Noticias de Cali, Valle y Colombia - Miércoles 20 de Agosto de 2014

“Es un fallo ilegal, arbitrario y muy cuestionable”: Procurador

El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, dice que irá “hasta el final” para defender el fallo del Ministerio Público que destituyó al hoy ex gobernador Juan C. Abadía.

Por: Colprensa Jueves, Junio 17, 2010
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Visiblemente molesto por la decisión del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle que pidió suspender transitoriamente el fallo de destitución e inhabilidad por diez años para ocupar cargos públicos en contra del entonces gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía Campo, se encuentra el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado.

El Jefe del Ministerio no duda en que esta decisión “despierta muchas suspicacias” con relación, especialmente, a la convocatoria a elecciones del nuevo mandatario vallecaucano que tendría que hacerse a más tardar el 30 de junio entrante.

“No sé si se esté utilizando con propósitos políticos, pero jurídicamente es una decisión muy vulnerable, muy cuestionable, muy insustentable”, insiste Ordóñez.

El Procurador explicó que contra los actos sancionatorios no procede la Acción de Tutela sino la justicia contenciosa administrativa. Por ello reitera con vehemencia: “Echaremos mano de todos los instrumentos jurídicos de impugnación porque es un acto ilegal y arbitrario”.

¿Qué opina de este fallo de la Seccional de la Judicatura del Valle?

El argumento de un supuesto prejuicio irremediable no existe. Se argumenta que no existía Gobernador designado por el Señor Presidente de la República, cuando ya existía.

Más aún: esta decisión se presta para todas las suspicacias y se observa que se están instrumentalizando los institutos jurídicos para desarrollar determinadas agendas políticas. Eso es lo inadmisible y lo grave. Por eso estamos utilizando todos los instrumentos legales en defensa de la juridicidad.

¿Es sospechosa es esa decisión?

Por lo menos se presta para muchas suspicacias. Ahí hay otro dato curioso: esa tutela fue presentada el 29 de mayo y sólo hasta el 10 de junio se profiere la suspensión, precisamente para dilatar el procedimiento administrativo de designación de Gobernador y evitar que la decisión quede en firme antes del 30 de junio cuando se tendría que citar a las elecciones correspondientes.

¿O sea, lo que busca ese fallo es evitar las elecciones antes del 30 de junio?

Esas son las suspicacias que generan decisiones de esa naturaleza. Mientras estas decisiones estén en curso desde luego que no se puede convocar a elecciones. Hay que esperar qué otros desarrollos tengan las peticiones que hemos hecho al Consejo Seccional de la Judicatura.

¿Es decir, se trata de una decisión sin mayor fundamento jurídico?

Lo cierto es que ahí hay un hecho objetivo y es una decisión abiertamente injustificada. Es que hay un requisito sine qua non de toda decisión judicial: que sea razonada y que sea fundada, y la decisión de suspensión (de la destitución del ex gobernador Juan Carlos Abadía) careció de la más mínima fundamentación, del más mínimo razonamiento.

Independientemente de las razones que se pudieron haber tenido, los hechos objetivos, los hechos jurídicos, los hechos violatorios del ordenamiento jurídico sí son manifiestos.

La Judicatura del Valle dice que esta decisión fue jurídica, no política. ¿Usted qué opina?

Jurídicamente es una decisión muy vulnerable, muy cuestionable, muy insustentable. No sé si se esté utilizando con propósitos políticos, pero sí deja un manto de duda y se generan todas las suspicacias que usted pueda imaginarse.

¿La Procuraduría insiste en que en este caso la competencia era del Contencioso y no de la Judicatura?

Ningún juez diferente a los jueces de la jurisdicción contenciosa administrativa tiene competencia para ejercer control de legalidad sobre las decisiones sancionatorias. El ordenamiento jurídico ha señalado que es la jurisdicción contenciosa a la que corresponde ejercer el control de legalidad contra los actos sancionatorios, por eso no procede la tutela porque existen otros medios ordinarios.

¿Qué acciones inmediatas tomará su despacho para evitar el cumplimiento de esa medida cautelar de la acción de tutela?

Echaremos mano de todos los instrumentos jurídicos porque creo que ese es un acto ilegal y arbitrario, y por eso estoy utilizando los medios de impugnación.

Claro, esto tiene sus tiempos, pero la Procuraduría estará muy activa, vigilante, actuante porque esas son nuestras competencias: defender el ordenamiento jurídico, las decisiones judiciales y los actos administrativos.

¿Con esa decisión en qué queda la facultad de suspender a funcionarios públicos por participación en política?

Pues precisamente se abre la vía para que las decisiones sancionatorias sean afectadas en su estabilidad. Pero yo quiero resaltar e insistir que no es el Procurador sino el ordenamiento jurídico el que ha señalado de manera reiterada, antes y ahora, que contra las decisiones sancionatorias no procede la acción de tutela. Solo proceden las acciones ordinarias, las acciones contenciosas.

Eso es un abuso del derecho, un abuso de la institucionalidad. Por eso iré hasta el final y prohijaré que la Corte Constitucional, que es el organismo de cierre, reitere que hay una línea jurisprudencial clara y que el desconocimiento de ella genera un manto de duda que no lo puedo permitir. Este es un típico acto arbitrario.

¿La magistrada ponente de ese fallo incurrió en prevaricato por acción?

Esas son conductas sobre las que no puedo hacer juicio específico, pero el hecho objetivo es que se respetan las decisiones, pero esas decisiones deben ser controvertidas cuando contradicen al ordenamiento jurídico, porque si no estaríamos dando una patente de Corso para que actos arbitrarios tengan aparentes visos de legalidad.

¿La Procuraduría investigará disciplinariamente a los magistrados de esa sala?

De momento lo que tengo en prelación es realizar todas las versiones dentro de la acción de tutela, posteriormente evaluaré si se toma una decisión en ese sentido o no.

¿Este es otro de los abusos que estaría cometiendo la Judicatura?

Por ahora esta es una medida cautelar, no se ha tomado una medida definitiva.

Entonces, ¿qué es lo que ha debido hacer el Consejo Seccional de la Judicatura?

Pues proferir un auto de improcedencia, porque la tutela no procede contra actos administrativos sancionatorios, porque existen otros medios de defensa judicial.

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