Este viernes se conocerá el fallo que determina las responsabilidades en presunto detrimento patrimonial por $107.231 millones por la firma de un contrato entre la ILV y la Unión Temporal Comercializadora Logística Integral S.A.
El juicio de responsabilidad fiscal se inició el pasado 26 de enero en Bogotá. Al mismo también se vinculó a la Unión Temporal que distribuye los productos de la Industria de Licores del Valle, ILV.
Audiencia. El gobernador del Valle, Héctor Fabio Useche, hace parte de los implicados en el proceso que adelanta la Contraloría por posible detrimento patrimonial en la ILV.
Colprensa I El País
El fallo para determinar las responsabilidades en el presunto detrimento patrimonial por $107.231 millones por la firma de un contrato entre la Industria de Licores del Valle (ILV) y la Unión Temporal Comercializadora Logística Integral S.A. se conocería el viernes, según lo confirmó este martes la contralora Delegada, Luz Ángela Martínez, luego de finalizar la etapa probatoria del juicio fiscal oral que adelanta la Contraloría General.
Según la delegada Martínez, el viernes se escucharán los alegatos de conclusión por parte de los apoderados de los vinculados, quienes este martes concluyeron sus alegatos y solicitudes de pruebas para demostrar que no se presentaron irregularidades en el contrato en mención.
La Contralora confirmó que el expediente, que consta de 9.000 folios, ya ha sido analizado y el viernes escucharán a los apoderados para luego emitir un fallo, que de no darse este día será aplazado para el próximo lunes 13 de febrero.
En el juicio por el posible detrimento fueron vinculados el actual gobernador Héctor Fabio Useche , el ex gobernador Juan Carlos Abadía , así como el exdelegado, asesor del Despacho del Gobernador, Juan Pablo Muñoz; el exsecretario de Hacienda de la Gobernación, Ezequiel Lenis Ramírez; el exsecretario de Planeación, Luis Humberto Castrillón; los representantes personales de Abadía (principales y suplentes), Raimundo Tello Benítez, Roberto Villamizar, Luis Telmo Rojas y Luis Alfredo García y los ex gerentes de ILV, Doney Ospina, actual alcalde de Florida, y Ruth Sofía Triviño, y Paula Andrea Martínez, exsubgerente comercial y de mercadeo de la Licorera.
Este martes, en la audiencia, fueron escuchados como testigos Moisés Banguera, contador de la ILV y Pablo Acuña, de la Asociación Nacional de Veedurías, quienes defendieron la gerencia de Ospina y coincidieron que si no se hubiera adoptado el plan de comercialización la empresa se habría tenido que liquidar.
Acuña informó que la Asociación pidió a la Procuraduría investigar al exgobernador Francisco Lourido porque en su administración “hubo pérdidas de mercado de la Licorera”.
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