Buenaventura, sino que está en fotografías en las que asegura que esta es “otra de las tres lechonitas para los que votan: Senado L8: Édinson Delgado y Cámara 111: Hernán Sinisterra”.

Al ser interrogado, aseguró que se ha ganado las licitaciones por su calidad y su experiencia profesional y no porque tenga un respaldo político. “El único respaldo político que tengo es mi sabiduría porque sé cómo presentar mis propuestas y ofertar”.

“Yo sí asistí a una caminata de la campaña política de ellos en una ocasión y eso de las lechonas no tiene nada que ver porque simplemente me invitaron allá donde estaban haciendo las lechonas y los propusimos, eso fue todo”, dijo el ingeniero Perea Moreno, quien en los últimos meses ha recibido seis contratos por más de $2100 millones.

Incluso, ninguna de esas obras ha sido terminada en las condiciones que señalan los contratos. “Yo de esos contratos ya recibí los anticipos, pero estoy a la espera que me asignen la interventoría para iniciar las obras”, dijo.

Más contundentes son las fotografías que publicó en su perfil de Facebook el ingeniero Jorge Eliécer Hurtado, representante legal de la Fundación Ecológica Rural y Urbana de Buenaventura, que en el 2013 obtuvo cuatro contratos por $1518 millones y asegura simplemente: “Estamos haciendo dinero”.

Uno de los excontralores distritales aseguró sobre esta imagen en particular que: “Claro que están haciendo dinero porque en Buenaventura hay un carrusel de ingenieros contratistas que se van rotando y uno construye, otro le subcontrata algunas obras y el otro hace de interventor y luego se rotan. Entonces todos se tapan con la misma cobija, mientras el Gobierno mantiene la ciudad militarizada porque cree que el único mal es la violencia, pero nadie menciona que el detonante es la corrupción”.

“No van ni los interventores”

Prebendas, ligas y mordidas son algunos de los términos que han hecho carrera en el sistema de contratación de obra en Buenaventura. Tanto, que los conocedores del tema aseguran que cerca del 50 % del valor de cada obra va quedando a cuenta gotas en todos los peajes que se deben pagar para que no haya ‘inconvenientes’ en el trascurso y la entrega de la obra, si es que la misma llegara a entregarse.

345

mil millones de pesos es el presupuesto que le aprobó el Concejo Distrital al alcalde de Buenaventura para el 2013.

Información entregada por uno de los subcontratistas y ratificada por uno de los mandos medios en la Administración Distrital, señala que es cierto que están demorados los pagos porque no hay un buen flujo de caja, “pero también es cierto que el contratista negocia con uno y quiere que uno haga la obra por la mitad de la plata; es por eso que hay obras iniciadas hace cinco y seis años porque nadie va a sacar de su propio bolsillo para completar las obras”.

Con el acostumbrado temor que tienen los dirigentes y líderes políticos de Buenaventura a denunciar el desgreño administrativo, el titular de una de las doce comunas que conforman el distrito aseguró, también bajo reserva de su nombre, que el problema es que el dinero del anticipo se destina a todo, menos a la obra y luego la dejan abandonada.

“En Buenaventura se volvió costumbre que los contratistas les dan uno o dos millones de pesos a algunos de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal para que les firmen el visto bueno del recibo de las obras y con eso van y cobran las actas parciales”, aseguró el líder comunero.

Entre tanto, uno de los funcionarios de la Administración alertó lo que podría ocurrir con varios contratos que firmó la Secretaría de Infraestructura de Buenaventura para la construcción de pozos sépticos en las zonas más recónditas, ubicadas a horas, e incluso días de la cabecera municipal.

“Son seis contratos por $2080 millones para construir 300 pozos sépticos en los ríos Naya y Cajambre, donde jamás llegan las interventorías ni las auditorías por lo complicado de ir a revisar las obras”, dijo el funcionario.

El exfuncionario de la Contraloría indicó que el organismo de control no tiene recursos para ir a esos lugares en los que se pueden tardar hasta dos y tres días. “Nosotros solo una vez fuimos, pero en una lancha de la Armada”.

A Buenaventura le prometieron agua un Día de los Inocentes

Más de $160.000 millones ha destinado el Gobierno Nacional y organismos internacionales para llevarle agua a sus habitantes y hoy solo recibe el vital líquido cuatro horas al día. Antes de firmarse los millonarios contratos recibían agua durante seis horas.

La corrupción y el desgreño tienen ‘seco’ a Buenaventura

A todo tipo de figuras legales han debido recurrir los bonavereses para que las obras se terminen o por lo menos tapen los huecos que dejan los contratos inconclusos.
A todo tipo de figuras legales han debido recurrir los bonavereses para que las obras se terminen o por lo menos tapen los huecos que dejan los contratos inconclusos.
Henry Ramírez | El País.

La promesa que les hicieron a los bonaverenses hace exactamente doce años y tres meses, de que a través de una nueva empresa se les suministraría agua potable, las 24 horas del día, terminó siendo una gran inocentada.

Justo un 28 de diciembre del 2001 fue inscrita ante la Cámara de Comercio de Medellín la empresa Hidropacífico S.A ESP (con el número 330 del Libro IX), y un día después estaba en Buenaventura firmando el contrato de operación, diseño e interventoría del servicio de acueducto y alcantarillado por 20 años, según las actas conocidas por El País.

En adelante, una mezcla de corrupción administrativa, abandono estatal, voracidad de los grandes empresarios y el silencio de los organismos de control, han convertido en una interminable pesadilla el sueño de tener agua potable que poseen los habitantes del principal puerto colombiano sobre el Pacífico.

No son menos de $160.000 millones los que han llegado al Puerto en la última década desde el Gobierno Central, de Fondos Nórdicos, del Plan Pacífico, del Plan Carrasquilla y del Fondo Nacional de Regalías pero Buenaventura sigue siendo el único puerto comercial importante del mundo donde el agua solo llega cuatro horas por día.

Un compendio de hallazgos de varias investigaciones y auditorías dan cuenta de que esos dineros solo han contribuido a formar una generación de nuevos ricos en el Puerto, mientras la ciudad sigue sin planta de tratamiento de agua potable, abasteciéndose con un sistema diseñado hace 80 años, con un reguero de obras inconclusas, canceladas casi en su totalidad, y con costosos equipos inutilizados que en su mayoría ya han sido desmantelados.

Fueron estas las razones por las cuales el presidente Juan Manuel Santos anunció recientemente en Buenaventura la intervención de Hidropacífico en razón a que “la plata del agua y alcantarillado se la han robado muchísimas veces y en varios gobiernos; a eso le vamos a poner coto”.

Pero detrás de los escasos resultados del contrato, hay una historia plagada de supuestos, de intereses y de esguinces a las leyes que auguraban desde un comienzo el fracaso de un ‘modelo especial’ para Buenaventura que no fue modelo y que no tuvo nada de especial.

Todo se gestó en aguas turbias

Para que Buenaventura pudiera beneficiarse del documento Conpes 2861 de 1996, que autorizaba al Estado a contratar créditos por US$17 millones para financiar el plan de alcantarillado y saneamiento de la ciudad, debía crear una empresa que administrara el sistema.

En el propósito de dar cumplimiento a ese requisito surge el primer absurdo. Se crea la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura, Saab, con dinero de la Alcaldía y con cuatro amigos que pusieron mil pesos cada uno para hacer parte del negocio, según la escritura 902, del 30 de julio del 2001.

Entre esos socios beneficiados estaba Jorge Eliécer Hurtado, uno de los grandes contratistas de la actual administración y que en un informe del pasado 13 de abril aparecía en fotos en su cuenta de Facebook con fajos de billetes y con mensajes como: “estamos haciendo dinero”.

Ante la evidente falta de experiencia, se autorizó a la Saab para contratar un operador externo y como por arte de magia apareció la cuestionada sociedad Hidropacífico, conformada por la empresa antioqueña Conhydra y la firma bogotana Hidroservicios que, dicho sea de paso, era la primera vez que hacían un negocio juntos en el país.

De acuerdo con un exfuncionario del Ministerio de Desarrollo Económico, el organismo que a través de la subdirección de Agua Potable y Saneamiento se encargó de todo lo referente con la licitación, las condiciones y los pliegos, “no existió una licitación como tal porque todo se direccionó desde Bogotá para que la ganadora fuera Hidropacífico”.

Eso explica, según la fuente, por qué la firma se creó días antes del contrato cuando demandaba tres años mínimos de experiencia; por qué se pasó por alto que Hidropacífico no mostrara solvencia económica; porqué la negativa de la directora de Agua Potable, Carminia Moreno, a aplazar el concurso; por qué la empresa encajó perfecto en el pliego de condiciones y por qué el Ministerio aceptó un contrato en el que todos salían perdiendo, excepto Hidropacífico S.A.

En diálogo con El País, Eduardo Pizano de Narváez, quien para la época se desempeñaba como ministro de Desarrollo, negó que el contrato haya sido direccionado, dijo no conocer siquiera los representantes de esa empresa y aseguró que la persona que estaba a cargo del proceso era Carminia Moreno. “Pero hasta donde yo sé hubo un proceso transparente de adjudicación”.

“Muchos de los acueductos del país se entregaron a empresas privadas porque las empresas públicas de agua estaban llenas de politiquería y acababan era metiendo al sobrino del tipo que les ayudaba a conseguir los votos en un barrio y fue así como esas empresas las quebraron todas. Acuavalle se sacó de Buenaventura porque no había ninguna posibilidad de que pudiera prestar el servicio”, aseguró el exministro Pizano.

Pero lo cierto es que las condiciones en las que adjudicaron a Hidropacífico el contrato parecen favorecer los intereses del contratista: le entregaron la planta física para que empezara a operarla con un canon mínimo de arrendamiento; le encargaron el recaudo para que lo distribuya a su antojo; la eximieron de tener que invertir en obras para el mejoramiento del servicio; quedó establecido que de cada contrato se queda con 4% del costo total de la obra por el diseño y el 8% más por la interventoría y de ñapa, sin haber producido el primer litro de agua, le entregaron como suya una cartera por más de $8.000 millones que le adeudaban los usuarios a Acuavalle.

La Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura, a su turno, tenía como objeto jalonar recursos, administrar y contratar las obras necesarias para el buen funcionamiento del sistema de acueducto de la ciudad. Pero más temprano que tarde terminó convertida en la caja menor de los mandatarios de turno y hoy está al borde de la liquidación y en una grave crisis.

Gustavo Adolfo Duque, gerente de Hidropacífico S.A., defendió la actuación de su empresa e indicó que si no ha mejorado la prestación del servicio es porque el Municipio no ha hecho la inversión suficiente en obras que permitan ese avance.

“El corazón del contrato es la inversión, pero si el Municipio no hace esa inversión, es muy difícil. Apenas en el 2011 se empezaron a hacer unos proyectos importantes que hoy en día están en ejecución y se espera que este año con esas obras y la ayuda del Gobierno Nacional se puedan atacar los diferentes componentes del sistema”, dijo Duque.

En cada recibo que pagan los bonaverenses por servicio de acueducto se cancela una Cuota Media de Inversión, CMI, que debe ir a mantenimiento de redes y ampliación de las mismas. Pero resulta que Hidropacífico tampoco ha entregado esta cuota a la Saab para el objeto del pago.

Sobre el particular el Gerente de la empresa reconoció que no han hecho esa transferencia, que en estos años habría llegado a los $54.000 millones, porque la están utilizando para terminar de cubrir los costos de operación.“Hasta que el Municipio cumpla con las inversiones que debieron hacer, en acuerdo con ellos, correremos la entrega de la CMI. Al menos hasta que mejore la facturación, que todo los días baja, y esos dineros se van en costos de operación”.

No obstante, dio a entender que liquidar el contrato de común acuerdo, como lo piden diversos sectores, no es una opción para Hidropacífico.

El desagüe de recursos

David Luna, alto consejero presidencial para las Regiones, en entrevista con El País, aseguró que la corrupción se ha apoderado de los dineros para el acueducto de Buenaventura.

Solo por el Plan Carrasquilla la ciudad recibió entre el 2002 y el 2010 recursos por $60.910 millones que se adjudicaron en tres paquetes de obras, de las cuales solo se tiene un estimativo de los recursos que se habrían perdido en cada una de ellas, según un informe de la Dirección Nacional de Investigaciones de la Procuraduría General.

Ese informe señala contratos como el 028, realizado con Luis Enrique Rentería, a quien que se entregó el 98,7% del valor y su ejecución era apenas del 33%, o el contrato 043 realizado con Álvaro Freddy Forero, que pese a recibir más del 99% del valor total para la estación de bombeo del barrio Pueblo Nuevo, las obras apenas llegaban al 10% de ejecución.

Irregularidades que se repiten en casi todos los contratos que entregó el gobierno de José Félix Ocoró y que debió ejecutar el gobierno del alcalde Bartolo Valencia, y en los que figuran varios contratistas cercanos a su gobierno, como William Hurtado y Ferney Aragón.

El gerente de la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura, James Casquete, aseguró que no son ciertas las conclusiones del informe que ordenó la Procuraduría y agregó que ya esos trabajos está casi concluidos, excepto aquellos que tenían una póliza de cumplimiento con la empresa aseguradora Cóndor, que para nuevo infortunio de los bonaverenses entró en proceso de liquidación.

ntre tanto, la comunidad espera que el anuncio de intervención que hizo el Gobierno se cristalice y que no sigan pagando inocentadas como la que le hicieron al abogado Jorge Castañeda, a quien la Saab ordenó hacer una auditoría al contrato con la empresa Hidropacífico a mediados del 2012 y por pedir que se liquide el convenio, fue a él a quien le decretaron la insubsistencia.

Socio y fundador de la SAAB

Jorge Eliécer Hurtado, uno de los mayores contratistas en la administración de Bartolo Valencia, de quien en un informe anterior de este diario se publicaron unas fotos de su cuenta de Facebook en las que aparece haciendo alarde con fajos de dinero, resultó ser socio de la Administración en la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura, Saab.

A juzgar por las declaraciones del exministro Eduardo Pizano, el modelo que se implementó en Buenaventura tampoco impidió que la politiquería se apropiara de la empresa y hoy de la Saab solo queda el cascaron, según los informes recientes.

Ya sus cuentas están embargadas y recientemente ha debido recurrir a préstamos del mismo Hidropacífico para pagar su nómina.

La Contraloría de Buenaventura emitió el pasado 17 de marzo un aviso de advertencia al alcalde Bartolo Valencia en el que le dicen que la Saab no tiene cómo seguir funcionando, que acumula tres años consecutivos de pérdidas y que de acuerdo con la ley, se debe liquidar la empresa. El Gerente de la Saab reconoció que hoy es inviable y arrastra una crisis.

Para tener en cuenta

Más sobre el contrato

El gerente de Hidropacifico, Gustavo Adolfo Duque, aseguro que el contrato no ha llenado las expectativas y el recaudo solo alcanza para la operación y el mantenimiento del sistema.

James Casquete, el gerente de la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura, indicó que el contrato terminó otorgándole más facultades a Hidropacífico que a la Saab.

El senador Carlos Baena aseguró esta semana en el Congreso que el contrato de Hidropacífico debe liquidarse porque “es juez y parte” en los procesos de diseño y de interventoría.