Urbes y mafias

Los alcaldes de las grandes ciudades colombianas están desbordados, ya no saben qué decir y menos qué hacer, frente al aumento de la criminalidad y la violencia en sus ciudades. Eluden su responsabilidad con la seguridad ciudadana y remiten las soluciones al Gobierno central, incluso sugiriendo la opción de militarizar zonas de las ciudades. No perciben, en mi consideración, que el problema se relaciona con la fragmentación y desinstitucionalización del tejido social, así como con la privatización de los intereses públicos, producto de la importancia creciente de las mafias, de diverso origen, en la vida de las ciudades. Mafias que buscan el enriquecimiento, en ámbitos económicos y políticos, por medio de la coacción, la fuerza y la violencia, sin importar la vida ni la integridad de las personas. En el fondo, la conexión con el narcotráfico es cierta, aunque prosperan también otros escenarios de criminalidad, como el robo organizado, la coacción sobre el comercio, la vinculación con contrataciones y prestación de servicios públicos. Últimamente se ha presentado una oleada criminal, probablemente relacionada con la desmovilización fallida de distintos grupos armados. Todo esto prospera, entre otras razones, porque el crimen es negocio en medio de una sociedad con gran impunidad, en la que abundan también las acciones ilegales de funcionarios del Estado y de sus cuerpos de seguridad. En la ciudad, tienen ‘seguridad’ grupos muy reducidos de la población que la pagan a través de compañías privadas, en sus viviendas o negocios. También grupos de una elite de funcionarios que obtienen seguridad especial del Estado por su investidura. Pero el ciudadano común y corriente, ante todo el de los sectores populares, está altamente desprotegido y es presa del temor en su barrio y vivienda.

Esta situación urbana general tiene particularidades en cada ciudad. En Medellín, más de cien organizaciones pandilleras se distribuyen territorios de barrios y viven del delito, especialmente pero no únicamente de la droga, organizados jerárquicamente por capos de las oficinas de ‘Envigado’. En Cali, donde la violencia homicida ha sido, de años atrás, más acentuada, no se presentan organizaciones mafiosas tan claramente delimitadas y jerarquizadas como en Medellín, pero hay formas organizadas detrás de los robos, paseos millonarios y extorsiones, como sucede también en Bogotá. Impacta, el nivel de información, tecnología armada y preparación con que cuentan. Conocen su oficio delictivo, como ningún pobre por sí mismo podría hacerlo.

Se debe pensar en soluciones de corto, mediano y largo plazo que involucren medidas diversas ante un fenómeno de tal envergadura. En el fondo, se debe consolidar una gran política urbana contra la criminalidad y la violencia que sea compartida por la ciudadanía y liderada por el Alcalde. En el corto plazo, es fundamental el papel de la Policía. Tal vez se requiera más policías, pero, ante todo, es necesario repensar la forma como se ‘vigila’ la ciudad y se protege la ciudadanía. En la ciudad hay violencia y criminalidad, pero la urbe no es un campo de guerra, como supuso en el pasado el actual Alcalde, con su concepción de los ‘distritos de paz’. Hay que reforzar la vigilancia policial que, con unidades asentadas o móviles localizadas en espacios de riesgo, muestre sin ambigüedades el rostro institucional de quien vigila al ciudadano y con qué propósito lo hace, siempre en los marcos de la ley.