Por un posible detrimento patrimonial de la Industria de Licores del Valle son investigados el gobernador del Valle, Héctor Fabio Useche, y el ex mandatario Juan Carlos Abadía.
Audiencia. El gobernador del Valle, Héctor Fabio Useche, hace parte de los implicados en el proceso que adelanta la Contraloría por posible detrimento patrimonial en la ILV.
Colprensa I El País
El juicio fiscal que adelanta la Contraloría General por el posible detrimento patrimonial por $107.231 millones en la Industria de Licores del Valle (ILV) y que tiene vinculados al actual gobernador del Valle, Héctor Fabio Useche , al ex mandatario Juan Carlos Abadía y otros ex funcionarios, podría tener este viernes un fallo definitivo, luego que finalice el proceso oral que se adelanta en el organismo de control.
La contralora Delegada Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, Luz Ángela Martínez, aseguró que luego de escuchar los alegatos de conclusión de los abogados que representan a los vinculados, se emitirá un fallo definitivo de la investigación que comenzó a principios del año pasado y que tiene en tela de juicio la firma de un contrato entre la Industria de Licores y la Unión Temporal Comercializadora Logística Integral S.A. para la comercialización y promoción de los productos de esta empresa.
Sin embargo, Martínez aclaró que en la eventualidad de que no se pueda emitir el fallo hoy, éste será dado a conocer el lunes.
En el juicio de responsabilidad fiscal fueron vinculados el exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, así como el delegado, exasesor del despacho del Gobernador, Juan Pablo Muñoz; el exsecretario de Hacienda del Valle, Ezequiel Lenis Ramírez; el exsecretario de Planeación, Luis Humberto Castrillón; los representantes personales del Gobernador Abadía (principales y suplentes), Raimundo Tello Benítez, Roberto Villamizar, Luis Telmo Rojas, Luis Alfredo García y el entonces secretario de Salud, Héctor Fabio Useche; y los ex gerentes de la Licorera, Doney Ospina Medina, hoy alcalde de Florida, y Ruth Sofía Triviño Lopera.
Asimismo, es investigada Paula Andrea Martínez, subgerente Comercial y de Mercadeo de la Licorera, que era la encargada de realizar la interventoría de contrato de distribución de licores.
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