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Opinión

opinion |  editorial - Septiembre 08 de 2010 - 22:27
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La Ley de Tierras

Atendiendo las sentencias de la Corte Constitucional que obligan al Estado a reparar el drama ocasionado por el despojo que durante años cometieron los grupos de violencia en muchas zonas de Colombia, el Gobierno Nacional ha presentado ante el Congreso un proyecto de ley para restituir la tierra a los desposeídos. Será la ocasión para resolver una de las razones de más peso en el deterioro de la calidad de vida para millones de colombianos y en el desequilibrio social que muestra la Nación.

Como lo cita en su exposición de motivos, el proyecto responde a lo requerido por la Corte Constitucional en el auto 008 de 2009, con respecto a las víctimas de la violencia. Por eso, el Partido Liberal pretendió incluirlo en el proyecto de la Ley de Víctimas, posición que no aceptó el gobierno por los peligros que implica el no poder conseguir los recursos suficientes para cubrir ambos frentes. Pero el fondo es el mismo: los estragos causados por la violencia que se produce cuando el Estado no cumple su función primordial, hacer que la ley se acate y se respeten los derechos de la gente.

En ese orden de ideas, el proyecto no lleva implícitas una reforma agraria o un cambio en la legislación sobre la materia de aquellos que comprometen profundos aspectos filosóficos sobre la propiedad de los medios de producción. Ante todo, la iniciativa debe reconocerse como un esfuerzo del Gobierno para tratar de resolver el conflicto generado por el despojo que ha padecido el campo colombiano. Como lo reconoce la exposición de motivos, “cerca de 750.000 hogares campesinos fueron desplazados de sus territorios por la fuerza en las últimas dos décadas, de los cuales 460.000 abandonaron un poco más de tres millones de hectáreas”.

No hay pues un debate sobre la propiedad privada. Pero sí se abre una oportunidad para que la sociedad, representada por el Estado, repare el inmenso daño que ha causado la violencia en el tejido social de la Nación, agravado por la alianza nefasta entre los grupos que la producen con la política y el poder en municipios, departamentos e incluso a nivel nacional. De ahí que la propuesta incluya la creación de una jurisdicción especial para la restitución de tierras cubiertas por la presunción de despojo en “zonas afectadas por la violencia generalizada”. Y sea necesario también crear un registro de esas tierras como requisito para la restitución, que será administrado por una ‘Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras Despojadas’, dependiente del Ministerio de Agricultura.

Bajo esa perspectiva, es de esperar que el proyecto consiga el respaldo de los partidos que conforman la coalición de gobierno. Lo que no impide preguntar cuál será el límite en el tiempo para aplicar la ley, dado que la violencia lleva por lo menos 50 años. Y cómo hará el Gobierno para que los campesinos desposeídos que regresen a sus parcelas tengan los recursos económicos y técnicos necesarios para impedir su fracaso, además de las garantías absolutas de que el Estado estará siempre presente y evitará el vacío de autoridad que generó el desastre de violencia y desplazamiento que aún padece Colombia.

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